Etiqueta: Competencias jurisdiccionales

INCOSAI 2025, el Congreso de INTOSAI, representó un paso decisivo para los miembros de JURISAI desde la Asamblea General inaugural celebrada en París en octubre de 2024.

El éxito del INCOSAI se refleja en un amplio intercambio de conocimientos, un diálogo significativo, una cooperación internacional reforzada y una toma de decisiones colectiva sobre asuntos prioritarios. Durante el Congreso, y en la 79ª reunión precedente del Comité Directivo de INTOSAI, la comunidad de INTOSAI se reunió para presentar, deliberar y alcanzar un consenso sobre varias cuestiones significativas, incluida la adopción del presupuesto trienal, la aprobación de nuevos pronunciamientos profesionales, la aprobación de la Declaración de Sharm El-Sheikh y el nombramiento de nuevos miembros del Comité Directivo de INTOSAI, entre otros resultados importantes.

La Constitución francesa confiere al Tribunal de Cuentas de Francia la misión de contribuir a la información de la ciudadanía a través de sus informes públicos. El Informe Público Anual (IPA) constituye un instrumento esencial a este respecto. La ley específica que debe tratar “una cuestión de orden público importante sobre la que el Tribunal de Cuentas desea llamar la atención de los poderes públicos y contribuir así a informar a los ciudadanos”. En su IPA de 2024, el Tribunal examinó el tema de la acción pública orientada a la adaptación al cambio climático.

En su continuo esfuerzo por mantener el Marco para la Medición del Desempeño de las EFS (MMD EFS) relevante y funcional para las EFS, la INTOSAI aprobó en noviembre de 2022 una nueva versión del marco, que contiene un conjunto revisado de indicadores para evaluar las actividades jurisdiccionales. 

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) desempeñan un papel fundamental en la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia del sector público. A efectos de cumplir su función y generar confianza entre los organismos del Estado y la sociedad, las EFS necesitan ser independientes. 

El 7o Foro de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) con Funciones Jurisdiccionales, celebrado en Bangkok los días 16 y 17 de octubre de 2023, se inauguró con una ceremonia de apertura en la que distinguidos oradores subrayaron la importancia global y el espíritu de colaboración del evento. El General Chanathap Indamra, Presidente de la Comisión Estatal de Auditoría de Tailandia y Presidente de la ASOSAI, dio una calurosa bienvenida a todos los participantes, estableciendo un ambiente de compañerismo y motivación general de cara a los trabajos. Jean Yves Bertucci, Presidente de la Cámara de lo Contencioso del Tribunal de Cuentas francés, aportó sus puntos de vista, enriqueciendo aún más el diálogo desde la perspectiva del Foro de EFS con Funciones Jurisdiccionales.

El modelo de entidad fiscalizadora superior (EFS) con funciones jurisdiccionales se reconoce como el de una institución que puede llevar a cabo todo tipo de auditorías – de rendimiento, de cumplimiento y financieras – y, además, está investida de la potestad de juzgar directamente la responsabilidad de los gestores de fondos públicos cuando los hallazgos de sus auditorías den cuenta de irregularidades, o cuando tales irregularidades le sean remitidas a la EFS por una tercera parte.

Los fondos de la Unión Europea precisan de una firme protección a fin de asegurar su administración y asignar recursos a los Estados miembros o a otros beneficiarios para la implementación de sus políticas específicas. Tanto la evasión fiscal como las conductas ilícitas que comportan la recepción de financiación indebida o el desvío de dichos fondos de los fines previstos causan perjuicios a la tesorería de la Unión Europea (UE).

El tema del presente artículo, “Deberes y poderes de la Comisión Estatal de Auditoría de Tailandia para imponer sanciones administrativas”, surgió de la reflexión sobre un modelo francés similar. La profesora Dra. Orapin Phonsuwan Sabyeroop escribió un artículo titulado “Control de la ejecución presupuestaria y de la administración fiscal por los órganos judiciales en el sistema francés de finanzas públicas”, tras concluir su doctorado en la Universidad de París II. Tailandia adoptó este concepto, pero ajustándolo al contexto del país en aquel momento. Debido a la imposibilidad de establecer una corte similar a la francesa a corto y medio plazo, Tailandia optó inicialmente por un modelo de consejo, o Junta de Auditoría, para poder ejecutar estos principios antes de evolucionar hacia un sistema jurisdiccional comparable con el de Francia en el futuro.

El fraude en la gestión pública puede definirse como el uso abusivo del poder por parte de una persona investida de autoridad o mandato público, para servir a intereses propios o privados.

La sociedad española ha experimentado grandes cambios en los últimos 20 años, en sintonía con otros países de la Unión Europea. La crisis financiera de 2008 impactó fuertemente en la ciudadanía española y tuvo como resultado importantes y rápidos cambios a todos los niveles: el político, el económico y el social.

Desde 2020, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) viene articulando una política de itinerarios o “trayectorias” profesionales, con el objetivo de alcanzar una mayor profesionalización de sus auditores. La trayectoria profesional se define como la secuencia de puestos o papeles desempeñados a lo largo de la vida laboral de un auditor y comprende las cualificaciones, experiencias y competencias necesarias para ejercer las funciones de un determinado nivel de la profesión.

La EFS de Portugal (Tribunal de Contas) es actualmente una institución que combina el modelo anglosajón con el jurisdiccional, propio de este tipo de Entidades Fiscalizadoras Superiores. Esto quiere decir que, aunque el control constituya una de sus tareas principales, el Tribunal ostenta también, de forma complementaria, la facultad de juzgar sobre las responsabilidades financieras.

28 años después de su creación por la Constitución camerunesa de 1996 y 20 años después del inicio efectivo de sus actividades, la Chambre des Comptes del Tribunal Supremo de Camerún prosigue su transformación en una moderna Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) con el apoyo de sus pares y de sus socios técnicos y financieros.

En términos del artículo 183 de la Constitución de la República de Burundi, promulgada el 7 de junio de 2018, “se crea un Tribunal de Cuentas al que corresponde examinar, juzgar y certificar las cuentas de todos los servicios públicos. Esta Cour des comptes asiste al Parlamento en el control de la aplicación de la Ley de Finanzas”.

La Cour des comptes francesa, creada en 1807 bajo Napoleón, es una de las instituciones más antiguas de Francia. Adquirió su autoridad a través del control jurisdiccional de las cuentas de los contables públicos, su misión principal. Este tipo de control fue adoptado después por otros países francófonos, lusófonos e hispanohablantes. En Madagascar, la Cour des Comptes se enfrenta a retos complejos relacionados con el control jurisdiccional. El presente artículo pretende suscitar preguntas y reacciones ante esta situación, a fin de poner de relieve la importancia que reviste el difícil tema del control jurisdiccional de la Cour des comptes malgache, al tiempo que arroja luz sobre su razón de ser, a saber, promover la buena gestión de los fondos públicos.

El documento INTOSAI-P 50 esboza doce principios para las actividades jurisdiccionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) provistas del correspondiente mandato, por el que poseen la facultad de juzgar sobre la responsabilidad de las personas responsables en virtud de la ley en caso de irregularidades o mala gestión.

La Cour des comptes y las Cámaras Regionales y Territoriales de Cuentas (CRTC) francesas han experimentado un profundo cambio con la reforma del régimen de responsabilidades financieras de los gestores públicos, en vigor desde el 1 de enero de 2023. Hasta esa fecha, las funciones contenciosas de estas jurisdicciones financieras estaban articuladas en torno a dos regímenes de responsabilidad diferentes: el aplicable específicamente a los contables públicos (que llevan la caja y la contabilidad) y el aplicable con carácter general a los gestores públicos “ordenadores” (aquellos que deciden sobre los ingresos y gastos).

La búsqueda de un alto nivel de garantía ética ha estado, desde siempre, profundamente arraigada como parte del servicio que prestan a diario los organismos públicos. A escala global, la INTOSAI dispone de la ISSAI 130 sobre el Código de Ética, que subraya la importancia de implementar un sistema de control de ética dentro de la EFS. Este tipo de sistema no se limita solo a las exigencias éticas, sino que abarca también otros programas, como la identificación de riesgos, el análisis, la mitigación, el apoyo educativo, la evaluación de denuncias de conductas indebidas y la protección de los presuntos infractores. Las EFS de todo el mundo compiten por crear un clima de gestión satisfactorio y velar proactivamente por la moralidad exigible. En todo momento, la EFS de Indonesia está comprometida con hacer honor a estos valores. 

Tras varios años de resultados de auditoría cada vez más desfavorables y de falta de consecuencias para los responsables de gestionar las entidades gubernamentales por una mala gestión de los fondos públicos, la ciudadanía, los medios de comunicación y las estructuras de supervisión parlamentaria exigieron que se revisara el mandato y las atribuciones de la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Sudáfrica (Auditor-General of South Africa; AGSA) para ir más allá de la auditoría y la elaboración de informes, en un esfuerzo por reforzar los mecanismos de rendición de cuentas. 

La Oficina Estatal de Auditoría de la República de Letonia (EFS de Letonia) es una Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) independiente y colegiada, cuyo mandato está especificado en la Constitución de la República de Letonia. 

Las EFS dotadas de poderes jurisdiccionales son, a menudo, mal entendidas y el valor de sus características específicas no suele apreciarse en su justa medida. Una EFS dispone de potestad jurisdiccional cuando ha recibido el mandato legal de sancionar a una persona en virtud de una irregularidad o un daño relacionado con el uso de fondos públicos que sean de la competencia de la EFS e imputables a dicha persona, tras el correspondiente procedimiento contradictorio.