Las “Trajetórias Profissionais” en la función jurisdiccional: un estudio de caso del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Autora: Tânia Lopes Pimenta Chioato, Titular de la Secretaría de Control Externo para la Función Jurisdiccional
Desde 2020, el Tribunal de Cuentas de Brasil (TCU) viene articulando una política de itinerarios o “trayectorias” profesionales, con el objetivo de alcanzar una mayor profesionalización de sus auditores. La trayectoria profesional se define como la secuencia de puestos o papeles desempeñados a lo largo de la vida laboral de un auditor y comprende las cualificaciones, experiencias y competencias necesarias para ejercer las funciones de un determinado nivel de la profesión.
Las trayectorias profesionales en el TCU se desarrollan en áreas como el análisis de datos, la auditoría de rendimiento y de cumplimiento, la auditoría financiera, la lucha contra el fraude y la corrupción, el control de las políticas públicas y la regulación y privatización. Cada trayectoria abarca, en función de su complejidad, una serie de conocimientos, habilidades y experiencias críticas para el desarrollo y crecimiento de los respectivos profesionales.
Cada trayectoria se despliega, además, en competencias y conductas, cada una de ellas asociada a su vez a una determinada herramienta de capacitación para apoyar el desarrollo del auditor, como, por ejemplo, cursos presenciales, aprendizaje a distancia, bibliografía, recursos multimedia y sitios web. También se dispone de documentos técnicos, manuales y normas nacionales e internacionales sobre las diferentes materias. Para facilitar la aplicación de los conocimientos adquiridos, existe un conjunto de auditorías consideradas de referencia por el Tribunal.
Además de las competencias técnicas, es necesario adquirir competencias interpersonales, como la integridad profesional y la ética ante adversidades, y el liderazgo y la gestión, con el fin de cumplir con la trayectoria.
El desarrollo de todas estas competencias al nivel de profesionalidad exigido para una determinada trayectoria puede proporcionar al auditor que desee incorporarse a ella el título de profesional o especialista en la materia en cuestión. A modo de ejemplo, el nivel profesional (intermedio) en Regulación y Privatización se confiere a quienes cumplan, al menos, uno de los siguientes criterios o requisitos de conocimiento:
- 100 horas de formación sobre regulación y privatización, como alumno o profesor, en los últimos diez años. Esta formación deberá estar en un mínimo de tres de los siguientes temas: Derecho Regulatorio, Economía de la Empresa, Contabilidad, Economía Regulatoria, Economía de Infraestructuras, Políticas Públicas para Infraestructuras, Matemáticas Financieras, Gobernanza Regulatoria, Gestión de Proyectos y Valoración (activos de las empresas).
- 30 horas de formación sobre regulación y privatización, como alumno o profesor, en los últimos diez años. Esta formación deberá centrarse en un sector de infraestructuras específico; o
- 20 horas de prácticas en Control Normativo, como alumno o profesor, en los últimos diez años.
Tal y como muestra la lista, cursar asignaturas y capacitaciones específicas del área de la trayectoria puede ayudar a reducir las horas requeridas. Además, haber obtenido en la última década un título de postgrado en Control Regulatorio otorgado por el centro de formación corporativa del TCU, el Instituto Serzedello Correa, puede sustituir 150 horas de formación. En el caso de que la finalización de dichos estudios haya superado una década, solo se podrán suplir 75 horas. Del mismo modo, la realización de cualquier otra carrera de postgrado en Regulación o Privatización en los últimos diez años puede sustituir 80 horas, siempre que se complementen con 20 horas de capacitación específica en prácticas de Control Regulatorio. En caso de que la finalización de estudios de postgrado no específicos supere los diez años, solo podrán suplirse 40 horas.
Pero los requisitos de conocimiento no bastan para conceder un título de especialista al auditor. Para alcanzar el nivel profesional (intermedio) en Regulación y Privatización también se exige experiencia laboral en el área, que se mide por uno de los siguientes criterios:
- la participación en tres actividades (auditoría, elaboración de informes o grupo de trabajo) que impliquen competencias de la trayectoria, en los últimos cuatro años; o bien
- la realización de proyectos de auditoría por un total de 150 horas que impliquen competencias de la trayectoria. De estas horas, un mínimo de 50 debe haberse trabajado en un puesto de coordinación.
La lista completa está disponible en el Portal de Trayectorias, cuyo acceso está restringido a los usuarios internos.
La última trayectoria profesional desarrollada por el TCU está relacionada con la función jurisdiccional. Reconociendo la importancia de proporcionar a los líderes habilidades, conocimientos y experiencias relacionadas con esta función, el TCU, a través de su centro de formación corporativa, estructuró la trayectoria profesional de la función jurisdiccional en torno a los principios fundamentales que rigen las instituciones de control superior con actividades de esta naturaleza.
Se han sugerido competencias y conductas vinculadas a la INTOSAI-P 50, la norma internacional que establece los principios fundamentales de las actividades jurisdiccionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), tal y como se expone a continuación:
| INTOSAI P-50 | Competencia | Conducta | Descripción |
| Principio 1: La ley define el régimen de responsabilidad y sanción aplicable a las personas responsables en virtud de la ley ante las EFS. | 1. Entender la actividad jurisdiccional del TCU y de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, las normas rectoras internacionales y nacionales, y el procedimiento procesal y los sistemas de gestión corporativa del Tribunal. | Actúa de conformidad con los principios de actividad jurisdiccional de los Tribunales de Cuentas. | El auditor debe estar familiarizado con los principios de las actividades jurisdiccionales de los tribunales de cuentas y ser capaz de aplicarlos en sus actividades, tal y como lo recomiendan las normas internacionales, como la INTOSAI-P 50 – Principios fundamentales de las actividades jurisdiccionales de las EFS, que corresponde a la Norma Brasileña de Auditoría del Sector Público (NBASP)-50. El auditor conoce la actividad jurisdiccional llevada a cabo en otras Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) del mundo y reconoce las similitudes, diferencias, riesgos y oportunidades en la aplicación de iniciativas internacionales destinadas a mejorar su actividad jurisdiccional. |
| ∙ principio de legalidad de los delitos, sanciones y ejecuciones; | |||
| ∙ principio de legalidad de la jurisdicción de las EFS para identificar ycalificar los delitos y pronunciar las sanciones. | |||
| Conoce las funciones y los actores internos y externos que intervienen en la ejecución de las actividades jurisdiccionales. | El empleado conoce y aplica, además de las normas fundamentales como el Reglamento Interno y la Ley Orgánica del TCU, las normas específicas relacionadas con el procedimiento, incluyendo providencias, resoluciones, instrucciones normativas y orientaciones internas centradas en el tratamiento de representaciones, quejas, cuentas especiales, recursos, comunicaciones, archivo, delegación de autoridad, seguridad de la información, entre otras esenciales para el correcto ejercicio de la actividad jurisdiccional. | ||
| Aplica adecuadamente las regulaciones que rigen las cuestiones procedimentales en el ámbito del TCU. | El empleado conoce y aplica, además de las normas fundamentales como el Reglamento Interno y la Ley Orgánica del TCU, las normas específicas relacionadas con el procedimiento, incluyendo providencias, resoluciones, instrucciones normativas y orientaciones internas centradas en el tratamiento de representaciones, quejas, cuentas especiales, recursos, comunicaciones, archivo, delegación de autoridad, seguridad de la información, entre otras esenciales para el correcto ejercicio de la actividad jurisdiccional. | ||
| Conoce y maneja, adecuadamente, los sistemas corporativos relacionados con la gestión de documentos y de procedimientos. | El empleado conoce, identifica y maneja los sistemas corporativos pertinentes para el correcto desarrollo de las actividades de gestión documental y de los procesos de control externo, así como para la elaboración de la información de gestión relativa a esta actividad. |
Cada uno de los 12 principios de la norma servirá de inspiración para la creación de competencias y conductas a desarrollar internamente, con la finalidad de implementar una cultura basada en el reconocimiento, el aprecio y el cumplimiento de las mejores prácticas en el desempeño de la función jurisdiccional. A pesar del carácter opcional de la adhesión a una trayectoria determinada, el personal cuenta con incentivos asociados a la certificación y el reconocimiento profesional. Además, se prevé armonizar las estrategias de capacitación, como la formación continua y los programas de posgrado ofrecidos por el centro corporativo del TCU, con las trayectorias aprobadas para contribuir a su implementación.
La política de trayectorias profesionales pretende proporcionar un proceso de desarrollo asertivo, optimizar la creación de equipos, identificar sucesores para puestos críticos, clarificar los requisitos para la promoción profesional, permitir a los empleados gestionar sus propias trayectorias y promover la transparencia en los criterios de éxito profesional en el TCU.
La trayectoria propia de la función jurisdiccional contribuye a esta política, fortaleciendo la institución y otorgando valor a esta atribución compartida con muchas otras Entidades Fiscalizadoras Superiores de todo el mundo.
