La participación ciudadana en el monitoreo de las decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión: un camino hacia la transparencia y la eficiencia en la gestión pública

Autor: Klauss Nogueira; auditor de la Unidad Especializada de Auditoría de Tecnología de la Información del TCU (Tribunal de Cuentas de la Unión – Brasil). 

Introducción

En 2023, el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), la EFS de Brasil, emitió 137 decisiones que contenían deliberaciones para sus unidades jurisdiccionales. Estas decisiones generaron 1.110 ítems sujetos a monitoreo, incluyendo determinaciones y recomendaciones. El monitoreo de la implementación y del impacto de estas deliberaciones son procesos no menos importantes que las propias auditorías, que exigen un esfuerzo considerable en términos de recursos de la EFS.

En este sentido, resulta imperativo para el TCU aprovechar la fuerza y el apoyo que supone la participación ciudadana en esta tarea, a fin de potenciar y enriquecer exponencialmente las acciones de monitoreo a través de la implicación de la ciudadanía en las actividades de control.

En los últimos años, el TCU se ha esforzado por implementar estrategias y mecanismos de participación ciudadana en el control externo, siguiendo las orientaciones de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Dichas instituciones han comprendido que la participación ciudadana resulta fundamental para mejorar la gestión pública y la calidad institucional. Por ello, han alentado a las EFS a interactuar con agentes externos interesados en promover la participación activa de la sociedad civil, tal y como se establece en la Declaración de Asunción de la OLACEFES, de 2009, y la Declaración de Punta Cana de la OLACEFS, de 2016.

El TCU explora opciones innovadoras para involucrar a los ciudadanos en el monitoreo de las decisiones

En 2018, en un concurso interno de ideas innovadoras en materia de control, fue premiado el artículo ‘Control social de las deliberaciones del TCU’ por su propuesta de poner a disposición de la sociedad, a través de una página web, un sistema para consultar las deliberaciones no confidenciales del Tribunal. Este sistema permitiría realizar consultas consolidadas con arreglo a diversos criterios, como función gubernamental, organismo, tema, estado de cumplimiento, fecha, proceso, etc. Así, una consulta sobre las deliberaciones no atendidas por parte de un organismo X daría como resultado todas las determinaciones y recomendaciones aún pendientes de implementación en ese organismo X, indicándose el proceso y la decisión que las sustentó. Aunque esta propuesta no se llevó a la práctica, sí dio pie a nuevos debates sobre las formas en las que el TCU podría hacer participar a la ciudadanía en el monitoreo.

Proporcionar esta información en el marco de un sistema público y fácil de usar contribuiría a aumentar la transparencia de las actuaciones del TCU, además de permitir a las organizaciones de la sociedad civil ejercer el necesario control social, ayudando así incluso al control externo en el monitoreo de las deliberaciones.

Asimismo, la disponibilidad de esta información en formato abierto permitiría a investigadores y organizaciones de la sociedad civil hacer sus propios análisis del conjunto de datos de las deliberaciones, recurriendo a procedimientos tecnológicos como la minería de datos, big data, inteligencia artificial, entre otros, con la finalidad de conocer las características de las deliberaciones con índices de implementación más altos o más bajos, retroalimentando así el sistema de control externo.

El TCU establece múltiples ordenanzas para orientar los enfoques de participación ciudadana

Siguiendo esta línea de acercamiento a la participación ciudadana, también en 2018 el TCU publicó la Ordenanza 345/2018, por la que se aprobó la guía ‘El TCU y el Control Social’, con el objetivo de establecer las directrices generales para interactuar con el control social, así como de sentar las bases para desarrollar una estrategia de asociación o alianza con la sociedad para ejercer el control de la administración pública. En este documento se anticipaba que las organizaciones de la sociedad civil podrían ayudar a monitorear las acciones de la entidad auditada para que esta diera cumplimiento a un informe de auditoría. En conjunción con la presión mediática, este monitoreo podría ejercer presión sobre la entidad auditada apara que adopte las medidas correctoras necesarias. En 2023, la Ordenanza Segecex N^o 24 estableció las Directrices sobre Participación Ciudadana, marcando un hito importante en el camino hacia una interacción más profunda entre el TCU y la sociedad. Esta ordenanza reconoció la relevancia de la participación ciudadana en el proceso de auditoría y el control de la administración pública, alentando a la colaboración y el intercambio de información.

A través de estas directrices, el TCU aspira no solo a informar y educar a la población sobre sus derechos y deberes en la fiscalización de los recursos públicos, sino también abrir cauces a la contribución activa de los ciudadanos en el proceso de control.

Con respecto a las fases de presentación de informes y monitoreo, la Ordenanza Segecex N.^o 24 formuló directrices para crear versiones simplificadas de los informes de interés para la ciudadanía y para involucrar a las entidades de participación ciudadana en el monitoreo de las decisiones.

Cabe destacar, finalmente, que la Declaración de Lima de 2024, producto de la Fuerza de Tarea sobre Participación Ciudadana e Interacción con la Sociedad Civil de la INTOSAI, reconoció la implicación activa de ciudadanos e instituciones como factor relevante para aumentar el alcance e impacto de la auditoría del sector público.

El TCU desarrolla un marco y una plataforma digital para el control ciudadano participativo

En base a las orientaciones de importantes instituciones, la INTOSAI y la OLACEFS, y con el establecimiento de un marco regulatorio interno a través de directrices sobre participación ciudadana, el TCU ha buscado materializar dicha participación ciudadana en el ejercicio del control. En este contexto ya se han llevado a cabo algunos trabajos con interacción del control social, como el de la Fuerza de Tarea Ciudadana 2021, donde ciudadanos voluntarios, capacitados por auditores de entidades de supervisión, evaluaron la transparencia pasiva y activa de los portales de transparencia de los municipios. 

Los resultados revelaron una clara falta de datos, lo que dificulta a las entidades de supervisión y a la sociedad el monitoreo a través del control social. Ante la evidencia de irregularidades, se dio aviso a las autoridades competentes para que adoptaran las medidas oportunas, entre otras, la imposición de multas y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

El proyecto sigue en curso y en el año 2023, la Ordenanza Segecex N^o 24 reguló la estructura utilizada en la Fuerza de Tarea Ciudadana como el modelo institucional a seguir por el TCU.

En otro orden de cosas, se desarrolló una plataforma de servicios digitales, Conecta-TCU, con la finalidad de posibilitar la interacción con el TCU, permitir el acceso a información y servir a la comunicación procedimental. La plataforma está compuesta por varios módulos ya en funcionamiento, destinados a los organismos y entidades destinatarios de las resoluciones del TCU, así como por el módulo del Ciudadano, cuya puesta en marcha está prevista para 2025 y que permitirá acceder a los datos de los ítems supervisables de cada deliberación. 

Al disponer de acceso a una información consolidada sobre todas las resoluciones emitidas por el TCU en un sitio de fácil consulta, las organizaciones de la sociedad civil gozarán de un mayor grado de transparencia y rendición de cuentas. Este acceso les permitirá monitorear más eficazmente las acciones del gobierno, abogar por mejores prácticas en materia de gobernanza y contribuir a que los funcionarios públicos rindan cuentas de sus decisiones y gastos.

Actualmente, el TCU busca acercarse a entidades que trabajan con datos públicos y control social para identificar las lagunas de información en la comunicación del TCU con la sociedad. Se espera que este acercamiento se traduzca en la disponibilidad de información clara y accesible y en la creación de mecanismos que faciliten la interacción entre el Tribunal y los ciudadanos.

Conclusión

El monitoreo de las decisiones del TCU con la participación activa de la ciudadanía es crucial para el fortalecimiento de la democracia y la promoción de una administración pública más transparente, eficiente y responsable. Las Directrices sobre Participación Ciudadana, el reconocimiento del control social como un complemento esencial del trabajo del TCU y las iniciativas internacionales, como la Declaración de Lima, son pasos importantes en este camino. 

Además, la implementación del control ciudadano participativo con respecto a los resultados de las auditorías ejecutadas por otras Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) u organizaciones de auditoría podría suministrar información valiosa para potenciar la confianza pública, promover la rendición de cuentas y fomentar prácticas de gobernanza más eficaces a nivel global. La inclusión de la participación ciudadana en los procesos de auditoría tiene el potencial de fortalecer los mecanismos de supervisión democrática y mejorar la calidad y el impacto generales de los esfuerzos de auditoría del sector público en todo el mundo.

Al promover y facilitar la participación ciudadana, el TCU no solo amplía el alcance y la efectividad de sus decisiones, sino que también contribuye a construir una sociedad más informada y comprometida, capaz de ejercer su papel en el control de la administración pública.