Deberes y poderes de la Comisión Estatal de Auditoría de Tailandia para imponer sanciones administrativas
Por: Profesora Dra. Orapin Phonsuwan Sabyeroop
El tema del presente artículo, “Deberes y poderes de la Comisión Estatal de Auditoría de Tailandia para imponer sanciones administrativas”, surgió de la reflexión sobre un modelo francés similar. La profesora Dra. Orapin Phonsuwan Sabyeroop escribió un artículo titulado “Control de la ejecución presupuestaria y de la administración fiscal por los órganos judiciales en el sistema francés de finanzas públicas”, tras concluir su doctorado en la Universidad de París II. Tailandia adoptó este concepto, pero ajustándolo al contexto del país en aquel momento. Debido a la imposibilidad de establecer una corte similar a la francesa a corto y medio plazo, Tailandia optó inicialmente por un modelo de consejo, o Junta de Auditoría, para poder ejecutar estos principios antes de evolucionar hacia un sistema jurisdiccional comparable con el de Francia en el futuro.
El concepto de disciplina fiscal y financiera apareció por primera vez en la Constitución del Reino de Tailandia de 1997, que perfiló la esencia del derecho constitucional relativo a la fiscalización de las finanzas del Estado, incluyendo los poderes y deberes de la Junta de Auditoría y del Comité de Disciplina Presupuestaria y Fiscal. Esto implicaba específicamente el establecimiento de criterios y métodos para considerar asuntos en materia de disciplina presupuestaria y fiscal, determinar las multas administrativas y juzgar las infracciones disciplinarias, presupuestarias y fiscales como órgano supremo.
En 1999, se promulgó la Ley Orgánica de Auditoría del Estado, B.E. 2542 (1999), por la que se instituía la Junta de Auditoría como órgano supervisor y máximo órgano decisorio para las infracciones en materia de disciplina presupuestaria y fiscal. El Comité de Disciplina Presupuestaria y Fiscal era el responsable de reunir y examinar preliminarmente los asuntos, antes de someterlos a la Junta de Auditoría para la adopción de medidas disciplinarias. En virtud de las regulaciones de la Junta de Auditoría sobre disciplina presupuestaria y fiscal de 2001, las sanciones para los culpables de infracciones a la disciplina presupuestaria y fiscal quedaban fijadas según los cuatro niveles siguientes:
- Sanción de primer grado: multa no superior al salario de un mes.
- Sanción de segundo grado: multa equivalente a un salario de dos a cuatro meses.
- Sanción de tercer grado: multa equivalente a un salario de cinco a ocho meses.
- Sanción de cuarto grado: multa equivalente a un salario de nueve a doce meses.
Estas sanciones están calculadas para ser proporcionales a la naturaleza de cada infracción, siendo la sanción máxima una multa equivalente a una cuantía no superior a doce meses de salario.
En la Constitución del Reino de Tailandia de 2007, se cambió el término “disciplina presupuestaria y fiscal” por “disciplina financiera, fiscal y presupuestaria”. Esta enmienda obligaba a la promulgación de leyes financieras y fiscales en el ámbito estatal a efectos de establecer un marco de disciplina fiscal y financiera. Sin embargo, hasta el último día de vigencia de esta Constitución, el Parlamento no había legislado sobre ninguna ley financiera y fiscal estatal.
Durante este período, la definición de disciplina financiera y fiscal fue ampliada para incluir “los principios relacionados con la planificación financiera a medio plazo, la gestión de los ingresos, las directrices para preparar el presupuesto de gastos del Estado, la gestión financiera y patrimonial, la contabilidad, los fondos públicos, la contracción de deuda o las operaciones que comprometen el patrimonio o las obligaciones financieras del Estado, los criterios para la constitución de reservas de emergencia o necesarias, y otras actividades conexas. Estos están llamados a servir de marco para la gestión de los ingresos y el control del gasto sobre la base de los principios de estabilidad, desarrollo económico sostenible y equidad social”, todo ello con el fin de ampliar la autoridad del Comité de Disciplina Financiera y Fiscal para dirimir las actuaciones financieras de los funcionarios del Estado.
En la Constitución del Reino de Tailandia de 2017 se estipuló que el Estado estaba obligado a ejercer una estricta disciplina financiera y fiscal al efecto de asegurar la estabilidad y sostenibilidad de su posición fiscal y financiera y en función de la legislación sobre disciplina fiscal y financiera en el ámbito estatal. Esto motivó la promulgación de la Ley de Disciplina Fiscal y Financiera del Estado de 2018, que cubre el marco de las operaciones fiscales y presupuestarias en el ámbito estatal, la disciplina fiscal en materia de ingresos y gastos (tanto en fondos presupuestarios como extrapresupuestarios), la gestión de los activos y la tesorería del Estado, así como la gestión de la deuda pública. Esta ley sirve de principio regulador para preservar la estabilidad financiera y fiscal del Estado y minimizar el riesgo de gastos que no produzcan beneficios sostenibles o generen un endeudamiento excesivo para el país. Complementariamente, la ley especifica que, en los casos de infracciones disciplinarias financieras y fiscales por parte del Estado, tal y como están definidas en la misma, se impondrán sanciones administrativas de conformidad con la legislación constitucional en materia de auditoría del Estado, esto es, de la Ley de Auditoría del Estado de 2018. Dicha ley abolió el Comité de Disciplina Presupuestaria y Fiscal, pero mantuvo la potestad de la Junta de Auditoría para imponer sanciones administrativas, siendo el Auditor General quien propone dichas sanciones, que incluyen:
- Las sanciones disciplinarias,
- las amonestaciones públicas y
- las multas administrativas.
En el proceso de consideración de sanciones administrativas, la Comisión Estatal de Auditoría tiene en cuenta la gravedad de la conducta constitutiva de la infracción y el daño derivado de dicha conducta. Las multas administrativas que se impongan no podrán exceder el equivalente a doce meses del salario de la persona sancionada. Contra las decisiones cabe recurso ante el Tribunal Supremo Administrativo en el plazo de noventa días a partir de la fecha de recepción del auto.
El proceso de consideración de sanciones administrativas permite a las partes implicadas alegar, objetar y presentar sus pruebas, siguiendo los principios de apelación y anulación de la resolución. La Comisión Estatal de Auditoría ha establecido criterios y métodos para la consideración de las infracciones disciplinarias fiscales y financieras en el ámbito estatal de acuerdo con sus propias regulaciones sobre el juzgamiento de infracciones disciplinarias fiscales y financieras en el ámbito estatal de 2019, en línea con el derecho a un juicio justo. Aquí se incluye la garantía de que los procedimientos se lleven a cabo en un plazo razonable, se comuniquen públicamente, se controle su calidad y se juzguen imparcialmente.
Además, la Auditoría del Estado de Tailandia vela por la independencia de sus funcionarios (según el principio de independencia de los miembros de la EFS), asegura la libertad de acceso a la información y evita la doble incriminación (según el principio de no acumulación de sanciones). La Ley Orgánica de Auditoría del Estado de 2018 también estipula que los procedimientos por infracciones disciplinarias financieras y fiscales en el ámbito estatal se suspenden si el inculpado fallece o si los procedimientos relacionados con las infracciones disciplinarias financieras y fiscales estatales no se resuelven en un plazo de cinco años a partir de la fecha en la que se cometió la infracción, siguiendo el principio de plazo razonable.
Todos estos procesos relativos a la consideración de las infracciones disciplinarias financieras y fiscales en el ámbito estatal se fundamentan en disposiciones legales, en virtud del principio de la base jurídica del régimen de responsabilidad. La Junta de Auditoría no ejerce ninguna facultad más allá de lo legislado.
Estas prácticas demuestran el cumplimiento por parte de Tailandia de los principios de la INTOSAI-P 50, quedando algunos aspectos claramente reflejados en las leyes relacionadas con la fiscalización del Estado, mientras que otros están plasmados en leyes generales que también se aplican. Cabe esperar que estos principios constituyan un paso significativo en el control y la auditoría de la disciplina financiera y fiscal en el ámbito estatal, para evolucionar de una organización independiente hacia una entidad más parecida a un órgano jurisdiccional en el futuro.
Sobre la autora
La profesora Dra. Orapin Phonsuwan Sabyeroop es actualmente Comisionada de Auditoría del Estado de Tailandia. y cuenta con una amplia formación académica, que incluye una licenciatura en Derecho, un máster en Derecho, un máster especializado en Derecho Fiscal y Tributario, un certificado avanzado en Derecho Fiscal y un doctorado en Derecho, su experiencia se basa en una amplia labor de investigación y docencia. Ha contribuido significativamente a la enseñanza y la investigación jurídicas como profesora de Derecho y Directora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Thammasat, tutelando a una nueva generación de académicos en los entresijos del Derecho y la política fiscales.
