La Oficina del Auditor Público de Palaos y la resiliencia medioambiental
Autores: Sumch R. Chin, Reggie Mabel, Dilrae Mechol, Auditores Junior, Oficina del Auditor Público, República de Palau
La República de Palaos firmó dos contratos de préstamo por valor de 28 millones de dólares con el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) para financiar el Proyecto de Saneamiento Koror-Airai (en lo sucesivo, el proyecto). El objetivo del proyecto consistía en dotar de servicios de saneamiento eficaces, eficientes y sostenibles a Koror y a Airai, en Palaos, y su finalización estaba prevista para 2022. El proyecto comprendía la recogida de aguas residuales, un sistema de depuración y vertido, así como servicios de consultoría para gestionar e implementar estas actividades.
En el proyecto participaron muchas partes interesadas. La Corporación de Servicios Públicos de Palaos (PPUC, por sus siglas en inglés), una “unidad componente” del gobierno, fue la responsable de su implementación, mientras que el Ministerio de Finanzas actuó como organismo ejecutor. La PPUC adjudicó tres contratos de construcción y contrató a un consultor para llevar a cabo el proyecto.
La Oficina del Auditor Público (OPA, por sus siglas en inglés) efectuó una auditoría a petición del Congreso Nacional de Palaos, pero también para responder a la preocupación pública en torno a este proyecto. Los continuos retrasos en su ejecución, que suponen una amenaza permanente tanto para la salud pública como para el entorno marino de Koror y de Airai, dieron pie a esta preocupación.
Debido a la complejidad del proyecto y a sus múltiples niveles administrativos y burocráticos, la OPA encargó la fiscalización a un equipo de tres auditores, que contaron con la asistencia de la Oficina del Inspector General del Departamento del Interior de Estados Unidos.
La auditoría tenía por objeto determinar en qué medida la PPUC:
- había planificado y gestionado el proyecto para garantizar su finalización,
- había cumplido los hitos y objetivos establecidos en el proyecto y
- había gestionado adecuadamente los fondos para hacer posible la finalización del proyecto.
La OPA encontró evidencias significativas de una planificación deficiente del proyecto, de la incapacidad de la PPUC para cumplir el objetivo del proyecto y de la falta de capacidad de la PPUC para gestionar el proyecto.
La PPUC se mostró de acuerdo con la mayoría de los hallazgos recogidos en el informe de auditoría. Basándose en este informe, y para acelerar la finalización del proyecto y reforzar las capacidades de la PPUC, el Presidente promulgó la Orden Ejecutiva no 449, por la que se estableció un comité de dirección del proyecto para el Programa de Reforma de la PPUC a fin de, entre otras medidas, proporcionar dirección estratégica, orientación y supervisión al proyecto, y velar por el cumplimiento de todos los requisitos relativos a los préstamos y los objetivos del proyecto.
No obstante, en el momento de materializarse la reforma, la PPUC alegó que había agotado el préstamo del BAsD. Por consiguiente, se requiere financiación adicional para continuar y completar el proyecto.
Aunque el proyecto continúa sin finalizarse y la amenaza para la salud pública y el entorno marino circundante persiste, ya se había procedido a aumentar las tarifas de agua y saneamiento para saldar los préstamos. Esta situación llevó al Congreso Nacional a aprobar la Ley Pública no 11-31, que ordena al Presidente dejar en suspenso cualquier amortización de préstamos y renegociar los acuerdos de los mismos con el BAsD a efectos de abordar las circunstancias y disputas que rodean al proyecto inacabado.
Aunque la población de dos de los estados más densamente poblados de Palaos sigue esperando poder disfrutar de los beneficios de este proyecto, la auditoría de la OPA ha conseguido, por el momento, que los legisladores se percaten de la necesidad de salvaguardar los fondos públicos de una mayor erosión patrimonial. Esperemos que pronto se encuentre una solución para un desastre medioambiental y de salud pública que se perfila como inminente.
