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Por Caroline Spencer, Auditora General de Australia Occidental

La independencia es la piedra angular de la auditoría efectiva.

En mi función como Auditora General de Australia Occidental, la independencia no conforma un mero concepto teórico, sino una práctica habitual en la que se basan todas las auditorías que realizamos. Y es esta independencia la que nos garantiza poder llevar a cabo nuestras auditorías sin influencia o interferencia alguna y conservar así la confianza depositada en nosotros por el Parlamento y la sociedad.

En Australia Occidental, la Auditora/el Auditor General es designado para un mandato de 10 años no renovable y, como funcionario independiente del Parlamento, disfruta de absoluta discrecionalidad para decidir qué auditar, cuándo y cómo informar, y qué incluir en los informes.

Así, el Auditor General puede cumplir su deber sin tener que preocuparse por una renovación en el cargo y queda garantizado que las decisiones estén guiadas exclusivamente por la evidencia, el interés público y el compromiso de salvaguardar que todas las entidades del sector público realicen el trabajo que nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, les encomendamos.

Es un modelo de gobernanza que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública. Además, proporciona estabilidad y, al término de cada mandato, la oportunidad de un nuevo liderazgo.

Ponemos el foco en proporcionar una supervisión independiente del gasto público, incidiendo tanto en las deficiencias de la administración pública como en los resultados positivos, es decir, aquellos que ponen de manifiesto la efectividad y eficiencia en la prestación de un servicio público. Nuestros hallazgos de auditoría sirven de base para el examen y el debate legislativos. Aportamos información e inteligencia operacional que, de otro modo, no suele estar al alcance de los diputados y de las comisiones parlamentarias. En este sentido, somos los ojos y los oídos del Parlamento.

Asimismo, nos esforzamos por recomendar vías que permitan mejorar la calidad y la normativa en todo el sector público, no solo en las entidades que auditamos. Sin embargo, depositamos nuestra confianza en las comisiones parlamentarias, como la Comisión de Cuentas Públicas de la Asamblea Legislativa de Australia Occidental (WA Legislative Assembly’s Public Accounts Committee; PAC) y la Comisión Permanente de Previsiones y Operaciones Financieras del Consejo Legislativo (Legislative Council’s Standing Committee on Estimates and Financial Operations; EFOC) para asegurar que las entidades actúen conforme a nuestras recomendaciones. La PAC y la EFOC continúan siendo decisivas para la labor y efectividad de nuestra EFS y, a través de ellas, rendimos cuentas ante el Parlamento.

La Ley de Enmienda del Auditor General de 2022 (Ley de Enmienda), aprobada por el Parlamento en noviembre de 2022, pero aún pendiente de proclamación, introduce unas disposiciones que suscitan gran preocupación a propósito de la independencia del Auditor General. Son disposiciones que parecen entrar en conflicto con la garantía general de independencia recogida en la actual legislación, en la que se establece claramente que el Auditor General no está sujeto a instrucciones de nadie con respecto a lo que debe auditar o reportar. Cambios de esta índole pueden restar efectividad a su función, al coartar el juicio profesional y limitar la capacidad de informar libremente en aras del interés público.

Y aunque la Ley de Enmienda se concibió con la intención declarada de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en toda la administración y aclarar, en particular, las competencias en materia de acceso a la información, también altera el marco operativo del Auditor General. Es más: impone limitaciones a la discrecionalidad informativa, incluidas restricciones sobre a quién puede informar el Auditor General y quién puede acceder a los borradores de los informes antes de su publicación.

Por mi condición de Auditora General, me sentí en la obligación de plantear públicamente estas cuestiones en los informes anuales de la Oficina del Auditor General para 2022-23 y 2023-24, advirtiendo de que las enmiendas afectarían a la capacidad de informar directamente al Parlamento sobre asuntos considerados de interés público. Casi tres años después, la Ley de Enmienda sigue ahí, sin proclamarse. Ni la EFS como institución ni yo misma apoyamos la proclamación en su actual redacción y consideramos apropiado que la legislación se someta a un cuidadoso examen por parte de la Comisión Mixta de Auditoría del Parlamento.

Como auditoras y auditores, debemos actuar sin temor y con rigor, a la vez que con consideración y respeto a la hora de tratar con el gobierno y las demás entidades. Y aunque, en última instancia, las partes acuerden no estar de acuerdo, sigue siendo esencial que nuestra EFS mantenga un enfoque ‘sin sorpresas’ a lo largo de todo el proceso de auditoría, manteniendo una comunicación proactiva y transparente a nivel ministerial, departamental y parlamentario. Este principio es un componente clave de nuestra filosofía operativa y praxis profesional.

Con todo, también es comprensible que las entidades gubernamentales aborden los informes de auditoría con cautela, sobre todo en vista de la posible repercusión de nuestros hallazgos en los medios de comunicación y en los ciudadanos, que son quienes, en definitiva, evalúan la actuación del gobierno. A fin de no perder nuestra credibilidad, debemos seguir siendo apolíticos. Y aplicar, indefectiblemente, un enfoque coherente y ecuánime en la presentación de informes, limitándonos a auditar e informar de lo que tenemos delante.

Todo esto viene a recalcar la importancia de unos informes equilibrados, lo que incluye poner de manifiesto los méritos allí donde corresponda. Aunque quizás los hallazgos positivos no susciten la misma atención mediática, sí sirven para reconocer el buen gobierno y proporcionar referentes para la mejora de las prácticas en el conjunto del sector público.

Uno de los puntos fuertes que definen nuestro sistema democrático es que los gobiernos aceptan someterse a un escrutinio independiente con respecto a cuestiones críticas de interés público y asumen el compromiso de abordar las recomendaciones de mejora. En los regímenes autoritarios no se observa nada similar. Es de vital importancia que nuestro Estado siga defendiendo una legislación sólida en materia de auditoría pública. La función de Auditor General debe seguir anclada en una independencia inequívoca y consagrada por la ley, para garantizar que quien ocupe el cargo pueda cumplir sus obligaciones para con el Parlamento y el pueblo de Australia Occidental con integridad, imparcialidad y efectividad.

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