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Las actividades gubernamentales y la prestación de bienes y servicios públicos —como la sanidad, la educación, las infraestructuras, defensa y los programas de bienestar social — se financian a través de fondos públicos. Estos fondos suelen ser gestionados por entidades gubernamentales y están sujetos a regulaciones estrictas y a una supervisión rigurosa para asegurar su uso más apropiado. La buena gobernanza, específicamente en lo que respecta a los fondos públicos, comprende los principios y las prácticas que garantizan que los recursos se gestionen de forma adecuada, con la claridad necesaria y exclusivamente en aras del interés público. Por regla general, la buena gobernanza incluye los siguientes principios clave: 

La buena gobernanza pasa por una gestión eficiente y transparente de los fondos públicos. Debido a que la confianza pública está estrechamente ligada a la responsabilidad financiera, la auditoría financiera y los mecanismos de supervisión han cobrado cada vez mayor importancia. Estas auditorías y estos mecanismos tienen dos objetivos principales: detectar y prevenir la corrupción y la mala gestión, así como promover la transparencia y fortalecer las instituciones para que aporten beneficios tangibles a la ciudadanía.

En los últimos 20 a 25 años, la gestión estratégica ha ido ganando una amplia aceptación como método para modernizar las políticas públicas. El Plan Estratégico de la Cámara de Cuentas para el período 2021-2025, que formula las líneas de la estrategia de la entidad a largo plazo, refleja su visión, su misión, sus valores esenciales, sus resultados y productos, así como las actividades relevantes. Fue elaborado sobre la base de evaluaciones y recomendaciones de expertos internacionales, las prácticas en curso, el «Manual de gestión estratégica de las Entidades Fiscalizadoras Superiores» y los principios de la INTOSAI P-12 (El Valor y Beneficio de las EFS – marcando la diferencia en la vida de los ciudadanos). El Plan Estratégico ya constituyó la hoja de ruta para las operaciones de la Cámara de Cuentas de 2021 a 2025. Su objetivo: fortalecer las capacidades institucionales y potenciar el papel de la auditoría de alta calidad en la gestión y la supervisión de las finanzas públicas a través de una mayor colaboración con el Parlamento, el Gobierno y la sociedad.

La Junta de Auditoría de la República de Indonesia (BPK) es un órgano independiente por mandato constitucional, en sintonía con la Declaración de Lima de la INTOSAI (1977), donde se subraya la importancia de la independencia legal, organizativa y funcional en aras de la rendición de cuentas. Sin embargo, el dinámico entorno político e institucional actual de Indonesia plantea una serie de retos a este mandato. El relevo presidencial en 2024 abrió un nuevo ciclo de desarrollo en virtud de la Ley 25/2004, que exige a cada administración a elaborar un Plan Nacional de Desarrollo a Medio Plazo (RPJMN) alineado con el Plan de Desarrollo a Largo Plazo (RPJPN). Este proceso ha implicado una reestructuración ministerial, la creación de nuevos organismos y la puesta en marcha de iniciativas emblemáticas, como el programa de comidas nutritivas gratuitas, todo lo cual está reconfigurando también los acuerdos de gobernanza y las prioridades de auditoría.

Una supervisión financiera efectiva es fundamental para la buena gobernanza. La Entidad Fiscalizadora Superior de Albania (KLSH; EFS de Albania) desempeña un papel crucial en la salvaguarda de los recursos públicos, la promoción de la rendición de cuentas y el refuerzo de la confianza en las instituciones públicas. Este artículo comparte los principales hallazgos de las actividades de auditoría de la EFS de Albania en 2023, valora su impacto en la gobernanza del sector público e identifica las mejores prácticas susceptibles de aplicación en todas las EFS miembros de la INTOSAI.

En el contexto de las reformas políticas, económicas, sociales y administrativas actualmente en curso en Myanmar, crecen las expectativas de la población sobre un uso efectivo de los recursos de titularidad pública y la gestión racional de las finanzas públicas por parte del gobierno.

La contabilidad del sector público en el Reino de Arabia Saudita está experimentando una profunda transformación al migrar de un sistema contable basado en el principio de caja a otro basado en el principio de devengo. Este cambio constituye uno de los pilares estratégicos de la Visión Saudí 2030, que incluye proyectos de inversión a gran escala. Ante esta transformación, la auditoría financiera debe evolucionar para convertirse en una herramienta proactiva con capacidad de identificar posibles riesgos y reorientar los recursos públicos hacia las prioridades de los ciudadanos, en lugar de limitarse a ser un mero ejercicio reactivo para cerrar un ejercicio. Como respuesta a todos estos cambios, el Tribunal General de Cuentas de Arabia Saudita (TGC) ha ido asumiendo un papel cada vez más estratégico en el marco del fortalecimiento de la supervisión financiera y la rendición de cuentas pública. 

Este estudio presenta una aplicación práctica de la Ley de Benford a los datos de gastos de dos municipios griegos, Mesene y Trifylia, con el objetivo de evaluar la medida en que las transacciones financieras se ajustan a las distribuciones de dígitos esperadas según lo definido en dicha ley. La meta primordial, sin embargo, consistía en valorar la utilidad de la Ley de Benford como herramienta en los procesos de auditoría del sector público y determinar si puede servir para alertar sobre posibles irregularidades con vistas a iniciar procedimientos de investigación ulteriores.

Las entidades fiscalizadoras son garantes de la transparencia y la rendición de cuentas en muchas sociedades del mundo. Sin embargo, y durante demasiado tiempo, su labor ha permanecido eclipsada por un lenguaje denso, referencias jurídicas y una jerga técnica que, para el público en general, resulta prácticamente inaccesible. Pese a que los informes de auditoría contienen hallazgos que afectan a todos los ciudadanos -desde retrasos en el transporte público hasta carencias en los sistemas sanitarios-, la mayoría de la gente nunca los lee. En unos tiempos en los que se espera que la información sea inmediata, visual y resuene a nivel emocional, las entidades fiscalizadoras a escala internacional deben reimaginar la forma en la que presentan su trabajo.

Los gobiernos disponen de la posibilidad de crear, a escala global, diversas estructuras financieras con objeto de segregar fondos, reservarlos para objetivos específicos y gestionarlos en nombre de terceros. Estas estructuras pueden adoptar la forma de diferentes tipos de fideicomisos, fondos y cuentas para fines específicos. Aunque se trata de mecanismos de financiación alternativos que, bajo determinadas circunstancias, resultan ventajosos, también pueden albergar retos desde el punto de vista contable y de auditoría.

La revelación de los estados financieros se considera un aspecto importante para la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y, por tanto, para la lucha contra la corrupción. Las auditorías financieras que realizan las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) desempeñan un papel efectivo en la fiscalización de esta información revelada. En el presente artículo abordaremos la auditoría de la información a revelar en los informes por segmentos del sector público, presentando un estudio de caso sobre dicha información como elemento relevante a efectos de potenciar la transparencia y la rendición de cuentas.

Aunque la auditoría financiera de los gastos públicos es la piedra angular de la rendición de cuentas gubernamental, hay una dimensión crítica de las finanzas públicas que a menudo escapa a un escrutinio equivalente: las pérdidas de ingresos por gastos tributarios. En 2023-2024, la Entidad Fiscalizadora Superior de Brasil (EFS de Brasil) llevó a cabo una auditoría de los beneficios fiscales federales que reveló importantes debilidades de gobernanza y riesgos para la sostenibilidad fiscal.

El concepto de ‘independencia de la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS)’ se define como la capacidad de la EFS para llevar a cabo sus tareas de forma objetiva y efectiva y de estar protegida de las influencias exteriores. Dicha independencia, o el grado de independencia que resulte necesario a tal efecto, deberá establecerse en la Constitución, los aspectos concretos podrán ser regulados por medio de la legislación y habrá de garantizarse un mandato de auditoría independiente (Declaración de Lima de 1977). El concepto de ‘independencia organizativa’ designa la autonomía financiera y gerencial/administrativa (Declaración de México, 2007). Todo ello se alcanza mediante la implementación de los principios clave, el uso de diversas herramientas y la aplicación de salvaguardias que promuevan la rendición de cuentas y aseguren la transparencia.

Puesto que la independencia de las EFS es la piedra angular de su capacidad de salvaguardar los recursos públicos, promover la transparencia y potenciar la confianza en los gobiernos, existe un amplio consenso en la esfera internacional de la fiscalización en que, sin autonomía institucional, financiera y operativa, las conclusiones y recomendaciones de las auditorías corren el riesgo de ser influenciadas, infravaloradas o ignoradas, lo que socava la rendición de cuentas. Por ello, se ha afirmado sistemáticamente a través de marcos como las Declaraciones de Lima y México que las EFS independientes constituyen un pilar esencial de la gobernanza democrática. Ahora bien, la independencia no es un ‘estatus’ inalterable, en la medida en que requiere de protección y adaptación a unas realidades en constante evolución.

La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Mozambique sigue operando conforme a un modelo híbrido heredado de la época colonial, que se asemeja mucho al modelo jurisdiccional. El Tribunal Administrativo de Mozambique (TA) integra tres tribunales diferentes en una única organización, estructurada en, respectivamente, tres Secciones. La Primera Sección es la encargada de los procedimientos contencioso-administrativos y la Segunda Sección, de los litigios fiscales y aduaneros. La Tercera Sección desempeña las funciones de una EFS. Pese a un visible y continuado proceso de desarrollo institucional, el principal obstáculo para el progreso del TA siempre ha sido su estructura híbrida. Tal configuración dificulta la independencia organizativa, financiera y funcional de la institución, que es lo que, a su vez, conforma la base para el funcionamiento efectivo de una EFS, tal y como se reconoció en 1977 en la Declaración de Lima. En consecuencia, en Mozambique no existe una EFS plenamente funcional que cumpla las recomendaciones de las Naciones Unidas (NU), de la INTOSAI y de las mejores prácticas internacionales. 

La independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) es un elemento esencial para asegurar la efectividad de la función de auditoría. Garantiza que los resultados de auditoría sean objetivos, creíbles y libres de influencias externas. La independencia reafirma la confianza pública en el proceso de auditoría y fortalece los mecanismos de rendición de cuentas a nivel de gobierno. No obstante, cuando se auditan entidades gubernamentales sensibles, como los organismos de Seguridad Nacional, uno se puede encontrar con importantes retos para la independencia de las EFS.

La independencia no es un mero principio teórico de gobernanza de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), sino una condición sine qua non para la materialización de una rendición de cuentas públicas creíble. La independencia es también el eje en torno al cual gira la INTOSAI-P 10. Y la INTOSAI-P 10 es la que permite enfatizar a la Junta de Auditoría de la República de Indonesia que solo puede ser objetiva y eficaz si es independiente de la entidad auditada y si se encuentra protegida frente a influencias externas. La confianza pública representa el mayor activo de cualquier institución estatal. Esta confianza emana de una cualidad fundamental: la independencia, esto es, la libertad de trabajar de forma objetiva, honesta y libre de presiones por parte de terceros. Por ende, la independencia de la BPK es la piedra angular del reconocimiento y de la fiabilidad de sus resultados de auditoría, así como de su impacto real en la mejora de la gobernanza financiera del Estado. 

Constituida en 1990, la Cámara Territorial de Cuentas de la Polinesia Francesa tiene su sede en Papeete (Tahití) desde el año 2000, asumiendo, a partir de ahí, sus funciones jurisdiccionales y de control en su calidad de Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). Con una plantilla de actualmente 13 personas, incluidos 6 magistrados y magistradas, contribuye a la información de los ciudadanos y a la mejora de la gestión pública local.

La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Belice no es una institución plenamente independiente. Si bien su mandato legal le permite llevar a cabo las auditorías que estime oportunas, para la contratación de personal y la aprobación de su presupuesto depende de los respectivos ministerios competentes. Se me designó nueva Auditora General en marzo de 2025 y estuve dedicada los seis primeros meses de mi mandato a mantener reuniones con las diferentes partes interesadas a fin de iniciar el debate sobre las razones por las que debería reforzarse la independencia de la EFS de Belice. 

El tema de la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vuelve a estar en el candelero, hoy más que nunca, en el contexto de los complejos y entreverados cambios y crisis geopolíticas, económicas y medioambientales. En un momento de apremiante necesidad de instituciones de fiscalización independientes y efectivas -en particular, teniendo en cuenta el aumento constante del gasto público, la progresión de la deuda pública y, por otro lado, el escaso crecimiento de los ingresos del Estado-, resulta que estas instituciones se enfrentan a presiones que socavan su independencia y afectan negativamente a su capacidad de desempeñar las funciones encomendadas. Estas presiones adoptan diversas formas, como los recortes presupuestarios o la no provisión de recursos suficientes para realizar su trabajo de la forma debida, la injerencia en sus programas y resultados y, en algunos casos, incluso el despido de funcionarios o el retraso en su nombramiento