Q3 2024

En mi condición de Auditor General de Tailandia he podido comprobar de primera mano el papel clave de las auditorías de seguimiento de cara a asegurar la integridad y la eficacia de la gestión financiera gubernamental. La Oficina Estatal de Auditoría del Reino de Tailandia (SAO) está comprometida con rigurosos procedimientos de seguimiento que sustentan nuestro mandato en virtud de la Ley Orgánica de Auditoría del Estado B.E. 2561 (2018).

Muchos auditores han desarrollado una experiencia considerable en la realización de cada etapa de una auditoría, pero esos mismos auditores a menudo pierden el impulso cuando se trata de pasar de una etapa a la siguiente.
Una de las razones es que los auditores deben acertar en los detalles para fundamentar resultados y conclusiones convincentes; sin embargo, ese mismo enfoque en los detalles puede impedir que un auditor considere cómo las decisiones de una etapa repercutirán en la siguiente etapa de la auditoría.
En consecuencia, además de desarrollar las habilidades técnicas necesarias para ejecutar cada etapa de una auditoría, los auditores también deben desarrollar la capacidad de pensar en el futuro para ayudar a que una auditoría pase sin problemas de una etapa a la siguiente.

Por la naturaleza de su labor, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) están abocadas a promover cambios positivos en la vida de las personas. A tal fin, la auditoría sobresale como una de las herramientas más importantes de las que disponen las EFS para aumentar la generación de valor público. Realizando auditorías, una EFS es capaz de evaluar si los procesos se ejecutan de conformidad con las normas establecidas, identificar mejoras en el desempeño (bajo los principios habituales de eficacia, eficiencia y economía) o valorar la información financiera de una entidad.

Las auditorías llevadas a cabo por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son herramientas muy valiosas que contribuyen a identificar riesgos, ineficiencias y áreas de mejora en una amplia variedad de programas gubernamentales. Estas auditorías cierran la brecha entre las políticas y la práctica gracias a sus resultados oportunos y una retroalimentación constructiva a las entidades auditadas. Esta retroalimentación constructiva incluye recomendaciones dirigidas a mejorar el rendimiento y la implementación de las mismas a efectos de asegurar el cumplimiento de las políticas y/o normas. Este cierre del círculo fiscalizador constituye un paso final esencial en el proceso de auditoría.  

En Perú, se distinguen tres principales tipos de servicios de control en el ámbito gubernamental: previo, simultáneo y posterior.

La labor de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (Government Accountability Office’s; GAO) genera rutinariamente recomendaciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas gubernamentales, lo que redunda en ahorros y mejoras mensurables. Desde el año fiscal (AF) 2002, el trabajo de la GAO ha supuesto unos beneficios económicos de cerca de 1,38 billones de dólares y más de 28.000 mejoras operativas y de programas, que han contribuido a enmendar leyes, optimizar la seguridad pública y otros servicios, y promover una mejor gestión en el conjunto de la Administración. Solo en el AF 2023, los beneficios económicos derivados de la labor de la GAO alcanzaron los 70.400 millones de dólares, lo que supone un retorno de unos 84 dólares por cada dólar invertido en la GAO. Además, la GAO llegó a identificar 1.220 efectos positivos de otro tipo, que son aquellos que no se pueden cuantificar en dólares, pero que se han traducido en mejoras programáticas y operativas a nivel de todo el gobierno. Algunos ejemplos de logros recientes son:

La Oficina Nacional de Auditoría de China (CNAO) concede la misma importancia a la detección de problemas en el marco de una auditoría que a su resolución. Por medio de exhaustivas fiscalizaciones de carácter investigativo, se ha trabajado de forma proactiva para aumentar la eficacia de la auditoría de seguimiento, perfilando las responsabilidades de ejecución, los flujos de trabajo operativos y los resultados de valor añadido. Dicho esfuerzo tiene por objeto explorar un marco global para la auditoría de seguimiento, que combine las correcciones ordinarias, las iniciativas de subsanación de temas concretos y la rectificación rigurosa en los casos de infracción grave, potenciando aún más la credibilidad, la eficiencia y la efectividad de la fiscalización. De 2021 a 2023, el número de hallazgos de auditoría revisados por los auditados creció rápidamente, llegando a subsanarse o mejorarse más de 9.700 ítems regulados y a exigirse responsabilidades a unas 27.000 personas. A través de sus redoblados esfuerzos por realizar auditorías de seguimiento, la CNAO ha ido desempeñando un papel cada vez más relevante en la promoción del desarrollo social y económico en aras del avance de la modernización de China. Los logros mencionados pueden atribuirse a los siguientes factores:

La misión de la Oficina Nacional de Auditoría (NAO Malta) es ayudar a promover la rendición de cuentas, la idoneidad y la aplicación de las mejores prácticas en la gestión pública. Esta misión se cumple a través del considerable número de auditorías – de cumplimiento, financieras, de rendimiento o investigativas – que se llevan a cabo de forma continua en los diversos ministerios, departamentos y entidades gubernamentales. 

El éxito en la implementación de las recomendaciones de auditoría constituye un indicador clave para la eficacia y eficiencia de las actividades de auditoría. Por ello, el monitoreo y control de la implementación de las recomendaciones de auditoría desempeñan un papel fundamental de cara a la evaluación de la calidad, la efectividad de la actividad fiscalizadora, el impacto en la gestión y el uso de las fondos y activos públicos. Este proceso no solo es indicativo del grado de cumplimiento de las entidades auditadas, sino que también permite identificar las razones por las que unas recomendaciones de auditoría no han sido implementadas.

La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Brasil, conocida como Tribunal de Contas da União (TCU), tiene encomendada la misión de ejercer la fiscalización contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial de las entidades federales para velar por la legalidad, la legitimidad y la economía. La Constitución Federal de 1988 faculta al TCU a exigir el cumplimiento de la ley estableciendo plazos para la adopción de las medidas correctoras necesarias en caso de detectar ilegalidades.

Inmersos en una época de rápidos avances tecnológicos y crecientes retos administrativos, la necesidad de modernizar los sistemas de auditoría para mejorar la transparencia y la eficacia en la gestión de los recursos públicos es cada vez más acuciante. El Reino de Arabia Saudita se valió durante décadas de una regulación de los almacenes gubernamentales adoptada en 1983 que, en su momento, fue la más adecuada y efectiva con arreglo a las normas y requisitos. Aquella regulación fue implementada bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas (MdF) y proporcionó unos cimientos sólidos para una gestión de recursos eficiente y eficaz. Siendo este el contexto, la Entidad Fiscalizadora Superior del Reino (el Tribunal General de Cuentas (TGC)) asumió un papel fundamental de pionera en la transformación digital y modernización de los sistemas, participando activamente en la reestructuración y el desarrollo de las regulaciones para los almacenes gubernamentales. La última de estas regulaciones se emitió en 2020, entrando en vigor previa comunicación con las autoridades del gobierno, en particular el Ministerio de Finanzas, por un lado, y las autoridades superiores, por otro. En el marco de este proceso se introdujeron avanzados sistemas automatizados, se mejoraron los procedimientos gubernamentales y se activó la gobernanza administrativa con arreglo a las mejores prácticas, lo que contribuyó a una significativa mejora en las operaciones y los servicios públicos.

El uso eficiente y eficaz de los fondos y recursos públicos es esencial para cualquier país que pretende cumplir sus objetivos de desarrollo. Los auditores públicos, en el marco de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) nacionales, desempeñan un papel fundamental de cara al control de la utilización de dichos recursos. A nivel estatal, las EFS son los custodios máximos de las finanzas públicas y ostentan el mandato, a menudo recogido en las constituciones nacionales, de examinar si los gobiernos gestionan los fondos públicos como es debido. Las EFS realizan auditorías financieras para fiscalizar la legalidad de las transacciones financieras, así como auditorías de rendimiento para evaluar si los fondos públicos han sido empleados con eficiencia y eficacia. Los informes de auditoría emitidos por las EFS contienen recomendaciones sobre cómo mejorar la gestión financiera. 

En 2023, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la EFS de Brasil, emitió 137 decisiones que contenían deliberaciones para sus unidades jurisdiccionales. Estas decisiones generaron 1.110 ítems sujetos a monitoreo, incluyendo determinaciones y recomendaciones. El monitoreo de la implementación y del impacto de estas deliberaciones son procesos no menos importantes que las propias auditorías, que exigen un esfuerzo considerable en términos de recursos de la EFS.

La Ley de la Oficina Estatal de Auditoría estipula que la Oficina Estatal de Auditoría de Letonia (EFS de Letonia) ostenta el derecho a formular recomendaciones para subsanar las deficiencias descubiertas durante una auditoría, así como a especificar un plazo en el que la entidad auditada deberá notificar, por escrito, la resolución de las mismas. En 2023, la EFS de Letonia celebraba su centenario de existencia, en el que, con el tiempo, ha ido perfeccionando su enfoque de cara a formular las recomendaciones y facilitar su implementación por parte de las entidades auditadas.

En un entorno tan dinámico como el de la gestión del sector público, la búsqueda de una mayor rendición de cuentas, eficiencia y transparencia no termina nunca. Los parámetros de medición y los mecanismos de supervisión tradicionales, aun siendo fundamentales, a menudo se quedan cortos para captar el progreso continuo en la implementación de las recomendaciones de auditoría. 

La Oficina Estatal de Auditoría de Georgia (EFS de Georgia; SAO, por sus siglas en inglés) se ha erigido en fuente de inspiración para la innovación y la rendición de cuentas en pro de la gestión efectiva de las finanzas públicas. Para cumplir su mandato de detectar y abordar las deficiencias sistémicas en la Administración pública, la SAO ha implantado una tecnología innovadora y lanzado una iniciativa transformadora: el Sistema de Implementación de Recomendaciones de Auditoría (Audit Recommendation Implementation System; ARIS). En el presente artículo se analiza el impacto de ARIS, la revolucionaria plataforma que ha cambiado significativamente el proceso de seguimiento de las recomendaciones de auditoría en Georgia.

En los últimos años, el Tribunal General de Cuentas (TGC), a saber, la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Arabia Saudita, ha puesto en marcha una serie de medidas a fin de reforzar su marco y optimizar su capacidad de supervisión, poniendo el foco en la objetividad, la eficiencia y la profesionalidad. Asumiendo una postura proactiva, el TGC está comprometido con la adaptación a la incesante evolución en el ámbito de la auditoría financiera y la supervisión del rendimiento. Asimismo, aprovecha las modernas tecnologías y metodologías para llevar a cabo auditorías de mayor efectividad y calidad, garantizando la adecuación a las normas y prácticas de cada momento. Por otra parte, los organismos gubernamentales y los ministerios que integran el sector público del Reino de Arabia Saudita también han experimentado importantes transformaciones a lo largo de los últimos años. Todos estos esfuerzos se enmarcan en las ambiciosas metas esbozadas en la Visión 2030 del Reino de Arabia Saudita, cuyo objetivo es diversificar la economía, mejorar la eficiencia del sector público y promover el desarrollo sostenible. 

Las normas y directrices de integridad y ética de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) están recogidas en las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI). La INTOSAI- 1 – La Declaración de Lima – establece que los miembros y auditores de una EFS tienen que tener las cualificaciones y la integridad moral necesarias para el perfecto cumplimiento de su tarea. La ISSAI 100 – Principios Fundamentales de Auditoría del Sector Público – dispone que las EFS deben establecer y mantener procedimientos adecuados de ética y control de calidad a nivel organizativo para asegurar que las EFS y su personal cumplan con las normas profesionales y los requerimientos éticos, legales y regulatorios aplicables. La ISSAI 130 – Código de Ética – recalca, por su parte, que las EFS deben implementar un sistema de control de la ética que incluya estrategias, políticas y procedimientos específicos. La aplicación de estos elementos prácticos, como la capacitación ética periódica, la existencia de directrices éticas claras y un sistema para denunciar las violaciones en materia de ética, es fundamental para guiar, dirigir y controlar el comportamiento ético, a la vez que hace de la implementación de los sistemas de control ético un proceso tangible y eficaz.

El 11 de julio, 16 profesionales internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) se graduaron en el Programa Internacional de Becas para Auditores (IAFP) de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos (GAO).
Los becarios de 2024 representan a los países de Albania, Argentina, Brasil, Georgia, India, Kosovo, Madagascar, Malawi, Nepal, Ruanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Sri Lanka, Tanzania, Uganda y Ucrania.

Las instituciones que comienzan a dedicar esfuerzos a tratar cuestiones como la igualdad de género, la diversidad e inclusión y la prevención del acoso, son conscientes de que lo natural es que afloren resistencias, muestras de malestar e interrogantes en el seno de la plantilla. Resulta normal y legítimo, y ocurre en cualquier proceso organizativo que implique innovación o cambio.

La aplicación de algoritmos y de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la Administración ofrece muchas oportunidades para mejorar los procesos gubernamentales, la prestación de servicios públicos, la participación ciudadana y el apoyo a la resolución de desafíos sociales. Es por ello que este tipo de tecnologías se está convirtiendo en un elemento que influye cada vez más en cómo actúan las administraciones públicas. No obstante, la introducción de la IA también entraña riesgos si no se implanta de forma responsable. Puede comportar, por ejemplo, sesgos que conduzcan a resultados discriminatorios o a una protección inadecuada de los datos personales. La falta de transparencia en el uso de la tecnología también puede llegar a plantear retos en materia de gobernanza.