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Hace ya tiempo que la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) se reconoce como un principio fundamental para asegurar la credibilidad y la efectividad de la auditoría del sector público. De hecho, desde la adopción de la Declaración de Lima en 1977, el consenso global es palmario: las EFS no pueden cumplir eficazmente su mandato de supervisión sin disponer de un elevado grado de independencia, garantizado tanto formal como materialmente. La independencia no solo tiene una función técnica, sino también un significado normativo, conforme sustenta la rendición de cuentas de los gobiernos ante sus ciudadanos y contribuye al objetivo más amplio de fortalecer las instituciones, tal y como se articula en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y, en particular, en el Objetivo 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas.

La independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) es fundamental para garantizar la rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza en el sector público. Y este también ha sido el principio que ha guiado a la EFS de Fiyi en todo momento en su larga y tenaz andadura para modernizar el marco legal que rige su trabajo. A estos efectos, la promulgación de la Ley de Auditoría de 2025 marcó un hito histórico y es reflejo de la perseverancia, el espíritu de colaboración y la voluntad de salvaguardar la independencia de la Oficina del Auditor General de Fiyi. La Ley de Auditoría de 2025 entró en vigor en mayo de 2025.

Las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) son elementales para la buena gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia. En Bután, la entidad que fiscaliza los recursos públicos es la Real Autoridad de Auditoría (RAA), cuya efectividad depende directamente de su independencia ante presiones políticas, económicas o institucionales. En el presente artículo se exploran las experiencias vividas por la EFS de Bután en la práctica, con especial atención a sus éxitos en la salvaguarda de su independencia y a los desafíos persistentes que afronta, partiendo de la información extraída de publicaciones oficiales, de revisiones entre pares y de casos de auditoría concretos.

Las disposiciones constitucionales y legales promulgadas en 1997 marcan un hito en la historia de la Oficina Nacional de Auditoría maltesa, cuyos orígenes se remontan a un departamento de auditoría en el seno de la propia administración pública. Ese momento histórico es equiparable a la fundación del antiguo Departamento de Auditoría, creado por el primer Gobernador británico de Malta, Sir Thomas Maitland, allá por 1814, y a la concesión de garantías constitucionales elementales al Director de Auditoría cuando Malta se convirtió en un Estado independiente en 1964. A fin de conmemorar en 2022 tan importantes logros, la Oficina Nacional de Auditoría de Malta (NAO, por sus siglas en inglés), entre otras iniciativas, publicó un libro académico titulado ‘State Audit in Times of Transition – Reflections on Change and Continuity, Challenge and Opportunity from Malta and Beyond’ (Auditoría del Estado en tiempos de transición – reflexiones sobre el cambio y la continuidad, el desafío y la oportunidad desde Malta y otros confines). Editado por el profesor Edward Warrington, incluye una colección de estudios que reflexionan esencialmente sobre el pasado y el presente de nuestra institución, pero con la vista siempre puesta en su futuro. El presente artículo está basado en el prefacio de dicho libro, al que se puede acceder en nuestro sitio web: (State-Audit-in-Times-of-Transition).

En toda África, la independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) está sometida a una presión cada vez mayor. Las transiciones políticas, las crisis fiscales y los desafíos en materia de gobernanza han llevado, en algunos casos, a intentos de limitar la autoridad de las EFS, restringir su acceso a los recursos o interferir en el mandato de los auditores generales. Tales amenazas minan no solo la credibilidad de las EFS, sino también su capacidad de llevar a cabo auditorías imparciales a efectos de salvaguardar los fondos públicos y fortalecer la confianza en las administraciones públicas. En este contexto, disponer como EFS de independencia legislativa, administrativa y financiera no representa una mera aspiración teórica, sino una necesidad práctica a fin de poder cumplir con su mandato constitucional sin temor ni favoritismos.