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La aplicación de algoritmos y de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la Administración ofrece muchas oportunidades para mejorar los procesos gubernamentales, la prestación de servicios públicos, la participación ciudadana y el apoyo a la resolución de desafíos sociales. Es por ello que este tipo de tecnologías se está convirtiendo en un elemento que influye cada vez más en cómo actúan las administraciones públicas. No obstante, la introducción de la IA también entraña riesgos si no se implanta de forma responsable. Puede comportar, por ejemplo, sesgos que conduzcan a resultados discriminatorios o a una protección inadecuada de los datos personales. La falta de transparencia en el uso de la tecnología también puede llegar a plantear retos en materia de gobernanza.

La Oficina Estatal de Auditoría de Georgia (EFS de Georgia; SAO, por sus siglas en inglés) se ha erigido en fuente de inspiración para la innovación y la rendición de cuentas en pro de la gestión efectiva de las finanzas públicas. Para cumplir su mandato de detectar y abordar las deficiencias sistémicas en la Administración pública, la SAO ha implantado una tecnología innovadora y lanzado una iniciativa transformadora: el Sistema de Implementación de Recomendaciones de Auditoría (Audit Recommendation Implementation System; ARIS). En el presente artículo se analiza el impacto de ARIS, la revolucionaria plataforma que ha cambiado significativamente el proceso de seguimiento de las recomendaciones de auditoría en Georgia.

La Ley de la Oficina Estatal de Auditoría estipula que la Oficina Estatal de Auditoría de Letonia (EFS de Letonia) ostenta el derecho a formular recomendaciones para subsanar las deficiencias descubiertas durante una auditoría, así como a especificar un plazo en el que la entidad auditada deberá notificar, por escrito, la resolución de las mismas. En 2023, la EFS de Letonia celebraba su centenario de existencia, en el que, con el tiempo, ha ido perfeccionando su enfoque de cara a formular las recomendaciones y facilitar su implementación por parte de las entidades auditadas.

La misión de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO Malta) es ayudar a promover la rendición de cuentas, la idoneidad y la aplicación de las mejores prácticas en la gestión pública. Esta misión se cumple a través del considerable número de auditorías – de cumplimiento, financieras, de rendimiento o investigativas – que se llevan a cabo de forma continua en los diversos ministerios, departamentos y entidades gubernamentales. 

El modelo de entidad fiscalizadora superior (EFS) con funciones jurisdiccionales se reconoce como el de una institución que puede llevar a cabo todo tipo de auditorías – de rendimiento, de cumplimiento y financieras – y, además, está investida de la potestad de juzgar directamente la responsabilidad de los gestores de fondos públicos cuando los hallazgos de sus auditorías den cuenta de irregularidades, o cuando tales irregularidades le sean remitidas a la EFS por una tercera parte.

Los fondos de la Unión Europea precisan de una firme protección a fin de asegurar su administración y asignar recursos a los Estados miembros o a otros beneficiarios para la implementación de sus políticas específicas. Tanto la evasión fiscal como las conductas ilícitas que comportan la recepción de financiación indebida o el desvío de dichos fondos de los fines previstos causan perjuicios a la tesorería de la Unión Europea (UE).

La sociedad española ha experimentado grandes cambios en los últimos 20 años, en sintonía con otros países de la Unión Europea. La crisis financiera de 2008 impactó fuertemente en la ciudadanía española y tuvo como resultado importantes y rápidos cambios a todos los niveles: el político, el económico y el social.

La EFS de Portugal (Tribunal de Contas) es actualmente una institución que combina el modelo anglosajón con el jurisdiccional, propio de este tipo de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Esto quiere decir que, aunque el control constituya una de sus tareas principales, el Tribunal ostenta también, de forma complementaria, la facultad de juzgar sobre las responsabilidades financieras.

El documento INTOSAI-P 50 esboza doce principios para las actividades jurisdiccionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) provistas del correspondiente mandato, por el que poseen la facultad de juzgar sobre la responsabilidad de las personas responsables en virtud de la ley en caso de irregularidades o mala gestión.

La Cour des comptes y las Cámaras Regionales y Territoriales de Cuentas (CRTC) francesas han experimentado un profundo cambio con la reforma del régimen de responsabilidades financieras de los gestores públicos, en vigor desde el 1 de enero de 2023. Hasta esa fecha, las funciones contenciosas de estas jurisdicciones financieras estaban articuladas en torno a dos regímenes de responsabilidad diferentes: el aplicable específicamente a los contables públicos (que llevan la caja y la contabilidad) y el aplicable con carácter general a los gestores públicos “ordenadores” (aquellos que deciden sobre los ingresos y gastos).

La Oficina Estatal de Auditoría de la República de Letonia (EFS de Letonia) es una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) independiente y colegiada, cuyo mandato está especificado en la Constitución de la República de Letonia. 

Las EFS dotadas de poderes jurisdiccionales son, a menudo, mal entendidas y el valor de sus características específicas no suele apreciarse en su justa medida. Una EFS dispone de potestad jurisdiccional cuando ha recibido el mandato legal de sancionar a una persona en virtud de una irregularidad o un daño relacionado con el uso de fondos públicos que sean de la competencia de la EFS e imputables a dicha persona, tras el correspondiente procedimiento contradictorio.

En su Asamblea General celebrada en Lisboa (Portugal) en septiembre de 2021, el Foro de EFS con Funciones Jurisdiccionales adoptó una guía con orientaciones destinadas a dar a conocer y a promover el ejercicio de las misiones jurisdiccionales y contenciosas por parte de las EFS investidas de esta competencia. Estas orientaciones proporcionan – e ilustran de forma muy concreta – el marco de referencia para dicho ejercicio en condiciones de independencia, objetividad o neutralidad, rigor jurídico, interés público y equidad, en consonancia con las normas internacionales más exigentes.

Los Principios Fundamentales de la INTOSAI figuran en la cúspide de los pronunciamientos profesionales de la INTOSAI, inmediatamente después de las Declaraciones de Lima y México, que representan la “Carta Magna” del control externo de las finanzas públicas y definen las condiciones para su funcionamiento independiente y eficaz. Hasta la fecha, en 2024, existen tres documentos al respecto: uno dedicado al valor y los beneficios que las EFS aportan a los ciudadanos (INTOSAI-P 12), otro a la transparencia y la rendición de cuentas (INTOSAI-P 20), y un tercero que establece los 12 principios que deben guiar la actuación de las EFS con atribuciones jurisdiccionales en el ejercicio de sus funciones.

En el mundo coexisten tres modelos de entidades fiscalizadoras superiores, con diversas variantes. Todos ellos cuentan con una dilatada historia, que a veces incluso se remonta a la Edad Media, si bien fueron renovados y desarrollados entre el siglo XVIII y principios del siglo siguiente, cuando se constituyeron los Estados modernos.

Alrededor del 25% de todas las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) representadas en la INTOSAI desempeñan actividades jurisdiccionales. La mayoría de ellas se encuentran en las regiones de habla francesa, española y portuguesa, pero representan un modelo atractivo que trasciende estas esferas lingüísticas y culturales: Letonia, Sudáfrica y Tailandia han dotado hace poco a sus EFS de una nueva competencia y de una organización adecuada para sancionar el mal uso de fondos públicos. Otras, como las de Indonesia o Vietnam, están deseando recibir nuevos poderes jurisdiccionales o funciones equivalentes. Es, además, un modelo en evolución: el legislador francés acaba de reformar radicalmente el régimen de responsabilidades de los gestores públicos, vigente desde hacía décadas. 

La creación de un entorno de teletrabajo eficaz y seguro para el teletrabajo en el sector público requiere de políticas claras, una planificación cuidadosa, tecnología e infraestructura, seguridad de datos, medición del desempeño, así como una atención especial a la productividad del personal – y las entidades fiscalizadoras del sector público están llamadas a desempeñar un papel para asegurar un entorno así.