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La aplicación de algoritmos y de tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) en el ámbito de la Administración ofrece muchas oportunidades para mejorar los procesos gubernamentales, la prestación de servicios públicos, la participación ciudadana y el apoyo a la resolución de desafíos sociales. Es por ello que este tipo de tecnologías se está convirtiendo en un elemento que influye cada vez más en cómo actúan las administraciones públicas. No obstante, la introducción de la IA también entraña riesgos si no se implanta de forma responsable. Puede comportar, por ejemplo, sesgos que conduzcan a resultados discriminatorios o a una protección inadecuada de los datos personales. La falta de transparencia en el uso de la tecnología también puede llegar a plantear retos en materia de gobernanza.

En las últimas décadas, muchas Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) han pasado a considerar la auditoría de rendimiento como una de sus principales tareas. Las auditorías de rendimiento amplían el papel de una EFS de auditor público principal a juez, jurado e incluso a consultor de gestión. La INTOSAI ha promovido y promueve la auditoría de rendimiento como método para comprobar la economía, la eficacia y la eficiencia de la política gubernamental (“las 3 E”), además de como medio para reforzar la rendición de cuentas y la transparencia de la Administración. 

Los algoritmos pueden hacer opacas, o una “caja negra”, las operaciones gubernamentales. Con unas directrices limitadas, ¿cómo pueden las EFS evaluar si los gobiernos utilizan los algoritmos de forma responsable y legal? Con su informe de enero de 2021 “Entender los algoritmos”, el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos (T…)

Cuando comenzó la pandemia de COVID-19 a principios de 2020, el Tribunal de Cuentas de los Países Bajos estaba trabajando en un programa de cooperación de cinco años denominado “Sharaka” con siete Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) asociadas de Argelia, Irak, Jordania, Marruecos, Palestina, Sudán y Túnez.