Q3 2026

Cuando en las Entidades Fiscalizadoras Superiores sale a colación el tema de la Inteligencia Artificial (IA), se suele poner el foco en la tecnología. Los debates versan sobre modelos, infraestructura de datos, marcos de gobernanza y los potenciales de futuro. A menudo, el discurso en torno a la IA se envuelve en un cierto halo de misterio; sus aplicaciones prácticas tienden a confundirse con ideas más bien visionarias, como pueden ser los agentes autónomos o incluso la computación cuántica. Así, a muchos auditores la IA les puede llegar a parecer muy compleja –y, a veces, hasta intimidante–.

En un mundo de rápidos cambios y retos cada vez más complejos, los gobiernos se encuentran más que nunca con la necesidad de contar con datos y hallazgos concretos, de prestar un servicio público de alta calidad y de gestionar los recursos disponibles de forma eficiente, efectiva y responsable. En este nuevo entorno, la auditoría pública ya no se entiende únicamente como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de leyes y protocolos, sino también como instrumento para evaluar el rendimiento y medir la influencia real de las políticas y los programas gubernamentales en la vida de los ciudadanos.

Las auditorías medioambientales, especialmente en áreas marinas protegidas, plantean una serie de desafíos a la hora de obtener evidencia fiable, ya que las condiciones medioambientales suelen evolucionar de forma gradual y no quedar reflejadas por completo en los registros de seguimiento rutinarios. Estos retos pueden hacer necesario adoptar un enfoque que no quede reducido a los métodos de auditoría convencionales.