En 2022, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y el Contralor General de la Unión llevaron a cabo una auditoría de la política de desarrollo regional relativa al sector automovilístico (PADR) del gobierno brasileño. Esta política, instaurada a finales de la década de 1990, concedía créditos fiscales a los fabricantes de automóviles que asentaran fábricas en regiones menos desarrolladas de Brasil.
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