Q3 2026

Cuando en las Entidades Fiscalizadoras Superiores sale a colación el tema de la Inteligencia Artificial (IA), se suele poner el foco en la tecnología. Los debates versan sobre modelos, infraestructura de datos, marcos de gobernanza y los potenciales de futuro. A menudo, el discurso en torno a la IA se envuelve en un cierto halo de misterio; sus aplicaciones prácticas tienden a confundirse con ideas más bien visionarias, como pueden ser los agentes autónomos o incluso la computación cuántica. Así, a muchos auditores la IA les puede llegar a parecer muy compleja –y, a veces, hasta intimidante–.

En un mundo de rápidos cambios y retos cada vez más complejos, los gobiernos se encuentran más que nunca con la necesidad de contar con datos y hallazgos concretos, de prestar un servicio público de alta calidad y de gestionar los recursos disponibles de forma eficiente, efectiva y responsable. En este nuevo entorno, la auditoría pública ya no se entiende únicamente como un mecanismo para garantizar el cumplimiento de leyes y protocolos, sino también como instrumento para evaluar el rendimiento y medir la influencia real de las políticas y los programas gubernamentales en la vida de los ciudadanos.

Las auditorías medioambientales, especialmente en áreas marinas protegidas, plantean una serie de desafíos a la hora de obtener evidencia fiable, ya que las condiciones medioambientales suelen evolucionar de forma gradual y no quedar reflejadas por completo en los registros de seguimiento rutinarios. Estos retos pueden hacer necesario adoptar un enfoque que no quede reducido a los métodos de auditoría convencionales.

En los últimos años, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (U.S. Government Accountability Office; GAO) ha comenzado a realizar estimaciones sobre los casos de fraude a los que se enfrenta el gobierno de EE.UU., recurriendo para ello a enfoques rigurosos que han permitido dar a conocer al Congreso, a la opinión pública estadounidense y a los profesionales de la lucha contra el fraude la magnitud de este fenómeno y su impacto en los programas federales.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son claves para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la transparencia en los sistemas de gobernanza democrática. Pero como los retos en materia de políticas públicas se vuelven cada vez más complejos y están mucho más interconectados, se espera que las EFS no solo cumplan con su función de rendición de cuentas, sino que también contribuyan de una forma más directa a la mejora de la gobernanza y a la consecución de resultados para el desarrollo sostenible. Esta expectativa también se encuentra reflejada en la INTOSAI-P 12, que realza la importancia de que las EFS aporten un valor y unos beneficios tangibles a los ciudadanos a través de un mayor nivel de rendición de cuentas, transparencia y desempeño del sector público (INTOSAI, 2013). Los debates a escala internacional tampoco han dejado de remitir a la creciente necesidad de que las EFS aborden los retos intersectoriales y a largo plazo de la gobernanza, entre ellos su propia resiliencia y el desarrollo sostenible (Revista de la INTOSAI, 2021).

En los últimos años, las ciudades intermedias han adquirido una relevancia creciente como motores del desarrollo regional. Sin embargo, la evaluación de los servicios públicos que se prestan en estos territorios plantea desafíos particulares para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). Para atender esta situación, la Contraloría General de la República de Costa Rica (CGR) desarrolló e implementó una metodología innovadora de auditoría operativa, diseñada específicamente para las características de estos centros urbanos. Este enfoque amplía el alcance de la auditoría operativa tradicional al incorporar una evaluación práctica del valor público, la equidad y el desarrollo sostenible en contextos descentralizados.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) han ido expandiendo progresivamente su función más allá del control del cumplimiento legal y de la regularidad administrativa en aras de mejorar las políticas públicas y la calidad de los servicios prestados a la sociedad. A pesar de esta evolución, muchas auditorías siguen centrándose en los procesos burocráticos, las estructuras de gobernanza y los indicadores institucionales, sin captar del todo cómo las deficiencias en el sector público afectan a la vida diaria de los ciudadanos.

La auditoría de rendimiento busca asegurar la rendición de cuentas de la Administración pública mediante el examen de la economía, la eficiencia y la eficacia de las actividades gubernamentales. Si bien la INTOSAI ha establecido normas universales para la auditoría de rendimiento, las formas concretas en las que opera cada EFS muestran distintas fases de desarrollo, y los resultados de sus auditorías de rendimiento varían en función de sus propios antecedentes históricos y de su entorno político y administrativo.

¿Cuánto pagan realmente las mujeres con cáncer de mama por su tratamiento? Dar una respuesta rigurosa a partir de los datos disponibles constituye un auténtico reto metodológico.

Los datos se han vuelto una pieza clave en la gestión de los programas públicos más complejos. Ayudan a señalar tendencias, a conocer mejor su impacto y a identificar la necesidad de posibles ajustes en las políticas establecidas. Por ello, para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) la cuestión ya no es si se debería recurrir o no al análisis de datos en las auditorías de rendimiento y en las evaluaciones. El tema primordial es más bien cómo poder planificar, preparar e integrar el análisis de datos en las tareas de auditoría de tal manera que responda a las preguntas de la auditoría y contribuya a generar mejor información, recomendaciones más convincentes y, en última instancia, un mayor impacto.

A principios de 2026, el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos publicó un informe sobre cómo se usaba el dinero de los contribuyentes en la financiación de medidas de ahorro energético, tanto voluntarias como de obligado cumplimiento. En la correspondiente auditoría, para analizar los datos y mapear los solapamientos entre las medidas de incentivo y las medidas obligatorias, nos apoyamos principalmente en la inteligencia artificial (IA). En este artículo explicamos cómo abordamos el tema de auditoría y qué uso le dimos a la IA.

El 29 de octubre de 2024, una DANA —acrónimo español de Depresión Aislada en Niveles Altos, formada sobre el mar Mediterráneo— desencadenó inundaciones repentinas de carácter catastrófico en la provincia de Valencia, España. En cuestión de horas, varios municipios registraron precipitaciones equivalentes a las de un año completo, con valores de hasta 771 litros por metro cuadrado, devastando localidades enteras, dejando miles de personas aisladas, dañando más de 60.000 viviendas, destruyendo más de 130.000 vehículos y causando 230 víctimas mortales.

Hoy día, todos los países del mundo se enfrentan a una importante presión en aras de reforzar la gobernanza pública, alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y cumplir sus compromisos en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otras prácticas perjudiciales. En este sentido, el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 16 destaca la importancia de mejorar la transparencia, la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción en todas sus formas. Y, por otra parte, la Declaración de Abu Dabi de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) enfatiza y reafirma el papel que tienen también las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) cuando se trata de prevenir y combatir la corrupción más eficazmente.

La cada vez mayor complejidad de la gobernanza digital ha transformado radicalmente el panorama de la auditoría. Hoy día, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tienen que lidiar con enormes volúmenes de registros financieros y con arquitecturas de programas en rápida evolución, que tensionan los métodos de auditoría convencionales. El examen basado en muestras y las metodologías convencionales de análisis de datos resultan cada vez menos adecuados para detectar los riesgos sistémicos, las interrelaciones opacas y los fallos de gobernanza inherentes a los sistemas digitales interconectados.

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el sector público ha llegado a un punto en el que las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) ya no pueden seguir tratándola como un tema ajeno o experimental. Las aplicaciones emergentes de la IA agéntica están empezando a transformar el trabajo de los profesionales que provén servicios basados en el conocimiento, lo que incluye a los auditores. El ritmo de los avances, impulsados tanto por su adopción comercial en el sector privado como por la rápida evolución de los estándares técnicos abiertos, está haciendo que estas tecnologías sean relevantes para la auditoría pública ahora mismo, y no en algún momento del futuro.

El sector de la auditoría ha de hacer frente a toda una serie de retos a la hora de acompasarse con los cambios sin precedentes en las perspectivas e instrumentos de fiscalización, que se deben a las tecnologías actuales y a los avances tecnológicos, así como a la creciente utilización de las herramientas de inteligencia artificial. Las tecnologías de la información han dejado de ser un mero apoyo en pro de la calidad de la auditoría para convertirse en el principal catalizador de la redefinición de su concepción global, tal y como señala la INTOSAI en sus pronunciamientos profesionales, donde aboga, además, por el desarrollo de herramientas y métodos de auditoría capaces de adecuar la práctica profesional al entorno digital. Esto fue también lo que llevó a la Autoridad Estatal de Rendición de Cuentas (ASA), en su calidad de presidenta de la Organización, a reaccionar con rapidez ante esta realidad y presentar iniciativas pioneras en este sentido, como la Iniciativa Maat, incluida en el orden del día del 25.o INCOSAI de Sharm El-Sheikh, celebrado en octubre de 2025. Esta iniciativa esboza una visión contemporánea, que refleja la importancia de emplear la inteligencia artificial para seguir avanzando en la labor de auditoría, especialmente en lo que respecta a las auditorías de rendimiento, ya que éstas, al estar enfocadas en evaluar el desempeño de las entidades públicas y verificar la eficiencia del gasto público, contribuyen de forma directa a la buena gobernanza y a la protección de los recursos públicos.

En la auditoría de rendimiento se está pasando de las valoraciones retrospectivas manuales a los análisis prospectivos y en tiempo real, gracias a la incorporación progresiva de tecnologías como el análisis del big data, la inteligencia artificial (IA) y los modelos predictivos que están redefiniendo los conceptos de eficiencia y efectividad en la función de auditoría. A medida en que los organismos públicos intensifican su apuesta por los sistemas basados en datos para la toma de decisiones, también se vuelven más complejos los marcos de gobernanza y se acentúa la necesidad de un mayor control de dichos organismos a fin de reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública (Agostino, Lourenco y Jorje, 2025). La transformación digital ha proliferado tanto en el sector público como en el privado y ha generado enormes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, que son imposibles de analizar de forma exhaustiva y eficaz mediante los enfoques y métodos de auditoría convencionales (Basuki, Atarwaman y Layn, 2025). Por lo tanto, ahora más que nunca, la auditoría de rendimiento requiere innovación y el desarrollo de nuevas herramientas y técnicas para seguir el ritmo de la dinámica del ecosistema de información moderno.

Con motivo del 40.º aniversario de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), resulta pertinente reflexionar sobre uno de sus hitos más destacados: la creación de la Cooperación INTOSAI-Donantes (IDC) en 2009. A lo largo de los años, la IDC se ha convertido en una plataforma importante de apoyo a la comunidad de la INTOSAI, incluida la IDI, en su colaboración más eficaz con los socios para el desarrollo. Ahora que la Estrategia 2020-2030 de la Cooperación INTOSAI-Donantes está entrando en su fase final y la ayuda oficial al desarrollo experimenta profundos cambios, es también un momento oportuno para plantearse cómo reposicionar la Cooperación para maximizar su valor en el futuro