La transición energética en el contexto de la crisis climática
El presidente de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), el ministro Bruno Dantas, en su carta abierta de junio de 2024, escribe sobre cómo la energía es esencial para el crecimiento económico y el desarrollo social, ya que impulsa nuestros hogares, industrias y sociedades. En el centro de la agenda mundial, desempeña un papel vital a la hora de abordar los apremiantes retos del desarrollo sostenible de nuestro tiempo.
El Acuerdo de París, firmado en 2015 durante la 21ª Conferencia de las Partes (COP21), surgió como una estrategia global para contrarrestar la amenaza del cambio climático mediante esfuerzos de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Uno de los compromisos clave asumidos en el acuerdo es limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.
En línea con esta estrategia, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU), a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establece el ODS 7 para garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
Datos de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) [1] indican que el sector energético es responsable de más del 75% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Además, la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) [2] afirma que, para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, hay que reducir las emisiones de CO₂ y conseguir emisiones netas cero en el sector energético para 2050. Esto requiere un aumento significativo de la cuota de energías renovables en la combinación energética mundial, del 16% en 2020 al 77% en 2050, y una inversión total estimada de 150 billones de USD, con una media anual de más de 5 billones de USD, lo que representa unas cuatro veces el nivel actual de inversión.
Sin embargo, el panorama mundial muestra claras disparidades en la accesibilidad y asequibilidad de la energía limpia. La inversión en energías renovables sigue concentrada en un número limitado de países y centrada en una estrecha gama de tecnologías, y el 85% de la inversión mundial beneficia a menos del 50% de la población mundial.
La COP28, celebrada en Dubai a finales de 2023, presentó el Primer Balance Global del Acuerdo de París, concluyendo que las actividades humanas, principalmente a través de las emisiones de gases de efecto invernadero, han provocado un calentamiento global de aproximadamente 1,1 ºC. Estos impactos ya se están dejando sentir en todo el mundo, afectando desproporcionadamente a los que menos han contribuido a estos cambios, y se prevé que las pérdidas y los daños aumenten con un mayor calentamiento. Además, las respuestas de adaptación son fragmentarias, graduales y desiguales entre regiones, con importantes lagunas que seguirán aumentando.
A la luz de los compromisos vinculantes asumidos por las naciones, los alarmantes niveles de emisiones del sector energético y la rápida intensificación de los impactos del cambio climático, la conferencia hizo hincapié en la apremiante necesidad de una acción decisiva para mantener el objetivo de limitar el calentamiento global, lo que requiere esfuerzos conjuntos para mitigar la crisis, realizar la transición a economías bajas en carbono y reforzar la resiliencia frente a los impactos de la crisis climática.
Las transiciones energéticas justas e inclusivas son esenciales para reducir las emisiones, mejorar la eficiencia energética y promover la equidad. Ante la urgente crisis climática y el imperativo de la inversión tanto pública como privada, las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) desempeñan un papel crucial en el apoyo a las transiciones energéticas equitativas. A través de nuestros esfuerzos, podemos contribuir a reforzar las estructuras institucionales, promover un entorno favorable a la inversión y unas políticas públicas eficaces, y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas evaluando la integridad, la eficiencia y la eficacia de las políticas relacionadas con las transiciones energéticas. Esto incluye reforzar las instituciones y prácticas reguladoras, mitigar los riesgos financieros y supervisar las iniciativas destinadas a aumentar las inversiones en energías renovables, especialmente en los países en desarrollo y las economías emergentes.
Una investigación reciente llevada a cabo por el Grupo de Trabajo sobre Auditoría de las Industrias Extractivas (WGEI) de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), en la que participaron 25 países, destacó los principales retos a los que se enfrentan las EFS a la hora de realizar auditorías sobre la transición energética. Los resultados indicaron que las EFS reconocen su papel en este ámbito, y varias de ellas ya han realizado auditorías sobre el tema en los últimos años. Brasil destaca como un buen ejemplo, al haber realizado en 2018 una auditoría piloto y una auditoría coordinada en el marco del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y el Caribe (GTOP/OLACEFS), con la participación de EFS de Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Venezuela. La auditoría identificó las mejores prácticas y las oportunidades de mejora en las políticas de energías renovables.
Sin embargo, la mayoría de las entidades fiscalizadoras superiores reconocen las limitaciones de su capacidad técnica para afrontar los retos de la transición energética, debido a la falta de equipos cualificados, la escasez de datos y la ausencia de metodologías específicas. Por tanto, debemos reforzar nuestros conocimientos técnicos para apoyar eficazmente a nuestros gobiernos mediante ideas y recomendaciones alineadas con los objetivos climáticos, promoviendo así el desarrollo sostenible y la cooperación mundial.
Bajo la presidencia de Brasil, el G20 ha dado prioridad a la promoción del desarrollo sostenible, abordando sus dimensiones económica, social y medioambiental, incluidas las transiciones energéticas. En este contexto, la EFS20, liderada por el TCU y abierta a todas las entidades fiscalizadoras superiores, ha tratado de avanzar en este debate y contribuir a este esfuerzo global, poniendo sobre la mesa cuestiones vitales como la gobernanza, la regulación, la transparencia y la rendición de cuentas, para catalizar cambios significativos hacia un futuro más sostenible. En este esfuerzo conjunto, la cooperación entre las EFS es esencial para afirmar nuestro compromiso de fomentar y promover políticas públicas más eficaces y responsables, que garanticen la prosperidad y el bienestar de todos.
Trabajando juntos, podemos contribuir a construir un entorno de gobernanza más sólido y transparente, esencial para abordar los urgentes y complejos retos de nuestro tiempo.
