La rendición de cuentas está en peligro si se comprometen los organismos nacionales de control

Este artículo se publicó anteriormente en Public Finance Focus, que puede consultarse aquí.

A medida que las sorprendentes infracciones de la independencia de las autoridades nacionales de auditoría pública reflejan un preocupante declive global de los sistemas democráticos, la INTOSAI y la OCDE piden más manos a la obra.

La auditora general de Sierra Leona, Lara Taylor-Pearce, puede presumir de una formidable lista de títulos de contable colegiada y de gestión empresarial, una carrera estelar e intachable de más de treinta años en los sectores privado y público y, en particular, en la gestión de las finanzas públicas de Sierra Leona, y varios premios nacionales, entre ellos el Premio Nacional a la Integridad y el reconocimiento como una de las 50 mujeres más influyentes del país.

A escala mundial, ha sido una defensora incondicional de las oficinas de los auditores generales de todo el mundo (conocidas colectivamente como entidades fiscalizadoras superiores o EFS). Dentro de INTOSAI, la organización asociada a la ONU que apoya a las EFS de todo el mundo, Taylor-Pearce ha sido vicepresidenta del Comité Directivo de la Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) y presidenta de AFROSAI-E.

Si a esto añadimos su posición en varios comités y grupos de reflexión panafricanos y mundiales sobre anticorrupción, gestión de las finanzas públicas y transparencia y rendición de cuentas, resulta casi imposible comprender la suspensión de un día para otro del cargo de Taylor-Pearce y su adjunto Tamba Momoh, o el reciente tribunal gubernamental contra ellos por conducta no profesional, sobre el que el auditor general suspendido está a la espera de un veredicto.

Resulta menos difícil de entender al descubrir que su abrupta destitución se produjo poco antes de que se publicara el incriminatorio informe de auditoría de la EFS sobre la presunta corrupción en la Oficina del Presidente.

“El carácter urgente y sin precedentes de este tipo de gastos en nuestros sectores públicos da pie a que se pasen por alto procesos, procedimientos y leyes. Esto, en algunos casos, ha dado lugar a malversaciones financieras, adquisiciones indebidas y problemas de recursos humanos, por nombrar algunos, como se recoge en los informes de auditoría de varios países sobre el uso de fondos durante Covid 19”, declaró Lara Taylor-Pearce en una entrevista anterior.

“Una situación similar se vivió durante la crisis del ébola, que algunos países de África Occidental padecieron durante 2014 [and] 2015. La triste realidad es que los particulares pueden utilizar estas situaciones para pasar por encima de las leyes de gestión de las finanzas públicas de los países, lo que supone una desventaja para los ciudadanos.”

El Director General de la IDI, Einar Gørrissen, que fue llamado como testigo a la vista del tribunal y para comentar en la BBC y la CNBC durante el procedimiento de suspensión, cree que este caso representa una creciente oleada de infracciones a la independencia de las EFS en muchos países y regiones, que repercuten fuertemente en la capacidad de los auditores del sector público para desempeñar su función.

“Las EFS de todo el mundo existen literalmente para pedir cuentas a sus gobiernos. Su capacidad para investigar, auditar, informar y compartir información a nivel ciudadano sobre el gasto gubernamental de dinero público y la prestación de servicios del sector público debe ser ilimitada. El caso de Sierra Leona puede ser un ejemplo extremo de limitación punitiva de la capacidad de un auditor general para desempeñar su función plena y eficazmente, pero, por desgracia, tales infracciones distan mucho de ser únicas en la experiencia de las EFS.”

La INTOSAI, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores de la que forma parte la IDI, lleva mucho tiempo haciendo campaña en favor de los derechos de las EFS a permanecer independientes del gobierno al que fiscalizan, y su mandato al respecto está recogido en sus Declaraciones de México y Lima y en una cartera de apoyo a las EFS y a sus partes interesadas para que comprendan y mitiguen los retos que plantea la independencia. Además de ser presidente de INTOSAI y de formar parte de los consejos directivos de IDI y del organismo regional de INTOSAI, OLACEFS, Bruno Dantas es presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil. Para Dantas, el retroceso en la capacidad de las EFS para mantener la transparencia en sus informes y exigir responsabilidades a los gobiernos es preocupante.

“La Declaración de México define ocho pilares de la independencia de las EFS, que van desde la autonomía operativa, como la capacidad de las EFS para nombrar a su propio personal y organizar su presupuesto, hasta el derecho fundamental a acceder a la información para realizar auditorías y compartir los resultados con sus parlamentos y el público”, explica.

“El mandato de la EFS debe estar consagrado en la Constitución, y el jefe de la EFS debe estar protegido frente a la destitución arbitraria. Sin embargo, vemos muchos ejemplos de erosión de estos principios en los ocho pilares. Como voz mundial de las EFS, la INTOSAI necesita un mayor apoyo para reconocer el alcance de estas amenazas a la democracia, la estabilidad y la integridad financiera que representa cada una de estas infracciones.”

Para amplificar esa voz global, la Cooperación de Donantes de la INTOSAI (IDC) nombró a la líder mundial Helen Clark embajadora de buena voluntad de la independencia de las EFS en 2022. Ex Primera Ministra de Nueva Zelanda y Administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Sra. Clark tiene una amplia experiencia de primera mano, tanto a nivel nacional como mundial, del papel vital que desempeñan las EFS.

“A lo largo de una dilatada carrera política, desde mi etapa en la oposición hasta tres mandatos como primer ministro de Nueva Zelanda, he constatado una y otra vez la enorme importancia que tiene para la correcta gestión del gobierno que la EFS ponga a disposición controles, equilibrios y fuentes inequívocas de información imparcial.” Y añade: “Esa imparcialidad es clave, por supuesto. Tuve la suerte de estar en un país en el que la Oficina del Auditor General es independiente del gobierno al que audita. Por desgracia, no todas las EFS son iguales en este sentido”.

Los comentarios de las EFS de todo el mundo también indican que la independencia bajo un gobierno o régimen no la garantiza a largo plazo. A Gareth Davies, Interventor y Auditor General del Reino Unido y miembro del Consejo de la IDI, le preocupa que el Informe sobre el Inventario Global de las EFS 2023 publicado por la IDI muestre que las EFS informan de un deterioro de su independencia.

“Las injerencias en la capacidad de las EFS para llevar a cabo su trabajo, que pueden ir desde la negativa a facilitar información o publicar informes hasta la destitución del jefe de la EFS, han aumentado desde la última encuesta de 2020, que mostró a su vez un descenso general respecto a la encuesta anterior de 2017”, comenta. “Las EFS deben permanecer vigilantes y apoyarse mutuamente en la medida de lo posible para mantener y elevar la transparencia y la rendición de cuentas”.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores disponen sin duda de este apoyo. En todo el mundo, organizaciones como INTOSAI, IDI, IDC, FMI, IBP y Transparencia Internacional, entre otras, trabajan incansablemente para poner de relieve la necesidad de unirse para aumentar la claridad sobre la recaudación y el gasto del dinero público. En 2022, el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20 negoció unos principios de alto nivel que abogan por la independencia de las EFS y que, una vez adoptados, servirán como punto de referencia para anclar los esfuerzos en la lucha contra la corrupción.

A nivel nacional, las EFS también pueden acceder a recursos y apoyo práctico. A través de su equipo dedicado a la independencia de las EFS, la IDI ha desarrollado el proceso SIRAM, el Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las EFS. Cualquier persona, desde el personal de la EFS hasta un miembro del público, puede denunciar una amenaza a la independencia de la EFS. Esa amenaza se investiga y se evalúa para ver si hay infracción, en un proceso legalmente fundado y transparente llevado a cabo conjuntamente -cuando sea posible- con el jefe de la EFS. Si es necesario, se recomienda entonces una reparación.

“No sólo hemos observado un aumento del número de casos de SIRAM denunciados”, afirma Einar Gørrissen, de la IDI, “sino que también hemos comprobado que la gama de amenazas varía de lo sutil a lo manifiesto. Por ejemplo, los futuros cambios en la legislación que repercutirían en la independencia de la EFS pueden pasar fácilmente desapercibidos, aunque representen una infracción importante. Otras limitaciones más evidentes incluyen la negativa a permitir que una EFS publique su informe de auditoría, o la sustitución arbitraria de un dirigente de la EFS. Resulta muy beneficioso ponerlas de relieve y abordarlas todas”.

Cabe destacar los casos recientes de los SIRAM de Polonia y Ghana, dos EFS contrastadas en cuanto a tamaño y escala. En Polonia, la EFS sufrió importantes limitaciones a su independencia, como retrasos en el nombramiento de su equipo directivo por parte del Parlamento y restricciones en la realización de auditorías específicas. La situación llegó a ser tan crítica que en un momento dado, en 2023, sólo había cuatro miembros de un equipo directivo de 19. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos combinados de promoción, la situación ha mejorado, y la EFS cuenta ahora con un equipo directivo plenamente funcional.

En Ghana, el auditor general fue enviado de permiso durante 133 días por el Presidente de la República. La decisión se tomó tras una serie de procedimientos judiciales iniciados contra funcionarios de alto nivel, basados en los resultados de las auditorías realizadas por la EFS. Esta decisión de enviar al auditor general en excedencia forzosa creó una enorme polémica y fue considerada oportunista y cuestionable por diversos actores locales e internacionales. Finalmente, en mayo de 2023, el Tribunal Supremo de Ghana dictaminó por unanimidad que la decisión del presidente era inconstitucional, y añadió que violaba la independencia funcional e institucional del auditor general.

Sin embargo, aunque se dispone de apoyo, la imperiosa necesidad de garantizar la independencia de las EFS respecto a sus gobiernos aumenta con la misma rapidez con la que disminuye la gobernanza estable y fiable en general. Para que las EFS sirvan a los ciudadanos, necesitan tener la capacidad de impugnar y cuestionar las cuentas públicas, y publicar los resultados de sus auditorías en el momento oportuno. A menudo, este derecho básico está tristemente ausente, al menos en parte. A tal fin, tras un reciente acto para dar a conocer al máximo las preocupaciones en materia de independencia a los responsables de las EFS, copatrocinado por la OCDE y la IDI, quedó clara la petición al mundo del desarrollo y la gobernanza.

“La independencia de las EFS es fundamental para una gobernanza sólida y transparente en todos los ámbitos. No es sólo una cuestión de contabilidad y auditoría”, afirma Bruno Dantas, presidente de la INTOSAI. “Necesitamos que más partes se unan en torno a la mesa para crear un enfoque de “todos a una” en relación con la independencia de las EFS, y acogemos con satisfacción las asociaciones con todos los organismos clave preocupados por el bienestar y la gobernanza global de nuestro mundo.”

Y mientras el caso de Lara Taylor-Pearce sigue su curso, todas las partes implicadas confían en que no haga falta otro auditor general destituido a la fuerza para que el mundo se levante y preste atención.