Los retos de la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas de España en una sociedad moderna
Autor: Carlos Cubillo, Secretario General, Tribunal de Cuentas de España
El entorno económico y social en España
La sociedad española ha experimentado grandes cambios en los últimos 20 años, en sintonía con otros países de la Unión Europea. La crisis financiera de 2008 impactó fuertemente en la ciudadanía española y tuvo como resultado importantes y rápidos cambios a todos los niveles: el político, el económico y el social.
España, al igual que el resto de países del mundo, no se había recuperado aún de las consecuencias de aquella crisis económica y financiera, cuando se vio sorprendida por la irrupción de la pandemia de COVID-19. Este escenario de emergencia sanitaria puso a prueba la resiliencia del sistema legal e institucional español y, en particular, de su sistema nacional de salud.
La pandemia de COVID-19 ha inducido cambios sociales interesantes: una mayor preocupación de los ciudadanos por las inversiones públicas en sanidad e investigación, una mayor concienciación ecológica, así como una mejor predisposición hacia las innovaciones tecnológicas (como el teletrabajo) y la preservación de la ciberseguridad.
Los dos acontecimientos históricos y desafortunados citados, junto con otras circunstancias acontecidas tanto a nivel nacional como internacional, han hecho que la ciudadanía sea más exigente con el funcionamiento del sector público, más participativa en la comunidad y más sensibilizada con el futuro que espera a las nuevas generaciones.
Cambios en la organización y el funcionamiento del sector público español
La evolución de la opinión pública española, descrita en el apartado anterior, ha obligado a las autoridades públicas a adaptarse a las nuevas exigencias de la ciudadanía.
A estos efectos, en los últimos años se ha desarrollado una intensa actividad normativa dirigida a fortalecer la legalidad, eficiencia, transparencia, equidad y sostenibilidad ecológica en la organización y el funcionamiento de las instituciones públicas. Todos estos aspectos ya quedaron recogidos en la Constitución de 1978 pero, para responder a las inquietudes de la sociedad moderna, se han reforzado a través de la elaboración de nuevas normas o la actualización de las ya existentes.
Por un lado, se crea un marco legal adecuado para asegurar el cumplimiento de las leyes en toda la actividad económica y financiera del sector público y, en particular, en materia de contratos, subvenciones, urbanismo, ingresos públicos, gastos en recursos humanos y gastos de representación. De este modo se reduce la corrupción y el fraude en la gestión del patrimonio público.
Por el otro, las administraciones y otras entidades del sector público están ajustando su organización interna para poder ser más eficaces en la prestación de los servicios públicos y en la aplicación de las políticas públicas. Si las unidades están bien organizadas, sus procedimientos operativos pueden ser más seguros y eficaces.
Además, se impone un principio de transparencia en la gestión pública, de forma que, sin vulnerar la normativa sobre protección de datos de carácter personal, los gestores públicos puedan facilitar a los ciudadanos información sobre los contratos que se celebran, los presupuestos públicos, las retribuciones de los funcionarios, las subvenciones que se conceden, las ofertas públicas de empleo…
El sector público en España también ha tenido que evolucionar para evitar que sus actuaciones sean perjudiciales desde el punto de vista medioambiental y para promover procesos de desarrollo ecológico.
Y, por último, cabe señalar que la actuación del sector público ha tenido que dar un giro para responder a una sociedad preocupada por la equidad y la igualdad, especialmente en la lucha contra la discriminación de género.
Todo ello enmarcado en lo que constituye una etapa de “Ética Pública”, integrada por principios y valores deontológicos y llamada a convertir al sector público en un referente de honradez y de pulcritud.
Este proceso evolutivo también implica una constante modernización de las tecnologías y de la ciberseguridad. Dicha actualización permanente, con el horizonte de la inteligencia artificial de fondo, requiere inversiones muy elevadas de dinero, así como la formación inicial y continua de los profesionales que prestan sus servicios en el sector público.
Una sociedad en permanente y rápida transformación, como la española, precisa de un sector público moderno y dinámico. Ello presupone un inevitable esfuerzo en la elaboración de nuevas normas, cambios en la cultura de gestión administrativa, una mayor conexión con la sociedad y el aprendizaje de las técnicas de gestión que ofrece el Derecho internacional y que han dado buenos resultados.
Modernización del Tribunal de Cuentas de España
Como resultado de estos cambios en la opinión pública española y en el sector público del país, las instituciones con funciones de control y fiscalización también han tenido que realizar un importante esfuerzo de modernización para satisfacer a la ciudadanía.
El Tribunal de Cuentas de España viene desarrollando diferentes líneas de actuación para prestar un servicio de calidad en esta nueva etapa histórica.
A continuación, se exponen algunos de los principales objetivos perseguidos y los avances logrados:
- Ampliación del alcance de las auditorías. En su regulación tradicional, el Tribunal de Cuentas de España tenía encomendada la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público para comprobar su sometimiento a los principios de legalidad, eficacia y eficiencia. A partir de 2015, la nueva legislación también le confía la supervisión del impacto de la gestión de los fondos públicos en la mejora de la transparencia, la igualdad de género y la sostenibilidad medioambiental.
- Mayor implicación con la sociedad a través de la adopción de iniciativas que permitan a los ciudadanos conocer cómo funciona el Tribunal de Cuentas de su país y cómo la actividad de esta institución redunda en beneficio de su calidad de vida. En este sentido cabe destacar, por ejemplo, las visitas guiadas a las instalaciones del Tribunal, la divulgación de información en colegios, universidades, transportes públicos… la modernización del sitio web, la participación en las redes sociales y una mayor cercanía a los medios de comunicación.
- Mayor colaboración entre el Tribunal de Cuentas de España y los órganos de control externo de las Comunidades Autónomas españolas.
- Mayor participación del Tribunal de Cuentas de España en proyectos internacionales, especialmente en el ámbito de la INTOSAI, EUROSAI y OLACEFS.
- Fortalecimiento de las relaciones con el Parlamento, el poder ejecutivo y el poder judicial.
- Establecimiento de los mecanismos necesarios para el adecuado cumplimiento de la función que tiene legalmente atribuida para sancionar a los partidos políticos cuya financiación infrinja las normas.
El papel de la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas de España en una sociedad moderna
Régimen jurídico regulador de la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas de España.
El Tribunal de Cuentas de España tiene, entre otras, la función de enjuiciar la responsabilidad civil de los que tengan a su cargo el manejo de fondos públicos y vulneren las leyes, así como de los perceptores de aportaciones y ayudas económicas públicas que las reciban indebidamente o que no justifiquen el uso que han hecho de ellas o que destinen el dinero público recibido a fines ilegales.
Las características de esta función, propiamente jurisdiccional, son las siguientes:
- Enjuiciar la responsabilidad civil, que no la sanción penal o administrativa, en que puedan incurrir quienes tengan a su cargo el manejo de bienes, caudales o efectos públicos.
- Los jueces y las salas que conocen de estas responsabilidades legales están adscritos a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas de España. Las resoluciones finales dictadas en el ejercicio de esta función jurisdiccional son recurribles ante el Tribunal Supremo de España.
- Los procedimientos a través de los cuales se desarrolla la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas de España están regulados por ley y se ajustan a las garantías procesales previstas en la Constitución Española y en los tratados internacionales suscritos por España sobre la materia.
El Tribunal de Cuentas de España forma parte del Foro Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores con Funciones Jurisdiccionales constituido por la INTOSAI.
Utilidad de la función jurisdiccional del Tribunal de Cuentas para la sociedad española actual.
La competencia legalmente atribuida al Tribunal de Cuentas de España para enjuiciar las responsabilidades contables puede dar respuesta a una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual, como es que se recuperen los fondos públicos perdidos como resultado de la corrupción y el despilfarro.
Siendo una jurisdicción que enjuicia la responsabilidad civil, es óptima para lograr satisfacer este anhelo social por la integridad del patrimonio público.
Por otra parte, debe tenerse en cuenta que se trata de una jurisdicción especializada y, por tanto, idónea para interpretar con profesionalidad y conocimiento de causa cuestiones complejas de derecho presupuestario, derecho mercantil, auditoría pública y contabilidad pública. El trabajo especializado de esta jurisdicción también puede ser útil para otras jurisdicciones en el desempeño de sus tareas, ofreciendo soluciones técnicas a las cuestiones enjuiciadas en un marco de cooperación institucional entre jueces y tribunales de las distintas jurisdicciones del Estado.
Conviene señalar, asimismo, que los procedimientos de este tribunal especializado pueden ser incoados en virtud de denuncias o quejas de ciudadanos y empresas privadas, una medida legal lógica fundamentada en el hecho de que la recuperación de fondos públicos injustamente gastados constituye una importante preocupación ciudadana y, por tanto, procede potenciar la proximidad de la administración de justicia a la sociedad.
Para asumir este papel, la Función Jurisdiccional debe moverse en dos direcciones principales:
- Una reforma legislativa que agilice y modernice los procedimientos de enjuiciamiento de responsabilidades.
- Un avance en la modernización tecnológica que mejore cualitativa y cuantitativamente la tramitación de los procedimientos.
En conclusión, puede afirmarse que el modelo de Entidad Fiscalizadora Superior con función jurisdiccional se ha visto reforzado en los últimos años en varios países, entre ellos España, como consecuencia de los rápidos cambios experimentados por la sociedad y por el sector público que está a su servicio.
