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La Oficina del Auditor General de Somalia (EFS de Somalia) ha logrado un hito significativo al implementar el Sistema de Gestión de Contratos (SGC) digital, que representa un paso clave en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia operativa de todos los organismos públicos. Como parte de una agenda de reformas más amplia en materia de gestión de las finanzas públicas, el SGC simboliza el compromiso de Somalia con la modernización de las estructuras de gobernanza y está alineado con la dinámica global hacia una digitalización de la supervisión en el sector público. La presente experiencia puede servir de valiosa lección a otros miembros de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), especialmente a los de países en desarrollo o frágiles, donde la creación de sistemas transparentes sigue siendo una prioridad acuciante.

Tanzania es un país típico del África Oriental, agraciado con impresionantes paisajes, una rica cultura y atracciones turísticas emblemáticas. La economía de Tanzania puede clasificarse como de renta media-baja, con un Producto Interior Bruto (PIB) de unos 75.000 millones de dólares estadounidenses, y se encuentra bastante diversificada, siendo la agricultura, la minería y el turismo sus principales motores. En los últimos años, Tanzania ha dado pasos significativos en materia de desarrollo de infraestructuras, producción de energía y sistemas de servicios sociales, lo que, en conjunto, ha impulsado el crecimiento económico. Pero, a pesar de estos avances, el país sigue lidiando con retos ligados a la corrupción y los delitos financieros. Si bien el Gobierno ha intensificado sus esfuerzos por combatir estos problemas, la corrupción no deja de ser un obstáculo significativo para el desarrollo y la reducción de la pobreza. El ranking del país en los índices internacionales sobre la corrupción refleja los persistentes desafíos, ya que en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2023 de Transparencia Internacional, Tanzania quedó en el puesto 94 de entre los 180 países evaluados.

ELas auditorías financieras efectivas son una herramienta vital para la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza en el sector público. En este contexto, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) desempeñan un papel clave, evaluando cómo se gestionan los fondos públicos y vigilando que los funcionarios públicos actúen de conformidad con las leyes, las políticas y las normas éticas. En el presente artículo se resumen las mejores prácticas para ejecutar auditorías financieras en el sector público, tomando como base las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI).

El pasado 2 de diciembre de 2024 la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de Lengua Portuguesa (OISC-CPLP), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su Programa para la Gestión de las Finanzas Públicas financiado por la Unión Europea (Pro PALOP-TL), en colaboración con el Programa de Buena Gobernanza Financiera en Mozambique de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), dio inicio a los trabajos de una auditoría coordinada de desempeño sobre violencia de género (ACVBG). Como marco de inicio de los trabajos se realizó un seminario internacional organizado por el Tribunal de Cuentas de Cabo Verde, que contó con especialistas de diversos países y que marcó un hito significativo en los esfuerzos de las EFS de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, San Tomé y Príncipe, y Timor Oriental (PALOP-TL) para abordar la violencia de género.

La evaluación de la resiliencia de las infraestructuras resulta clave a efectos de mitigar posibles riesgos, reforzar la prestación de servicios y garantizar su valor a largo plazo para la ciudadanía. A través de auditorías rigurosas podemos identificar áreas de mejora, consolidar la gobernanza, promover la rendición de cuentas y optimizar el uso de los recursos. En vista de la presión urbana, del cambio climático y del progreso tecnológico, la planificación y gestión de las infraestructuras han de tener visión de futuro, ser inclusivas y adaptarse a los retos en constante evolución.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) tienen como objetivo marcar la diferencia en la vida de los ciudadanos. Sin embargo, para las EFS que operan en contextos desafiantes, materializar esta gran meta puede no resultar siempre tan obvio. En 2018, la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI), la Organización Africana de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Habla Inglesa (AFROSAI-E) y la Organización Africana de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Habla Francesa (CREFIAF) diseñaron un modelo revolucionario de apoyo a las EFS que operan en contextos complejos y difíciles.

El fraude en la gestión pública puede definirse como el uso abusivo del poder por parte de una persona investida de autoridad o mandato público, para servir a intereses propios o privados.

28 años después de su creación por la Constitución camerunesa de 1996 y 20 años después del inicio efectivo de sus actividades, la Chambre des Comptes del Tribunal Supremo de Camerún prosigue su transformación en una moderna Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) con el apoyo de sus pares y de sus socios técnicos y financieros.

En términos del artículo 183 de la Constitución de la República de Burundi, promulgada el 7 de junio de 2018, “se crea un Tribunal de Cuentas al que corresponde examinar, juzgar y certificar las cuentas de todos los servicios públicos. Esta Cour des comptes asiste al Parlamento en el control de la aplicación de la Ley de Finanzas”.

La Cour des comptes francesa, creada en 1807 bajo Napoleón, es una de las instituciones más antiguas de Francia. Adquirió su autoridad a través del control jurisdiccional de las cuentas de los contables públicos, su misión principal. Este tipo de control fue adoptado después por otros países francófonos, lusófonos e hispanohablantes. En Madagascar, la Cour des Comptes se enfrenta a retos complejos relacionados con el control jurisdiccional. El presente artículo pretende suscitar preguntas y reacciones ante esta situación, a fin de poner de relieve la importancia que reviste el difícil tema del control jurisdiccional de la Cour des comptes malgache, al tiempo que arroja luz sobre su razón de ser, a saber, promover la buena gestión de los fondos públicos.

El documento INTOSAI-P 50 esboza doce principios para las actividades jurisdiccionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) provistas del correspondiente mandato, por el que poseen la facultad de juzgar sobre la responsabilidad de las personas responsables en virtud de la ley en caso de irregularidades o mala gestión.

Tras varios años de resultados de auditoría cada vez más desfavorables y de falta de consecuencias para los responsables de gestionar las entidades gubernamentales por una mala gestión de los fondos públicos, la ciudadanía, los medios de comunicación y las estructuras de supervisión parlamentaria exigieron que se revisara el mandato y las atribuciones de la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Sudáfrica (Auditor-General of South Africa; AGSA) para ir más allá de la auditoría y la elaboración de informes, en un esfuerzo por reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.