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La labor de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos (Government Accountability Office’s; GAO) genera rutinariamente recomendaciones para mejorar la eficiencia y la eficacia de los programas gubernamentales, lo que redunda en ahorros y mejoras mensurables. Desde el año fiscal (AF) 2002, el trabajo de la GAO ha supuesto unos beneficios económicos de cerca de 1,38 billones de dólares y más de 28.000 mejoras operativas y de programas, que han contribuido a enmendar leyes, optimizar la seguridad pública y otros servicios, y promover una mejor gestión en el conjunto de la Administración. Solo en el AF 2023, los beneficios económicos derivados de la labor de la GAO alcanzaron los 70.400 millones de dólares, lo que supone un retorno de unos 84 dólares por cada dólar invertido en la GAO. Además, la GAO llegó a identificar 1.220 efectos positivos de otro tipo, que son aquellos que no se pueden cuantificar en dólares, pero que se han traducido en mejoras programáticas y operativas a nivel de todo el gobierno. Algunos ejemplos de logros recientes son:

La Cour des comptes y las Cámaras Regionales y Territoriales de Cuentas (CRTC) francesas han experimentado un profundo cambio con la reforma del régimen de responsabilidades financieras de los gestores públicos, en vigor desde el 1 de enero de 2023. Hasta esa fecha, las funciones contenciosas de estas jurisdicciones financieras estaban articuladas en torno a dos regímenes de responsabilidad diferentes: el aplicable específicamente a los contables públicos (que llevan la caja y la contabilidad) y el aplicable con carácter general a los gestores públicos “ordenadores” (aquellos que deciden sobre los ingresos y gastos).

Por primera vez, las autoridades del Estado deberán presentar una declaración jurada ante la Contraloría General de la República del Perú sobre sus vínculos personales, familiares, laborales, económicos y financieros, a fin de identificar y evitar posibles conflictos de intereses. Esta medida contribuirá a garantizar la transparencia, independencia y objetividad de quienes se desempeñan en la administración pública.