Por: Osvaldo Rudloff Pulgar

La independencia constituye la piedra angular para que la auditoría del sector público goce de credibilidad. Documentos fundacionales como las Declaraciones de Lima  (INTOSAI 1977) y México (INTOSAI 2007), así como resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellas, la A/RES/66/209 (2011), A/RES/69/228 (2014), y la declaración política de la sesión especial contra la corrupción, A/S-32/L.1 (2021), avalan el consenso global de que contar con Entidades Fiscalizadoras Superiores, EFS, sólidas e independientes es un pilar indispensable para una rendición de cuentas democrática y para fortalecer la confianza pública.

El pasado 2 de diciembre de 2024 la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países de Lengua Portuguesa (OISC-CPLP), con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y su Programa para la Gestión de las Finanzas Públicas financiado por la Unión Europea (Pro PALOP-TL), en colaboración con el Programa de Buena Gobernanza Financiera en Mozambique de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), dio inicio a los trabajos de una auditoría coordinada de desempeño sobre violencia de género (ACVBG). Como marco de inicio de los trabajos se realizó un seminario internacional organizado por el Tribunal de Cuentas de Cabo Verde, que contó con especialistas de diversos países y que marcó un hito significativo en los esfuerzos de las EFS de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, San Tomé y Príncipe, y Timor Oriental (PALOP-TL) para abordar la violencia de género.