Q4 2025

En octubre de 2022, la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) iniciaron una cooperación para explorar los retos que afrontan las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) a la hora de salvaguardar su independencia, con la meta de no circunscribirse únicamente a los marcos legales, sino de analizar la independencia de las EFS desde un prisma más amplio y práctico e incluyendo en su estudio factores como las presiones informales, las dinámicas institucionales y las realidades políticas que, en la práctica, tienen un impacto claro en cómo se ejercita la independencia.

Largo ha sido el camino recorrido por la INTOSAI desde su primer Congreso celebrado en Cuba en 1953. Su continuidad nos demuestra el valor sempiterno de la auditoría externa y la capacidad de la propia INTOSAI para resistir los embates del tiempo como organización profesional.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) desempeñan un papel vital para la rendición de cuentas, la integridad y la transparencia del sector público. Para cumplir su función y generar confianza entre los organismos del Estado y la sociedad, las EFS necesitan ser independientes. 

Ante el complejo clima político actual, la escasa confianza de la opinión pública en las instituciones y unos presupuestos públicos cada vez más ajustados, la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) resulta hoy más relevante que nunca a fin de velar por que las administraciones públicas gestionen sus fondos de manera abierta, eficiente y en beneficio de la ciudadanía. Sin embargo, tanto la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) como la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) han constatado que las EFS se están topando con serios -y, a veces crecientes- obstáculos. Y los retos no son solo de orden jurídico, sino también práctico, especialmente en lo concerniente a las relaciones con los poderes Ejecutivo y Legislativo.

En toda África, la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) está sometida a una presión cada vez mayor. Las transiciones políticas, las crisis fiscales y los desafíos en materia de gobernanza han llevado, en algunos casos, a intentos de limitar la autoridad de las EFS, restringir su acceso a los recursos o interferir en el mandato de los auditores generales. Tales amenazas minan no solo la credibilidad de las EFS, sino también su capacidad de llevar a cabo auditorías imparciales a efectos de salvaguardar los fondos públicos y fortalecer la confianza en las administraciones públicas. En este contexto, disponer como EFS de independencia legislativa, administrativa y financiera no representa una mera aspiración teórica, sino una necesidad práctica a fin de poder cumplir con su mandato constitucional sin temor ni favoritismos.

El Plan Estratégico de la INTOSAI 2023-2028 identifica la defensa y el apoyo de la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) como una de sus prioridades centrales. Asimismo, hace hincapié en cómo la INTOSAI promueve y apoya los esfuerzos de las EFS en pro de la mejora y protección de su independencia a fin de que puedan cumplir su mandato en beneficio de los ciudadanos. 

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son la piedra angular de la gestión de las finanzas públicas y la buena gobernanza. El hecho de que ejerzan su trabajo de forma independiente es indispensable para la transparencia, la rendición de cuentas y el buen uso de los recursos públicos. El Banco Mundial considera que la independencia de las EFS no representa únicamente una aspiración legal o técnica, sino también una necesidad en términos de desarrollo. El mandato de las EFS consiste en generar confianza en la ciudadanía, exigir la rendición de cuentas por parte de los gobiernos y contribuir a los objetivos nacionales para el desarrollo, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas (Naciones Unidas, 2015). Sin embargo, nada de esto les es posible si no son plenamente independientes. 

Independencia: dícese de lo que precisan las Entidades Fiscalizadoras Superiores para poder desempeñar su función vital de promover la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. En muchos casos, sin embargo, ésta se ve comprometida por la injerencia política. Entonces, ¿cuáles son las estrategias más efectivas para salvaguardarla? Aquí, a juzgar por las investigaciones realizadas, puede que tengamos algunos conceptos erróneos de la efectividad de las medidas a adoptar en torno a este tema crucial.

La independencia constituye la piedra angular para que la auditoría del sector público goce de credibilidad. Documentos fundacionales como las Declaraciones de Lima  (INTOSAI 1977) y México (INTOSAI 2007), así como resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellas, la A/RES/66/209 (2011), A/RES/69/228 (2014), y la declaración política de la sesión especial contra la corrupción, A/S-32/L.1 (2021), avalan el consenso global de que contar con Entidades Fiscalizadoras Superiores, EFS, sólidas e independientes es un pilar indispensable para una rendición de cuentas democrática y para fortalecer la confianza pública.

Las disposiciones constitucionales y legales promulgadas en 1997 marcan un hito en la historia de la Oficina Nacional de Auditoría maltesa, cuyos orígenes se remontan a un departamento de auditoría en el seno de la propia administración pública. Ese momento histórico es equiparable a la fundación del antiguo Departamento de Auditoría, creado por el primer Gobernador británico de Malta, Sir Thomas Maitland, allá por 1814, y a la concesión de garantías constitucionales elementales al Director de Auditoría cuando Malta se convirtió en un Estado independiente en 1964. A fin de conmemorar en 2022 tan importantes logros, la Oficina Nacional de Auditoría de Malta (NAO, por sus siglas en inglés), entre otras iniciativas, publicó un libro académico titulado ‘State Audit in Times of Transition – Reflections on Change and Continuity, Challenge and Opportunity from Malta and Beyond’ (Auditoría del Estado en tiempos de transición – reflexiones sobre el cambio y la continuidad, el desafío y la oportunidad desde Malta y otros confines). Editado por el profesor Edward Warrington, incluye una colección de estudios que reflexionan esencialmente sobre el pasado y el presente de nuestra institución, pero con la vista siempre puesta en su futuro. El presente artículo está basado en el prefacio de dicho libro, al que se puede acceder en nuestro sitio web: (State-Audit-in-Times-of-Transition).

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son elementales para la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia. En Bután, la entidad que fiscaliza los recursos públicos es la Real Autoridad de Auditoría (RAA), cuya efectividad depende directamente de su independencia ante presiones políticas, económicas o institucionales. En el presente artículo se exploran las experiencias vividas por la EFS de Bután en la práctica, con especial atención a sus éxitos en la salvaguarda de su independencia y a los desafíos persistentes que afronta, partiendo de la información extraída de publicaciones oficiales, de revisiones entre pares y de casos de auditoría concretos.

La independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) es fundamental para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza en el sector público. Y este también ha sido el principio que ha guiado a la EFS de Fiyi en todo momento en su larga y tenaz andadura para modernizar el marco legal que rige su trabajo. A estos efectos, la promulgación de la Ley de Auditoría de 2025 marcó un hito histórico y es reflejo de la perseverancia, el espíritu de colaboración y la voluntad de salvaguardar la independencia de la Oficina del Auditor General de Fiyi. La Ley de Auditoría de 2025 entró en vigor en mayo de 2025.

Hace ya tiempo que la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) se reconoce como un principio fundamental para asegurar la credibilidad y la efectividad de la auditoría del sector público. De hecho, desde la adopción de la Declaración de Lima en 1977, el consenso global es palmario: las EFS no pueden cumplir eficazmente su mandato de supervisión sin disponer de un elevado grado de independencia, garantizado tanto formal como materialmente. La independencia no solo tiene una función técnica, sino también un significado normativo, conforme sustenta la rendición de cuentas de los gobiernos ante sus ciudadanos y contribuye al objetivo más amplio de fortalecer las instituciones, tal y como se articula en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, en particular, en el Objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas.

Por Caroline Spencer, Auditora General de Australia Occidental

La independencia es la piedra angular de la auditoría efectiva.

En mi función como Auditora General de Australia Occidental, la independencia no conforma un mero concepto teórico, sino una práctica habitual en la que se basan todas las auditorías que realizamos. Y es esta independencia la que nos garantiza poder llevar a cabo nuestras auditorías sin influencia o interferencia alguna y conservar así la confianza depositada en nosotros por el Parlamento y la sociedad.

En Australia Occidental, la Auditora/el Auditor General es designado para un mandato de 10 años no renovable y, como funcionario independiente del Parlamento, disfruta de absoluta discrecionalidad para decidir qué auditar, cuándo y cómo informar, y qué incluir en los informes.

Así, el Auditor General puede cumplir su deber sin tener que preocuparse por una renovación en el cargo y queda garantizado que las decisiones estén guiadas exclusivamente por la evidencia, el interés público y el compromiso de salvaguardar que todas las entidades del sector público realicen el trabajo que nosotros, como ciudadanas y ciudadanos, les encomendamos.

Es un modelo de gobernanza que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza pública. Además, proporciona estabilidad y, al término de cada mandato, la oportunidad de un nuevo liderazgo.

Ponemos el foco en proporcionar una supervisión independiente del gasto público, incidiendo tanto en las deficiencias de la administración pública como en los resultados positivos, es decir, aquellos que ponen de manifiesto la efectividad y eficiencia en la prestación de un servicio público. Nuestros hallazgos de auditoría sirven de base para el examen y el debate legislativos. Aportamos información e inteligencia operacional que, de otro modo, no suele estar al alcance de los diputados y de las comisiones parlamentarias. En este sentido, somos los ojos y los oídos del Parlamento.

Asimismo, nos esforzamos por recomendar vías que permitan mejorar la calidad y la normativa en todo el sector público, no solo en las entidades que auditamos. Sin embargo, depositamos nuestra confianza en las comisiones parlamentarias, como la Comisión de Cuentas Públicas de la Asamblea Legislativa de Australia Occidental (WA Legislative Assembly’s Public Accounts Committee; PAC) y la Comisión Permanente de Previsiones y Operaciones Financieras del Consejo Legislativo (Legislative Council’s Standing Committee on Estimates and Financial Operations; EFOC) para asegurar que las entidades actúen conforme a nuestras recomendaciones. La PAC y la EFOC continúan siendo decisivas para la labor y efectividad de nuestra EFS y, a través de ellas, rendimos cuentas ante el Parlamento.

La Ley de Enmienda del Auditor General de 2022 (Ley de Enmienda), aprobada por el Parlamento en noviembre de 2022, pero aún pendiente de proclamación, introduce unas disposiciones que suscitan gran preocupación a propósito de la independencia del Auditor General. Son disposiciones que parecen entrar en conflicto con la garantía general de independencia recogida en la actual legislación, en la que se establece claramente que el Auditor General no está sujeto a instrucciones de nadie con respecto a lo que debe auditar o reportar. Cambios de esta índole pueden restar efectividad a su función, al coartar el juicio profesional y limitar la capacidad de informar libremente en aras del interés público.

Y aunque la Ley de Enmienda se concibió con la intención declarada de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en toda la administración y aclarar, en particular, las competencias en materia de acceso a la información, también altera el marco operativo del Auditor General. Es más: impone limitaciones a la discrecionalidad informativa, incluidas restricciones sobre a quién puede informar el Auditor General y quién puede acceder a los borradores de los informes antes de su publicación.

Por mi condición de Auditora General, me sentí en la obligación de plantear públicamente estas cuestiones en los informes anuales de la Oficina del Auditor General para 2022-23 y 2023-24, advirtiendo de que las enmiendas afectarían a la capacidad de informar directamente al Parlamento sobre asuntos considerados de interés público. Casi tres años después, la Ley de Enmienda sigue ahí, sin proclamarse. Ni la EFS como institución ni yo misma apoyamos la proclamación en su actual redacción y consideramos apropiado que la legislación se someta a un cuidadoso examen por parte de la Comisión Mixta de Auditoría del Parlamento.

Como auditoras y auditores, debemos actuar sin temor y con rigor, a la vez que con consideración y respeto a la hora de tratar con el gobierno y las demás entidades. Y aunque, en última instancia, las partes acuerden no estar de acuerdo, sigue siendo esencial que nuestra EFS mantenga un enfoque ‘sin sorpresas’ a lo largo de todo el proceso de auditoría, manteniendo una comunicación proactiva y transparente a nivel ministerial, departamental y parlamentario. Este principio es un componente clave de nuestra filosofía operativa y praxis profesional.

Con todo, también es comprensible que las entidades gubernamentales aborden los informes de auditoría con cautela, sobre todo en vista de la posible repercusión de nuestros hallazgos en los medios de comunicación y en los ciudadanos, que son quienes, en definitiva, evalúan la actuación del gobierno. A fin de no perder nuestra credibilidad, debemos seguir siendo apolíticos. Y aplicar, indefectiblemente, un enfoque coherente y ecuánime en la presentación de informes, limitándonos a auditar e informar de lo que tenemos delante.

Todo esto viene a recalcar la importancia de unos informes equilibrados, lo que incluye poner de manifiesto los méritos allí donde corresponda. Aunque quizás los hallazgos positivos no susciten la misma atención mediática, sí sirven para reconocer el buen gobierno y proporcionar referentes para la mejora de las prácticas en el conjunto del sector público.

Uno de los puntos fuertes que definen nuestro sistema democrático es que los gobiernos aceptan someterse a un escrutinio independiente con respecto a cuestiones críticas de interés público y asumen el compromiso de abordar las recomendaciones de mejora. En los regímenes autoritarios no se observa nada similar. Es de vital importancia que nuestro Estado siga defendiendo una legislación sólida en materia de auditoría pública. La función de Auditor General debe seguir anclada en una independencia inequívoca y consagrada por la ley, para garantizar que quien ocupe el cargo pueda cumplir sus obligaciones para con el Parlamento y el pueblo de Australia Occidental con integridad, imparcialidad y efectividad.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son elementales para salvaguardar los recursos públicos, velar por que los gobiernos rindan cuentas y fomentar la transparencia en la gestión de los fondos públicos. Un factor clave para cumplir estas funciones es la independencia de influencias externas indebidas, gracias a la cual es posible realizar auditorías desde la objetividad y la credibilidad. Tal y como se subraya en las orientaciones de la INTOSAI, las EFS operan con la máxima efectividad cuando se encuentran protegidas frente a toda interferencia, ya que esto las faculta para desarrollar las estrategias adecuadas, recabar la información necesaria y presentar sus hallazgos sin reservas (INTOSAI, 2019). Las influencias políticas, las limitaciones presupuestarias y el acceso restringido a los registros son factores susceptibles de socavar la calidad de la auditoría y mermar la confianza pública. En el presente artículo se expone cómo el Tribunal General de Cuentas de Arabia Saudita ha sorteado con éxito los desafíos a su independencia mediante unos marcos legales rigurosos y su ejecución disciplinada, al tiempo que esboza algunas ideas prácticas que otras EFS pueden hacer suyas para reforzar su independencia y, de este modo, mejorar la gobernanza y la confianza de la ciudadanía.

Desde su adopción en 2007, la Declaración de México sobre la Independencia de las EFS ha marcado un hito en el fortalecimiento de la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) del mundo entero. Con la codificación de ocho principios, estableció un consenso mundial: la independencia es esencial para la credibilidad de la auditoría pública.

La independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) se reconoce, de manera generalizada, como la piedra angular de una fiscalización pública eficaz. La Declaración de Lima¹ (INTOSAI-P 1) enfatizó que «Las Entidades Fiscalizadoras Superiores solo pueden cumplir eficazmente sus funciones si son independientes de la institución controlada y se hallan protegidas contra influencias exteriores.» Partiendo de este principio, el Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), uno de los tribunales de cuentas estatales de Brasil, ha invertido mucho esfuerzo para transformar los principios fundamentales de las ISSAI en rutinas operativas concretas. Estos esfuerzos no solo se han dirigido a elevar la calidad metodológica, sino también a salvaguardar la independencia en la práctica y garantizar que las actividades de fiscalización sigan permaneciendo resistentes a las presiones políticas, económicas e institucionales.

El tema de la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) vuelve a estar en el candelero, hoy más que nunca, en el contexto de los complejos y entreverados cambios y crisis geopolíticas, económicas y medioambientales. En un momento de apremiante necesidad de instituciones de fiscalización independientes y efectivas -en particular, teniendo en cuenta el aumento constante del gasto público, la progresión de la deuda pública y, por otro lado, el escaso crecimiento de los ingresos del Estado-, resulta que estas instituciones se enfrentan a presiones que socavan su independencia y afectan negativamente a su capacidad de desempeñar las funciones encomendadas. Estas presiones adoptan diversas formas, como los recortes presupuestarios o la no provisión de recursos suficientes para realizar su trabajo de la forma debida, la injerencia en sus programas y resultados y, en algunos casos, incluso el despido de funcionarios o el retraso en su nombramiento

La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Belice no es una institución plenamente independiente. Si bien su mandato legal le permite llevar a cabo las auditorías que estime oportunas, para la contratación de personal y la aprobación de su presupuesto depende de los respectivos ministerios competentes. Se me designó nueva Auditora General en marzo de 2025 y estuve dedicada los seis primeros meses de mi mandato a mantener reuniones con las diferentes partes interesadas a fin de iniciar el debate sobre las razones por las que debería reforzarse la independencia de la EFS de Belice. 

Constituida en 1990, la Cámara Territorial de Cuentas de la Polinesia Francesa tiene su sede en Papeete (Tahití) desde el año 2000, asumiendo, a partir de ahí, sus funciones jurisdiccionales y de control en su calidad de Entidad Fiscalizadora Superior (EFS). Con una plantilla de actualmente 13 personas, incluidos 6 magistrados y magistradas, contribuye a la información de los ciudadanos y a la mejora de la gestión pública local.

La independencia no es un mero principio teórico de gobernanza de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), sino una condición sine qua non para la materialización de una rendición de cuentas públicas creíble. La independencia es también el eje en torno al cual gira la INTOSAI-P 10. Y la INTOSAI-P 10 es la que permite enfatizar a la Junta de Auditoría de la República de Indonesia que solo puede ser objetiva y eficaz si es independiente de la entidad auditada y si se encuentra protegida frente a influencias externas. La confianza pública representa el mayor activo de cualquier institución estatal. Esta confianza emana de una cualidad fundamental: la independencia, esto es, la libertad de trabajar de forma objetiva, honesta y libre de presiones por parte de terceros. Por ende, la independencia de la BPK es la piedra angular del reconocimiento y de la fiabilidad de sus resultados de auditoría, así como de su impacto real en la mejora de la gobernanza financiera del Estado. 

La independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) es un elemento esencial para asegurar la efectividad de la función de auditoría. Garantiza que los resultados de auditoría sean objetivos, creíbles y libres de influencias externas. La independencia reafirma la confianza pública en el proceso de auditoría y fortalece los mecanismos de rendición de cuentas a nivel de gobierno. No obstante, cuando se auditan entidades gubernamentales sensibles, como los organismos de Seguridad Nacional, uno se puede encontrar con importantes retos para la independencia de las EFS.

La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Mozambique sigue operando conforme a un modelo híbrido heredado de la época colonial, que se asemeja mucho al modelo jurisdiccional. El Tribunal Administrativo de Mozambique (TA) integra tres tribunales diferentes en una única organización, estructurada en, respectivamente, tres Secciones. La Primera Sección es la encargada de los procedimientos contencioso-administrativos y la Segunda Sección, de los litigios fiscales y aduaneros. La Tercera Sección desempeña las funciones de una EFS. Pese a un visible y continuado proceso de desarrollo institucional, el principal obstáculo para el progreso del TA siempre ha sido su estructura híbrida. Tal configuración dificulta la independencia organizativa, financiera y funcional de la institución, que es lo que, a su vez, conforma la base para el funcionamiento efectivo de una EFS, tal y como se reconoció en 1977 en la Declaración de Lima. En consecuencia, en Mozambique no existe una EFS plenamente funcional que cumpla las recomendaciones de las Naciones Unidas (NU), de la INTOSAI y de las mejores prácticas internacionales. 

Puesto que la independencia de las EFS es la piedra angular de su capacidad de salvaguardar los recursos públicos, promover la transparencia y potenciar la confianza en los gobiernos, existe un amplio consenso en la esfera internacional de la fiscalización en que, sin autonomía institucional, financiera y operativa, las conclusiones y recomendaciones de las auditorías corren el riesgo de ser influenciadas, infravaloradas o ignoradas, lo que socava la rendición de cuentas. Por ello, se ha afirmado sistemáticamente a través de marcos como las Declaraciones de Lima y México que las EFS independientes constituyen un pilar esencial de la gobernanza democrática. Ahora bien, la independencia no es un ‘estatus’ inalterable, en la medida en que requiere de protección y adaptación a unas realidades en constante evolución.

El concepto de ‘independencia de la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS)’ se define como la capacidad de la EFS para llevar a cabo sus tareas de forma objetiva y efectiva y de estar protegida de las influencias exteriores. Dicha independencia, o el grado de independencia que resulte necesario a tal efecto, deberá establecerse en la Constitución, los aspectos concretos podrán ser regulados por medio de la legislación y habrá de garantizarse un mandato de auditoría independiente (Declaración de Lima de 1977). El concepto de ‘independencia organizativa’ designa la autonomía financiera y gerencial/administrativa (Declaración de México, 2007). Todo ello se alcanza mediante la implementación de los principios clave, el uso de diversas herramientas y la aplicación de salvaguardias que promuevan la rendición de cuentas y aseguren la transparencia.

La Declaración de Beijing de 1995 trazó una hoja de ruta para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Desde entonces, la comunidad internacional ha ido tomando conciencia de que el liderazgo femenino es esencial para el desarrollo de estrategias y programas públicos, de modo que los derechos, las prioridades y las necesidades de todos los miembros de la sociedad estén justamente representados. 

La primera edición del Programa de Excelencia para Jóvenes Auditores ASOSAI tuvo lugar en Nanjing y Shanghái, China, del 22 al 26 de septiembre de 2025, y a ella asistieron más de 90 jóvenes auditores y auditoras de 42 EFS. 

La rápida expansión de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector público ha puesto a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) ante una nueva dimensión de la fiscalización. Entre promesas de mayor eficiencia y riesgos significativos para la ética, la transparencia y la rendición de cuentas, el papel de las EFS exige discernimiento técnico y autonomía institucional.