La SAO de Georgia audita las prácticas de gestión de la deuda pública
Uno de los principales objetivos de la Oficina de Auditoría del Estado (SAO) de Georgia es examinar la eficacia de la gestión de la deuda pública del gobierno. A tal fin, la SAO Georgia realizó una auditoría en 2020 para hacer un seguimiento de la aplicación de las recomendaciones que emitió en 2015 para mejorar las prácticas de gestión de la deuda pública.
La gestión de la deuda pública reviste especial importancia para garantizar la estabilidad fiscal y macroeconómica. Cuando los gobiernos gestionan eficazmente la deuda pública, los fondos obtenidos sirven de estímulo para el crecimiento económico, mientras que una gestión ineficaz puede conducir a una crisis económica. Durante la pandemia de COVID-19, cuando el nivel de deuda mundial ha aumentado significativamente, los riesgos asociados a la sostenibilidad de la deuda se han hecho especialmente acuciantes.
Las EFS pueden desempeñar un papel importante a la hora de garantizar una gestión sana y transparente de la deuda pública mediante la realización de auditorías independientes y de alta calidad de la deuda pública. Estos principios se establecieron en la Guía para la Auditoría de la Deuda Pública (GUID 5250) adoptada en el Congreso Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI) de 2020.
La EFS de Georgia, como miembro activo del Grupo de Trabajo sobre Deuda Pública de la INTOSAI -cuyo objetivo es compartir y desarrollar las mejores prácticas para la gestión de la deuda pública- cree que sus experiencias en este campo pueden servir como un estudio de caso útil para otras EFS.
La Auditoría de Seguimiento del Desempeño de la SAO sobre la Gestión de la Deuda Pública encontró que de 2014 a 2019, la deuda pública de Georgia se duplicó, hasta alcanzar el 42 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado a finales de octubre de 2019. El 78% de la deuda pública total en aquel momento era externa, es decir, prestada por instituciones financieras internacionales o acreedores bilaterales en divisas extranjeras.
Este aumento de la deuda pública se debió al incremento del endeudamiento y a la depreciación de la moneda nacional. El ratio de deuda pública creció aún más como consecuencia de la pandemia, y se prevé que alcance el 57,9% del PIB a finales de 2020.
La auditoría 2020 de la SAO Georgia también halló que, si bien el gobierno había tomado algunas medidas positivas para gestionar la deuda pública, sólo había implementado cuatro de las nueve recomendaciones de la SAO. La SAO identificó las siguientes deficiencias:
La definición de deuda pública era incompleta y no se ajustaba a las normas internacionales. Los límites de deuda del sector público de Georgia están fijados por dos leyes diferentes, una de las cuales utiliza el gobierno para calcular el límite de deuda anual y la segunda para calcular la regla de deuda. Estas diferencias en los límites no se ajustan al Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional (GFSM 2014).
Los pasivos contingentes no estaban representados en los documentos presupuestarios. Los pasivos contingentes no están definidos por ley a efectos de la elaboración de estadísticas de las finanzas públicas. En consecuencia, el Gobierno no tuvo en cuenta el volumen total de pasivos contingentes al formular su presupuesto.
La SAO transmitió al Gobierno los riesgos potenciales derivados de esta cuestión para la Agencia de Pensiones y la Agencia de Seguro de Depósitos. Por ejemplo, en caso de liquidación, insolvencia o quiebra de un banco comercial, el Estado está obligado a reembolsar a cada titular de depósitos afectado hasta 15.000 GEL (casi 5.000 dólares estadounidenses o unos 4.000 euros).
El gobierno no había definido las funciones y responsabilidades de las distintas partes a la hora de determinar la necesidad de crédito. El gobierno no disponía de una guía o metodología formal que describiera las funciones, responsabilidades o unidades estructurales implicadas en el proceso de determinación de la necesidad de endeudamiento neto en la fase de planificación presupuestaria. Este tipo de documento es crucial para garantizar la transparencia, continuidad y responsabilidad del proceso.
