¿Cuál es el papel de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en relación con los inmigrantes, refugiados y apátridas?
El presidente de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el ministro Bruno Dantas, en su carta abierta de enero de 2024, escribe sobre el papel de la INTOSAI a la hora de abordar cuestiones de migración, igualdad e inclusión.
La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967 y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1969 de la Organización para la Unidad Africana (OUA) definen al migrante como una persona que se desplaza dentro o fuera de su país de origen. Por su parte, inmigrante es la persona que llega de otro país y emigrante la que abandona su país de origen. El término refugiado se refiere a una persona que, debido a un temor fundado de persecución y a un riesgo de violencia o violación de los derechos humanos, se ve obligada a abandonar su país de origen para buscar protección internacional. En cuanto a los apátridas, no tienen nacionalidad y no se les considera nacionales de ningún país. Estas personas sufren la privación de derechos básicos y a menudo son perseguidas.
El flujo de inmigrantes, refugiados y, en menor medida, apátridas, es un fenómeno social y una realidad mundial. Este movimiento está determinado por diversos escenarios y cambios internacionales a lo largo de la historia. Puede producirse mediante desplazamiento forzoso o reubicación voluntaria.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), actualmente hay 114 millones de personas desplazadas, principalmente a causa de conflictos. Filippo Grandi, director del ACNUR, describió el fenómeno como “un síntoma tangible, pero a veces descuidado, del actual desorden extremo del mundo” en su presentación anual ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, celebrada en octubre de 2023.
Sin embargo, estas cifras no tienen en cuenta a todas las personas del grupo de inmigrantes, refugiados y apátridas. Aparte de los conflictos, otros factores, como las condiciones socioeconómicas y, más recientemente, los problemas medioambientales, impulsan a la gente a cruzar las fronteras de su país. Los fenómenos climáticos extremos, como huracanes, sequías e inundaciones, afectan directamente a la vida de las comunidades, obligándolas a menudo a emigrar en busca de circunstancias más seguras y sostenibles. El Informe sobre las Migraciones en el Mundo 2022, elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estima que en 2020 había 281 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, lo que equivale al 3,6% de la población mundial. Esta cifra ha aumentado en las últimas décadas y se prevé que siga creciendo en los próximos años. Para ilustrar la importancia de esta tendencia, el número total actual de emigrantes internacionales es tres veces superior al de los años setenta.
Aunque es fundamental reconocer que la migración puede aportar beneficios al país de destino, incluidas ventajas económicas, a menudo se percibe como una fuente de perjuicios y amenazas. Por ello, muchos países adoptan políticas migratorias restrictivas, que a menudo aumentan el riesgo de explotación y trata de seres humanos para las personas que necesitan y desean emigrar. También es importante tener en cuenta que un flujo migratorio intenso puede tener efectos adversos en la prestación de servicios públicos, como la educación y la sanidad, debido al aumento inesperado de la demanda.
Aunque un país pueda tener una legislación progresista e integradora en materia de políticas públicas, es importante subrayar que la mera concesión del permiso de entrada es insuficiente para garantizar los derechos humanos y la dignidad de quienes llegan al país de destino. Proporcionar un apoyo mínimo es esencial, y hay muchos retos que superar para crear un entorno acogedor que humanice y transforme realmente la realidad de estas personas.
La migración es una cuestión polifacética que afecta a los derechos humanos de migrantes, refugiados y apátridas, que suelen encontrarse en situaciones de gran vulnerabilidad. Según datos del ACNUR, aproximadamente el 75% de los refugiados del mundo viven en la pobreza (Refugees’ Access to Jobs and Financial Services, 2023). En este escenario, las Entidades Fiscalizadoras Superiores pueden desempeñar un papel importante en la mejora de las condiciones de vida de estas poblaciones.
Podemos realizar diversos tipos de trabajo, no sólo para evaluar el cumplimiento, sino también para identificar riesgos y oportunidades de mejora en los procesos y políticas relacionados con estos flujos migratorios. Esto garantiza la transparencia ante la sociedad y permite sugerir mejoras, si se considera necesario y oportuno.
La Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) apoya el programa Equal Futures Audit Changemakers de la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), en el que participan las entidades fiscalizadoras de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Egipto, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indonesia, Kosovo, Liberia, Maldivas, Mauritania, Nepal, Países Bajos, Palestina, Paraguay, Filipinas, Serbia, Corea del Sur, Tailandia, Túnez, Tuvalu, Uruguay y Vanuatu. El proyecto pretende transformar a un grupo de auditores en agentes eficaces del cambio. Se encargarán de elaborar una estrategia para sus respectivas instituciones fiscalizadoras y de llevar a cabo una auditoría sobre cuestiones de igualdad e inclusión. La migración es una de las causas relevantes de desigualdad abordadas en esta iniciativa.
La migración también se menciona en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU. Aparece tanto en diferentes objetivos como en otros específicos, como en el ODS 10 – Reducir las desigualdades dentro de los países y entre ellos, que tiene como una de sus metas “facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”.
El creciente fenómeno de la migración emerge como un reto crucial que requiere la atención de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, haciendo hincapié en la necesidad de estrategias globales y de cooperación para gestionar la afluencia de refugiados.
La INTOSAI reconoce la importancia de las políticas públicas relativas a las cuestiones migratorias en materia de igualdad e inclusión. Como Entidades Fiscalizadoras Superiores, no sólo tenemos la capacidad, sino también el deber de aportar valor a la sociedad en materia de flujos migratorios y de contribuir a la construcción de un mundo más próspero, justo e igualitario.
