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La sociedad española ha experimentado grandes cambios en los últimos 20 años, en sintonía con otros países de la Unión Europea. La crisis financiera de 2008 impactó fuertemente en la ciudadanía española y tuvo como resultado importantes y rápidos cambios a todos los niveles: el político, el económico y el social.

Desde 2020, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) viene articulando una política de itinerarios o “trayectorias” profesionales, con el objetivo de alcanzar una mayor profesionalización de sus auditores. La trayectoria profesional se define como la secuencia de puestos o papeles desempeñados a lo largo de la vida laboral de un auditor y comprende las cualificaciones, experiencias y competencias necesarias para ejercer las funciones de un determinado nivel de la profesión.

La EFS de Portugal (Tribunal de Contas) es actualmente una institución que combina el modelo anglosajón con el jurisdiccional, propio de este tipo de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Esto quiere decir que, aunque el control constituya una de sus tareas principales, el Tribunal ostenta también, de forma complementaria, la facultad de juzgar sobre las responsabilidades financieras.

28 años después de su creación por la Constitución camerunesa de 1996 y 20 años después del inicio efectivo de sus actividades, la Chambre des Comptes del Tribunal Supremo de Camerún prosigue su transformación en una moderna Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) con el apoyo de sus pares y de sus socios técnicos y financieros.

En términos del artículo 183 de la Constitución de la República de Burundi, promulgada el 7 de junio de 2018, “se crea un Tribunal de Cuentas al que corresponde examinar, juzgar y certificar las cuentas de todos los servicios públicos. Esta Cour des comptes asiste al Parlamento en el control de la aplicación de la Ley de Finanzas”.

La Cour des comptes francesa, creada en 1807 bajo Napoleón, es una de las instituciones más antiguas de Francia. Adquirió su autoridad a través del control jurisdiccional de las cuentas de los contables públicos, su misión principal. Este tipo de control fue adoptado después por otros países francófonos, lusófonos e hispanohablantes. En Madagascar, la Cour des Comptes se enfrenta a retos complejos relacionados con el control jurisdiccional. El presente artículo pretende suscitar preguntas y reacciones ante esta situación, a fin de poner de relieve la importancia que reviste el difícil tema del control jurisdiccional de la Cour des comptes malgache, al tiempo que arroja luz sobre su razón de ser, a saber, promover la buena gestión de los fondos públicos.

El documento INTOSAI-P 50 esboza doce principios para las actividades jurisdiccionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) provistas del correspondiente mandato, por el que poseen la facultad de juzgar sobre la responsabilidad de las personas responsables en virtud de la ley en caso de irregularidades o mala gestión.

La Cour des comptes y las Cámaras Regionales y Territoriales de Cuentas (CRTC) francesas han experimentado un profundo cambio con la reforma del régimen de responsabilidades financieras de los gestores públicos, en vigor desde el 1 de enero de 2023. Hasta esa fecha, las funciones contenciosas de estas jurisdicciones financieras estaban articuladas en torno a dos regímenes de responsabilidad diferentes: el aplicable específicamente a los contables públicos (que llevan la caja y la contabilidad) y el aplicable con carácter general a los gestores públicos “ordenadores” (aquellos que deciden sobre los ingresos y gastos).

La búsqueda de un alto nivel de garantía ética ha estado, desde siempre, profundamente arraigada como parte del servicio que prestan a diario los organismos públicos. A escala global, la INTOSAI dispone de la ISSAI 130 sobre el Código de Ética, que subraya la importancia de implementar un sistema de control de ética dentro de la EFS. Este tipo de sistema no se limita solo a las exigencias éticas, sino que abarca también otros programas, como la identificación de riesgos, el análisis, la mitigación, el apoyo educativo, la evaluación de denuncias de conductas indebidas y la protección de los presuntos infractores. Las EFS de todo el mundo compiten por crear un clima de gestión satisfactorio y velar proactivamente por la moralidad exigible. En todo momento, la EFS de Indonesia está comprometida con hacer honor a estos valores. 

Tras varios años de resultados de auditoría cada vez más desfavorables y de falta de consecuencias para los responsables de gestionar las entidades gubernamentales por una mala gestión de los fondos públicos, la ciudadanía, los medios de comunicación y las estructuras de supervisión parlamentaria exigieron que se revisara el mandato y las atribuciones de la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Sudáfrica (Auditor-General of South Africa; AGSA) para ir más allá de la auditoría y la elaboración de informes, en un esfuerzo por reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. 

La Oficina Estatal de Auditoría de la República de Letonia (EFS de Letonia) es una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) independiente y colegiada, cuyo mandato está especificado en la Constitución de la República de Letonia. 

Las EFS dotadas de poderes jurisdiccionales son, a menudo, mal entendidas y el valor de sus características específicas no suele apreciarse en su justa medida. Una EFS dispone de potestad jurisdiccional cuando ha recibido el mandato legal de sancionar a una persona en virtud de una irregularidad o un daño relacionado con el uso de fondos públicos que sean de la competencia de la EFS e imputables a dicha persona, tras el correspondiente procedimiento contradictorio.

En su Asamblea General celebrada en Lisboa (Portugal) en septiembre de 2021, el Foro de EFS con Funciones Jurisdiccionales adoptó una guía con orientaciones destinadas a dar a conocer y a promover el ejercicio de las misiones jurisdiccionales y contenciosas por parte de las EFS investidas de esta competencia. Estas orientaciones proporcionan – e ilustran de forma muy concreta – el marco de referencia para dicho ejercicio en condiciones de independencia, objetividad o neutralidad, rigor jurídico, interés público y equidad, en consonancia con las normas internacionales más exigentes.

Los Principios Fundamentales de la INTOSAI figuran en la cúspide de los pronunciamientos profesionales de la INTOSAI, inmediatamente después de las Declaraciones de Lima y México, que representan la “Carta Magna” del control externo de las finanzas públicas y definen las condiciones para su funcionamiento independiente y eficaz. Hasta la fecha, en 2024, existen tres documentos al respecto: uno dedicado al valor y los beneficios que las EFS aportan a los ciudadanos (INTOSAI-P 12), otro a la transparencia y la rendición de cuentas (INTOSAI-P 20), y un tercero que establece los 12 principios que deben guiar la actuación de las EFS con atribuciones jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones.

En el mundo coexisten tres modelos de entidades fiscalizadoras superiores, con diversas variantes. Todos ellos cuentan con una dilatada historia, que a veces incluso se remonta a la Edad Media, si bien fueron renovados y desarrollados entre el siglo XVIII y principios del siglo siguiente, cuando se constituyeron los Estados modernos.

Indonesia es un estado archipelágico con más de diecisiete mil islas, tal y como se recoge en el Decreto nº 100.1.1-6117 de 2022 del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior, 2022). De estas islas, 13.466 son islas pequeñas y solo 146 están habitadas (Finaka, Agam y Putra, 2018). Embarcarse en un viaje de fiscalización por el diseminado archipiélago de Indonesia plantea a los auditores toda una serie de retos singulares, especialmente a la hora de adentrarse a examinar el panorama financiero de las pequeñas islas.

Desde que en 2017 la Oficina del Auditor General (OAG) de Fiyi estableciera un sistema de Aseguramiento de la Calidad (AC), no solo se benefició del hecho de poder garantizar el cumplimiento de las ISSAI en su labor de auditoría. La medida también le permitió implementar mejoras en sus metodologías de fiscalización y en el sistema de Control de Calidad (CC) a nivel de EFS.

En septiembre de 2017, la isla caribeña de San Martín (Sint Maarten) sufrió un desastre natural de dimensiones catastróficas al tocar tierra el huracán Irma. Tras su paso, las infraestructuras de la isla quedaron gravemente dañadas o incluso arrasadas. Salvo en el ámbito militar, las comunicaciones, como Internet y las redes de telefonía móvil, solo funcionaron de forma intermitente, por lo que el contacto con el exterior se redujo a momentos esporádicos. Rápidamente se procedió a la evacuación de turistas y otros visitantes de la isla, al tiempo que se coordinaba la llegada de ayuda humanitaria para proporcionar alojamiento, víveres y apoyo a los residentes afectados.

Papúa Nueva Guinea es, con diferencia, el mayor de los Estados insulares en desarrollo de la red PASAI. Sus infraestructuras adolecen de deficiencias, y el acceso a Internet y el suministro eléctrico son inestables en todo el país. Se están realizando esfuerzos para construir una red de autovías que interconectará este montañoso país, si bien, una vez terminada, su mantenimiento podría resultar problemático debido a los corrimientos de tierra, la climatología tropical y la actividad sísmica. 

En los Estados Federados de Micronesia, la Oficina del Auditor Público (OPA, por sus siglas en inglés) del Estado de Yap está enfrentándose a una serie de retos en materia de personal que, desafortunadamente, no son infrecuentes en la región de las Islas del Pacífico. 

Al ser uno de los archipiélagos más grandes del planeta, el territorio de Indonesia consiste en su mayor parte en masas de agua, con ciudades costeras diseminadas por 17.000 islas. Sin embargo, muchas de esas islas podrían desaparecer en los próximos años. Ya en 2005, la Agencia de Investigación y Recursos Humanos de Marina y Pesqueros de Indonesia (KKP) informó de que se habían hundido 24 islas del tamaño de un campo de fútbol. Además, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (BRIN) ha constatado que el hundimiento del litoral de la isla principal de Indonesia se está produciendo a un ritmo sin precedentes, que oscila entre los 2 cm/año y los alarmantes 11 cm/año en determinadas zonas, incluida su capital y epicentro económico, Yakarta. Según las previsiones de la BRIN, hasta 115 islas se habrán hundido para el año 2100, 92 de ellas a causa de la subida del nivel del mar. Con el grueso de sus infraestructuras situadas a lo largo de la costa, Indonesia soporta un mayor riesgo de sufrir pérdidas y daños. Por ello, mantenerse a flote se ha convertido en una de nuestras principales preocupaciones.