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El sector de la auditoría ha de hacer frente a toda una serie de retos a la hora de acompasarse con los cambios sin precedentes en las perspectivas e instrumentos de fiscalización, que se deben a las tecnologías actuales y a los avances tecnológicos, así como a la creciente utilización de las herramientas de inteligencia artificial. Las tecnologías de la información han dejado de ser un mero apoyo en pro de la calidad de la auditoría para convertirse en el principal catalizador de la redefinición de su concepción global, tal y como señala la INTOSAI en sus pronunciamientos profesionales, donde aboga, además, por el desarrollo de herramientas y métodos de auditoría capaces de adecuar la práctica profesional al entorno digital. Esto fue también lo que llevó a la Autoridad Estatal de Rendición de Cuentas (ASA), en su calidad de presidenta de la Organización, a reaccionar con rapidez ante esta realidad y presentar iniciativas pioneras en este sentido, como la Iniciativa Maat, incluida en el orden del día del 25.o INCOSAI de Sharm El-Sheikh, celebrado en octubre de 2025. Esta iniciativa esboza una visión contemporánea, que refleja la importancia de emplear la inteligencia artificial para seguir avanzando en la labor de auditoría, especialmente en lo que respecta a las auditorías de rendimiento, ya que éstas, al estar enfocadas en evaluar el desempeño de las entidades públicas y verificar la eficiencia del gasto público, contribuyen de forma directa a la buena gobernanza y a la protección de los recursos públicos.

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el sector público ha llegado a un punto en el que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) ya no pueden seguir tratándola como un tema ajeno o experimental. Las aplicaciones emergentes de la IA agéntica están empezando a transformar el trabajo de los profesionales que provén servicios basados en el conocimiento, lo que incluye a los auditores. El ritmo de los avances, impulsados tanto por su adopción comercial en el sector privado como por la rápida evolución de los estándares técnicos abiertos, está haciendo que estas tecnologías sean relevantes para la auditoría pública ahora mismo, y no en algún momento del futuro.

La cada vez mayor complejidad de la gobernanza digital ha transformado radicalmente el panorama de la auditoría. Hoy día, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tienen que lidiar con enormes volúmenes de registros financieros y con arquitecturas de programas en rápida evolución, que tensionan los métodos de auditoría convencionales. El examen basado en muestras y las metodologías convencionales de análisis de datos resultan cada vez menos adecuados para detectar los riesgos sistémicos, las interrelaciones opacas y los fallos de gobernanza inherentes a los sistemas digitales interconectados.

Hoy día, todos los países del mundo se enfrentan a una importante presión en aras de reforzar la gobernanza pública, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cumplir sus compromisos en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras prácticas perjudiciales. En este sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 destaca la importancia de mejorar la transparencia, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Y, por otra parte, la Declaración de Abu Dabi de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) enfatiza y reafirma el papel que tienen también las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) cuando se trata de prevenir y combatir la corrupción más eficazmente.

A principios de 2026, el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos publicó un informe sobre cómo se usaba el dinero de los contribuyentes en la financiación de medidas de ahorro energético, tanto voluntarias como de obligado cumplimiento. En la correspondiente auditoría, para analizar los datos y mapear los solapamientos entre las medidas de incentivo y las medidas obligatorias, nos apoyamos principalmente en la inteligencia artificial (IA). En este artículo explicamos cómo abordamos el tema de auditoría y qué uso le dimos a la IA.

Los datos se han vuelto una pieza clave en la gestión de los programas públicos más complejos. Ayudan a señalar tendencias, a conocer mejor su impacto y a identificar la necesidad de posibles ajustes en las políticas establecidas. Por ello, para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) la cuestión ya no es si se debería recurrir o no al análisis de datos en las auditorías de rendimiento y en las evaluaciones. El tema primordial es más bien cómo poder planificar, preparar e integrar el análisis de datos en las tareas de auditoría de tal manera que responda a las preguntas de la auditoría y contribuya a generar mejor información, recomendaciones más convincentes y, en última instancia, un mayor impacto.

¿Cuánto pagan realmente las mujeres con cáncer de mama por su tratamiento? Dar una respuesta rigurosa a partir de los datos disponibles constituye un auténtico reto metodológico.

La auditoría de desempeño está experimentando una profunda transformación en el ámbito internacional de la fiscalización pública. Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) están evolucionando desde las evaluaciones tradicionales centradas en la economía, la eficiencia y la eficacia hacia enfoques más sofisticados, orientados a la evaluación, basados en el análisis de datos, la evaluación de impacto, el análisis de riesgos y la formulación de políticas públicas sustentadas en evidencia.

La auditoría de rendimiento busca asegurar la rendición de cuentas de la Administración pública mediante el examen de la economía, la eficiencia y la eficacia de las actividades gubernamentales. Si bien la INTOSAI ha establecido normas universales para la auditoría de rendimiento, las formas concretas en las que opera cada EFS muestran distintas fases de desarrollo, y los resultados de sus auditorías de rendimiento varían en función de sus propios antecedentes históricos y de su entorno político y administrativo.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) han ido expandiendo progresivamente su función más allá del control del cumplimiento legal y de la regularidad administrativa en aras de mejorar las políticas públicas y la calidad de los servicios prestados a la sociedad. A pesar de esta evolución, muchas auditorías siguen centrándose en los procesos burocráticos, las estructuras de gobernanza y los indicadores institucionales, sin captar del todo cómo las deficiencias en el sector público afectan a la vida diaria de los ciudadanos.

En los últimos años, las ciudades intermedias han adquirido una relevancia creciente como motores del desarrollo regional. Sin embargo, la evaluación de los servicios públicos que se prestan en estos territorios plantea desafíos particulares para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Para atender esta situación, la Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR) desarrolló e implementó una metodología innovadora de auditoría operativa, diseñada específicamente para las características de estos centros urbanos. Este enfoque amplía el alcance de la auditoría operativa tradicional al incorporar una evaluación práctica del valor público, la equidad y el desarrollo sostenible en contextos descentralizados.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son claves para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia en los sistemas de gobernanza democrática. Pero como los retos en materia de políticas públicas se vuelven cada vez más complejos y están mucho más interconectados, se espera que las EFS no solo cumplan con su función de rendición de cuentas, sino que también contribuyan de una forma más directa a la mejora de la gobernanza y a la consecución de resultados para el desarrollo sostenible. Esta expectativa también se encuentra reflejada en la INTOSAI-P 12, que realza la importancia de que las EFS aporten un valor y unos beneficios tangibles a los ciudadanos a través de un mayor nivel de rendición de cuentas, transparencia y desempeño del sector público (INTOSAI, 2013). Los debates a escala internacional tampoco han dejado de remitir a la creciente necesidad de que las EFS aborden los retos intersectoriales y a largo plazo de la gobernanza, entre ellos su propia resiliencia y el desarrollo sostenible (Revista de la INTOSAI, 2021).

En los últimos años, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (U.S. Government Accountability Office; GAO) ha comenzado a realizar estimaciones sobre los casos de fraude a los que se enfrenta el gobierno de EE.UU., recurriendo para ello a enfoques rigurosos que han permitido dar a conocer al Congreso, a la opinión pública estadounidense y a los profesionales de la lucha contra el fraude la magnitud de este fenómeno y su impacto en los programas federales.

Las auditorías medioambientales, especialmente en áreas marinas protegidas, plantean una serie de desafíos a la hora de obtener evidencia fiable, ya que las condiciones medioambientales suelen evolucionar de forma gradual y no quedar reflejadas por completo en los registros de seguimiento rutinarios. Estos retos pueden hacer necesario adoptar un enfoque que no quede reducido a los métodos de auditoría convencionales.

Cuando en las Entidades Fiscalizadoras Superiores sale a colación el tema de la Inteligencia Artificial (IA), se suele poner el foco en la tecnología. Los debates versan sobre modelos, infraestructura de datos, marcos de gobernanza y los potenciales de futuro. A menudo, el discurso en torno a la IA se envuelve en un cierto halo de misterio; sus aplicaciones prácticas tienden a confundirse con ideas más bien visionarias, como pueden ser los agentes autónomos o incluso la computación cuántica. Así, a muchos auditores la IA les puede llegar a parecer muy compleja –y, a veces, hasta intimidante–.

Este estudio presenta una aplicación práctica de la Ley de Benford a los datos de gastos de dos municipios griegos, Mesene y Trifylia, con el objetivo de evaluar la medida en que las transacciones financieras se ajustan a las distribuciones de dígitos esperadas según lo definido en dicha ley. La meta primordial, sin embargo, consistía en valorar la utilidad de la Ley de Benford como herramienta en los procesos de auditoría del sector público y determinar si puede servir para alertar sobre posibles irregularidades con vistas a iniciar procedimientos de investigación ulteriores.

Las entidades fiscalizadoras son garantes de la transparencia y la rendición de cuentas en muchas sociedades del mundo. Sin embargo, y durante demasiado tiempo, su labor ha permanecido eclipsada por un lenguaje denso, referencias jurídicas y una jerga técnica que, para el público en general, resulta prácticamente inaccesible. Pese a que los informes de auditoría contienen hallazgos que afectan a todos los ciudadanos -desde retrasos en el transporte público hasta carencias en los sistemas sanitarios-, la mayoría de la gente nunca los lee. En unos tiempos en los que se espera que la información sea inmediata, visual y resuene a nivel emocional, las entidades fiscalizadoras a escala internacional deben reimaginar la forma en la que presentan su trabajo.

Debido al cambio climático, comunidades de todo el mundo están perdiendo sus hogares por las inundaciones, sus cosechas por la sequía y sus costas por la subida del nivel del mar. También están aumentando los riesgos financieros relacionados con la falta de adaptación o con una adaptación deficiente. Los gobiernos han respondido con sus planes y promesas, pero la adaptación sobre el terreno sigue siendo frágil. La reciente Auditoría Cooperativa Global de las Acciones de Adaptación al Cambio Climático (CCAA) de 54 EFS reveló por qué está fracasando la adaptación, y qué pueden hacer las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) para cambiar esa trayectoria.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) se han posicionado cada vez más como actores clave en la promoción del desarrollo sostenible. Los sucesivos planes estratégicos de la INTOSAI (2017-2022 y 2023-2028) identifican la contribución de las EFS a la implementación, seguimiento y revisión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como una prioridad estratégica. Este compromiso de larga data ha proporcionado un marco institucional propicio que ha estimulado numerosas iniciativas -a menudo apoyadas por la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI)- y ha dado lugar a un conjunto creciente de herramientas, metodologías e informes de auditoría en diversos sectores y metas de los ODS.

Constituida en 1990, la Cámara Territorial de Cuentas de la Polinesia Francesa tiene su sede en Papeete (Tahití) desde el año 2000, asumiendo, a partir de ahí, sus funciones jurisdiccionales y de control en su calidad de Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). Con una plantilla de actualmente 13 personas, incluidos 6 magistrados y magistradas, contribuye a la información de los ciudadanos y a la mejora de la gestión pública local.

La Oficina del Auditor General de Somalia (EFS de Somalia) ha logrado un hito significativo al implementar el Sistema de Gestión de Contratos (SGC) digital, que representa un paso clave en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia operativa de todos los organismos públicos. Como parte de una agenda de reformas más amplia en materia de gestión de las finanzas públicas, el SGC simboliza el compromiso de Somalia con la modernización de las estructuras de gobernanza y está alineado con la dinámica global hacia una digitalización de la supervisión en el sector público. La presente experiencia puede servir de valiosa lección a otros miembros de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), especialmente a los de países en desarrollo o frágiles, donde la creación de sistemas transparentes sigue siendo una prioridad acuciante.

Algunas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vienen implementando el Control Concurrente, proceso creado por la EFS de Perú, por ser una herramienta valiosa para el control de grandes proyectos. Sin embargo, es oportuno plantear propuestas innovadoras orientadas a mejorar el proceso de control concurrente con el fin de mejorar las situaciones adversas identificadas por los auditores gubernamentales. A partir de las lecciones aprendidas hasta el momento, es importante mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en sus intervenciones, con el objetivo de replicar su efecto en el control por parte de otras EFS que hayan decidido implementar controles similares.