La EFS de Lituania evalúa la mitigación del impacto de la pandemia en la salud mental
En julio de 2021, la Oficina Nacional de Auditoría de Lituania publicó un informe en el que se evaluaba el modo en que el gobierno había mitigado el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental, así como la disponibilidad de servicios de salud mental. El informe también incluía una encuesta a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Unión Europea para conocer los esfuerzos y experiencias de otros países en este ámbito.
La Oficina Nacional de Auditoría descubrió que el acceso a los servicios de salud mental durante la pandemia ha sido insuficiente. El número de visitas a profesionales de salud mental primaria aumentó alrededor del 17 por ciento en 2020 en comparación con 2019, pero la cantidad de tiempo que los pacientes tuvieron que esperar para ser atendidos por psiquiatras adultos y psicólogos médicos se mantuvo igual, mientras que los tiempos de espera para psiquiatras infantiles y adolescentes aumentaron un 23 por ciento. Tanto los adultos como los niños tuvieron que esperar a menudo más tiempo para recibir servicios de salud mental que los siete días naturales establecidos por la ley.
La evaluación también concluyó que el gobierno no ha hecho lo suficiente para informar al público sobre la disponibilidad de servicios de salud mental. Según una encuesta encargada por la Oficina Nacional de Auditoría, el 65,7% de los encuestados no tenía conocimiento de la existencia de apoyo psicológico durante la pandemia; el 55% desconocía que el Centro Estatal de Salud Mental ofreciera apoyo psicológico gratuito; y el 69% ignoraba que las oficinas municipales de salud pública prestaran tales servicios.
Lituania es uno de los pocos países de la Unión Europea que ha adoptado un plan de acción para mitigar el impacto de la pandemia en la salud mental. Sin embargo, la Oficina Nacional de Auditoría descubrió que el gobierno podría mejorar el diseño y la aplicación de las medidas del plan. Entre los motivos de preocupación figuran el limitado alcance de las medidas destinadas a niños y jóvenes, la falta de una planificación precisa del uso de los fondos asignados y la falta de criterios para evaluar los resultados de medidas concretas.
Como la evaluación no era una auditoría, la Oficina Nacional de Auditoría no hizo ninguna recomendación oficial al Gobierno. Sin embargo, en su informe, la Oficina Nacional de Auditoría afirmaba que la aplicación de las recomendaciones de auditorías anteriores sobre la mejora de la accesibilidad y los tiempos de espera de los servicios y la solución de la escasez de especialistas ayudarían al Gobierno a resolver los problemas detectados.
