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En 2023, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la EFS de Brasil, emitió 137 decisiones que contenían deliberaciones para sus unidades jurisdiccionales. Estas decisiones generaron 1.110 ítems sujetos a monitoreo, incluyendo determinaciones y recomendaciones. El monitoreo de la implementación y del impacto de estas deliberaciones son procesos no menos importantes que las propias auditorías, que exigen un esfuerzo considerable en términos de recursos de la EFS.

La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Brasil, conocida como Tribunal de Contas da União (TCU), tiene encomendada la misión de ejercer la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial de las entidades federales para velar por la legalidad, la legitimidad y la economía. La Constitución Federal de 1988 faculta al TCU a exigir el cumplimiento de la ley estableciendo plazos para la adopción de las medidas correctoras necesarias en caso de detectar ilegalidades.

Desde 2020, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) viene articulando una política de itinerarios o “trayectorias” profesionales, con el objetivo de alcanzar una mayor profesionalización de sus auditores. La trayectoria profesional se define como la secuencia de puestos o papeles desempeñados a lo largo de la vida laboral de un auditor y comprende las cualificaciones, experiencias y competencias necesarias para ejercer las funciones de un determinado nivel de la profesión.

El documento INTOSAI-P 50 esboza doce principios para las actividades jurisdiccionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) provistas del correspondiente mandato, por el que poseen la facultad de juzgar sobre la responsabilidad de las personas responsables en virtud de la ley en caso de irregularidades o mala gestión.

En este artículo se presenta una metodología para evaluar la transparencia efectiva de la información publicada en los portales de los organismos públicos. Para ello, no solo se tiene en cuenta la mera disponibilidad de la información, sino también los requisitos de calidad de la misma, como su actualidad, exhaustividad, concisión, precisión, claridad, fiabilidad, accesibilidad y relevancia.

En 2022, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Contralor General de la Unión llevaron a cabo una auditoría de la política de desarrollo regional relativa al sector automovilístico (PADR) del gobierno brasileño. Esta política, instaurada a finales de la década de 1990, concedía créditos fiscales a los fabricantes de automóviles que asentaran fábricas en regiones menos desarrolladas de Brasil. 

Conscientes de la importancia de la credibilidad presupuestaria y de la demanda de más investigación y orientación práctica sobre este tema tan fundamental, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) han colaborado en los dos últimos años con la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DPIDG/UNDESA) y el International Budget Partnership (IBP) a efectos de elaborar un manual para auditores en el que se muestra cómo su labor puede contribuir a mejorar la credibilidad presupuestaria. El resultado de este ambicioso empeño ha quedado plasmado recientemente en la publicación “Strengthening Budget Credibility Through External Audits: A Handbook for Auditors” (lo que equivaldría en español a “fortalecer la credibilidad presupuestaria a través de auditorías externas: un manual para auditores”).

A lo largo del tiempo, se han dado muchas definiciones al término Inteligencia Artificial (IA), y la asociación del término con otros, como aprendizaje automático y aprendizaje profundo, ha dado lugar a dificultades para una mejor comprensión del tema.