Acción colectiva y estrategias a largo plazo: La lucha contra la corrupción en un mundo post-pandémico

por Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile y Secretario General de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de América Latina y el Caribe

La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de fuego para las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). En todo el mundo, los gobiernos han generado inversiones considerables para proporcionar cobertura sanitaria y social. Las organizaciones internacionales han movilizado rápidamente fondos sustanciales para ayudar a las poblaciones más necesitadas.

La crisis ha producido un agudo sentido de urgencia, que ha permitido comportamientos corruptos, y ha hecho un llamamiento a las EFS para que demuestren su valor generando información independiente, reforzando la confianza pública e intensificando los esfuerzos contra la corrupción.

Para la Contraloría General de la República de Chile, la EFS de la nación, esta crisis ha venido acompañada de un contexto nacional particular. Las protestas ciudadanas de los últimos meses de 2019 han dado lugar a un proceso constituyente sin precedentes, un entorno social y político que permitió a la EFS de Chile reflexionar sobre su rol y cómo responde a las demandas ciudadanas para mejorar la democracia.

Los resultados de este ejercicio fueron publicados posteriormente en el libro “Desmontando la Corrupción: Ideas para fortalecer la probidad en Chile”, que recogió las principales tendencias teóricas e institucionales e incluyó un análisis de las percepciones y actitudes ciudadanas frente al fenómeno de la corrupción. El estudio indicó que el 85% de los consultados cree que “la Contraloría es la institución encargada de combatir la corrupción”. Si bien esta afirmación reconoce la labor fiscalizadora de la EFS, también plantea importantes retos: trabajar decididamente para responder a las expectativas de una ciudadanía cada vez más exigente y seguir investigando métodos para detectar y prevenir mejor la corrupción.

¿Cómo responder a las demandas ciudadanas para frenar un fenómeno tan dinámico y extendido como la corrupción? ¿Cómo controlar los grandes flujos financieros con unos presupuestos institucionales cada vez más ajustados? Para hacer frente al nuevo contexto mundial, las EFS tendrán que adoptar posturas más vanguardistas e innovadoras.

Pasar de los clásicos mecanismos anticorrupción basados en herramientas aisladas y soluciones reactivas a iniciativas integrales y preventivas que se fundamenten en una visión multisistémica de la corrupción es fundamental, y reconocer que las políticas de integridad no pueden provenir exclusivamente de la esfera pública es un buen punto de partida.

La vinculación de las instituciones estatales con los diversos actores, tal como se señala en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, es un elemento indispensable para diseñar políticas eficientes y eficaces destinadas a fortalecer la integridad. El trabajo coordinado entre las EFS y el mundo académico, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado puede aportar nuevas y mejores respuestas para combatir la corrupción.

Siguiendo este paradigma, la Contraloría General de la República lidera, impulsa y apoya la continua participación en la Alianza Anticorrupción-Chile de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), una iniciativa sin precedentes que reúne a más de 30 instituciones de los sectores público, privado y de la sociedad civil comprometidas con la promoción de iniciativas anticorrupción.

Esta acción colectiva ha sido reconocida internacionalmente por su contribución al fortalecimiento de la integridad más allá del sector estatal.

Además de la colaboración ampliada, los cambios globales como resultado de la pandemia están configurando un escenario novedoso que requiere que las EFS utilicen una combinación de adaptabilidad e innovación. En este sentido, las EFS no pueden dejarse paralizar por el dinamismo de la sociedad. Más bien, será clave avanzar en enfoques a más largo plazo que definan nuevas formas de superar los nuevos retos.

En la construcción de su estrategia de integridad a largo plazo, la EFS de Chile consideró tres componentes cruciales: complejidad, dualidad e incertidumbre.

La corrupción se transforma constantemente -hacia formas más sofisticadas y complejas- y trasciende la esfera gubernamental en la que tradicionalmente operan las EFS. Esto enfatiza la necesidad de incorporar medidas de integridad de manera dual (tanto en el ámbito administrativo como en el político), lo que puede ayudar a ampliar y avanzar en la prevención de violaciones a la integridad. Igualmente importante es la necesidad de garantizar que los esfuerzos anticorrupción sean claros y bien definidos, pero flexibles, sobre todo teniendo en cuenta las incertidumbres que rodean los entornos social, político y económico.

La corrupción no es un problema nuevo. Sin embargo, ha adoptado nuevas formas. Las herramientas actualmente disponibles para hacer frente a estas nuevas manifestaciones, así como los escenarios complejos e inciertos creados por la pandemia COVID-19, articulan un contexto que requiere respuestas rápidas y eficientes por parte de las EFS.

Las EFS deberán abandonar las soluciones parciales que abordan la corrupción exclusivamente a través de regulaciones y sanciones y volcarse a estrategias anticorrupción de largo plazo que, a través de iniciativas colaborativas, unan a los sectores público y privado, a la academia y a la sociedad civil en la búsqueda de medidas más diversas y útiles.

Como organismos independientes y objetivos, las EFS están bien posicionadas para ayudar a fomentar un compromiso colectivo de lucha contra la corrupción, fortalecer la democracia y añadir valor y beneficios a la vida de los ciudadanos.