El compromiso con la sociedad civil facilita la realización de auditorías de alta calidad en tiempos de crisis: perspectivas de la GAO de EE.UU.

Autor: Gene L. Dodaro, Contralor General de la GAO de EE.UU.

Fuente: U.S. GAO

En los últimos años, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) han comprendido cada vez mejor el valor de comprometerse con la sociedad civil como una forma de mejorar la rendición de cuentas de los gobiernos y la calidad de sus auditorías. Aunque en el curso normal de nuestro trabajo solemos colaborar con la sociedad civil, en ningún momento este aspecto ha demostrado ser tan importante como en situaciones de emergencia mundial, tal y como se ha podido comprobar durante la pandemia de COVID-19, que estamos padeciendo ya desde hace tres años.

La GAO tiene el importante papel de monitorear la respuesta del gobierno federal de los Estados Unidos frente al COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, nuestro gobierno ha autorizado 4,6 billones de dólares en gastos de emergencia, repartidos entre toda una serie de agencias federales y sectores de nuestra sociedad. Desde el 1 de marzo de 2020 hasta el 5 de agosto de 2022, la GAO había emitido 174 productos relacionados, proporcionando una supervisión en tiempo real de estos fondos. 

Hasta el 30 de septiembre de 2022, la GAO ha formulado un total de 368 recomendaciones a efectos de optimizar las operaciones federales relacionadas con la pandemia. Estas recomendaciones incluyen mejoras en diversas áreas, como, por ejemplo, la de informar públicamente de los datos de vacunación contra el COVID-19 en las residencias de ancianos o focalizar el alcance de la vacunación en los veteranos militares. Las agencias han abordado total o parcialmente el 37 por ciento de estas recomendaciones hasta septiembre de 2022. Para ser más exactos, habían atendido plenamente el 26 por ciento (94 recomendaciones) y parcialmente otro 11 por ciento (42 recomendaciones) de las mismas.

Para llevar a cabo este trabajo, mantuvimos entrevistas con numerosas organizaciones de la sociedad civil y con el público en general, recopilando así información de primera mano sobre los programas, los participantes y los resultados. También recomendamos formas de mejorar los servicios para los colectivos clave de la sociedad que se han visto más afectados por la pandemia. Entre ellos, los ancianos, los veteranos militares, los niños, las personas que viven en la pobreza, los enfermos mentales, el personal sanitario e instituciones de sanidad, así como aquellos que han visto alterada su situación de ingresos.  

Para nuestros informes relacionados con la pandemia, hemos entrevistado a: 

  • organizaciones nacionales que representan a las residencias de ancianos, a los residentes y a sus familias, junto con investigadores especializados en el control de infecciones en estos centros, con objeto de identificar modos para mejorar las condiciones en los mismos;
  • funcionarios que representan a la asociación nacional de residencias estatales de veteranos, con objeto de recomendar mejoras para las inspecciones de este tipo de instalaciones; 
  • organizaciones defensoras de los estudiantes del idioma inglés (ELL) K-12, así como de los estudiantes con discapacidades, a los que se les impartió educación a distancia durante la pandemia. Esto incluyó a asociaciones de educadores, directores de escuelas y administradores de educación especial, con objeto de evaluar la situación del aprendizaje a distancia para estas comunidades;
  • representantes de organizaciones nacionales que desarrollan actividades de promoción, capacitación e investigación relacionadas con el bienestar de la población infantil, con objeto de evaluar los desafíos de este tipo de agencias durante la pandemia;
  • expertos en salud pública y grupos de partes interesadas que representan a más de 100.000 funcionarios y empleados del sistema de salud público a nivel estatal y local; laboratorios nacionales, regionales, comunitarios y del sistema sanitario; directores de escuelas; y personal de residencias de ancianos, médicos y enfermeras en el marco de nuestra revisión de las directrices para pruebas COVID;
  • grupos de interés en materia de salud pública, organizaciones de asistencia nutricional y distribuidores de alimentos, con objeto de comprender las repercusiones de la pandemia sobre los programas de asistencia nutricional; 
  • organizaciones que representan a los proveedores de servicios de salud mental, a fin de evaluar el impacto de la pandemia sobre la salud mental. Asimismo, revisamos los datos de una encuesta realizada a los hogares y la información sobre las llamadas de ciudadanos a líneas de ayuda telefónica; y a
  • socios del gobierno que representan a los jubilados, a organizaciones de defensa de la nutrición, a coaliciones de organizaciones benéficas, así como a una organización promotora de viviendas para personas de bajos ingresos, con objeto de recomendar mejoras en los pagos por impacto económico a particulares.

La GAO también hace partícipes a las partes interesadas externas de la garantía de la rendición de cuentas, al permitir que estas partes informen sobre presuntos fraudes, despilfarros o abusos relacionados con los recursos del gobierno a través de una línea directa. Así, en el ejercicio 2022 hemos recibido 607 denuncias en Fraudnet, todas ellas específicamente relacionadas con la financiación de emergencia COVID-19.

Sobre la base de las experiencias adquiridas a lo largo de la pandemia de COVID-19, seguimos implicando a la sociedad civil en nuestras demás tareas. Contamos con un proceso formal en nuestras auditorías para identificar a las partes interesadas relevantes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, que puedan aportar un amplio espectro de puntos de vista y ponernos en contexto a la hora de definir y llevar a cabo nuestros compromisos. 

Entre otras cosas, el público tiene acceso a todos nuestros informes no clasificados y a la base de datos de recomendaciones abiertas a través de nuestro sitio web. Nos reunimos y colaboramos con varios consejos consultivos, además de con el Centro de Previsión Estratégica (CSF) de la GAO, recibiendo así insumos de alto nivel de una serie de expertos externos. Estos expertos nos proporcionan información importante sobre todo el espectro de desarrollos en segmentos clave de la sociedad, incluido el mundo académico, los think tanks, las organizaciones sin ánimo de lucro y los sectores público y privado. 

Agradezco la oportunidad de compartir nuestras perspectivas y experiencias sobre la importancia que tiene el compromiso con la sociedad civil para mejorar las auditorías durante las situaciones de emergencia nacionales y mundiales, como la creada, por ejemplo, por la pandemia de COVID-19. La colaboración con una gran variedad de grupos de la sociedad civil e importantes partes interesadas nos ha ayudado a cumplir con nuestra misión de mejorar el desempeño del gobierno federal y contribuir a asegurar la rendición de cuentas del sector público. Esperamos poder seguir compartiendo conocimientos y prácticas con la comunidad de la INTOSAI.

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