{"id":29725,"date":"2024-10-13T21:52:16","date_gmt":"2024-10-14T01:52:16","guid":{"rendered":"https:\/\/intosaijournal.org\/?post_type=journal-entry&#038;p=29725"},"modified":"2024-10-24T15:42:50","modified_gmt":"2024-10-24T19:42:50","slug":"implementacion-de-las-deliberaciones-estudio-de-caso-de-una-auditoria-en-el-departamento-nacional-de-infraestructura-de-transportes","status":"publish","type":"journal-entry","link":"https:\/\/intosaijournal.org\/es\/journal-entry\/implementacion-de-las-deliberaciones-estudio-de-caso-de-una-auditoria-en-el-departamento-nacional-de-infraestructura-de-transportes\/","title":{"rendered":"Implementaci\u00f3n de las deliberaciones: estudio de caso de una auditor\u00eda en el Departamento Nacional de Infraestructura de Transportes"},"content":{"rendered":"\n<p>Autores: Walisson Alan Correia de Almeida y Luiz Fernando Ururahy de Souza, Auditores Federales de Control Externo, Tribunal de Contas da Uni\u00e3o<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1 &#8211; Introducci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Brasil, conocida como Tribunal de Contas da Uni\u00e3o (TCU), tiene encomendada la misi\u00f3n de ejercer la fiscalizaci\u00f3n contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial de las entidades federales para velar por la legalidad, la legitimidad y la econom\u00eda. La Constituci\u00f3n Federal de 1988 faculta al TCU a exigir el cumplimiento de la ley estableciendo plazos para la adopci\u00f3n de las medidas correctoras necesarias en caso de detectar ilegalidades.<\/p>\n\n\n\n<p>El TCU tiene potestad para emitir dos tipos de deliberaciones: las as\u00ed llamadas determinaciones y las recomendaciones. Las determinaciones son preceptivas y obligan al destinatario a adoptar medidas concretas e inmediatas para prevenir o corregir irregularidades, eliminar sus efectos o evitar la comisi\u00f3n de actos irregulares en el marco temporal estipulado. Las recomendaciones, en cambio, son colaborativas y ofrecen al destinatario la oportunidad de mejorar sus pr\u00e1cticas de gesti\u00f3n o sus pol\u00edticas p\u00fablicas y programas gubernamentales.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>El monitoreo constituye para el TCU una herramienta clave para verificar la ejecuci\u00f3n y la eficacia de sus determinaciones y recomendaciones. A diferencia del seguimiento, que implica una supervisi\u00f3n continua de las pol\u00edticas p\u00fablicas y los programas gubernamentales, el monitoreo eval\u00faa espec\u00edficamente el acatamiento y el impacto de las deliberaciones del TCU.<\/p>\n\n\n\n<p>El presente estudio ofrece un an\u00e1lisis de caso orientado a evaluar la influencia de una determinaci\u00f3n del TCU, emitida como consecuencia de una auditor\u00eda a un organismo gubernamental sobre el uso eficiente de los recursos p\u00fablicos. Examina c\u00f3mo el proceso de monitoreo del TCU repercuti\u00f3 en el desempe\u00f1o del organismo y busca identificar las estrategias exitosas, as\u00ed como las \u00e1reas a mejorar. La meta final es derivar lecciones aprendidas y conocimientos pr\u00e1cticos susceptibles de beneficiar a otras EFS en sus funciones de supervisi\u00f3n, contribuyendo as\u00ed a un discurso m\u00e1s amplio sobre la rendici\u00f3n de cuentas del sector p\u00fablico y la gesti\u00f3n de los recursos.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2 &#8211; Contexto del estudio de caso<\/h2>\n\n\n\n<p>El organismo que gestiona la pol\u00edtica de infraestructuras de transporte de Brasil se denomina <em>Departamento Nacional de Infrastrutura de Transportes<\/em> (DNIT). Con objeto de reforzar la seguridad de las autov\u00edas federales bajo la jurisdicci\u00f3n del DNIT, se llev\u00f3 a cabo una auditor\u00eda, el proceso 013.068\/2016-4, dirigida a comprobar la ejecuci\u00f3n de los trabajos de mantenimiento en tramos de carretera bajo el Programa Nacional de Seguridad Vial y de Se\u00f1alizaci\u00f3n (Programa BR-Legal).<\/p>\n\n\n\n<p>Esta auditor\u00eda fue la continuaci\u00f3n de otras anteriores sobre la seguridad vial en zonas de alta siniestralidad, en las que se hab\u00edan detectado diversas irregularidades, tales como el incumplimiento de normas t\u00e9cnicas (ancho de carril, peralte, existencia de arc\u00e9n), deficiencias en la se\u00f1alizaci\u00f3n y en los elementos de seguridad, o problemas de mantenimiento y limpieza.<\/p>\n\n\n\n<p>Adicionalmente, se hab\u00edan registrado retrasos en la entrega de proyectos ejecutivos, lo que demor\u00f3 a\u00fan m\u00e1s las mejoras en materia de seguridad vial. Como respuesta ante esta situaci\u00f3n, el TCU procedi\u00f3 a una nueva auditor\u00eda a efectos de reevaluar la pol\u00edtica de seguridad vial y subsanar las deficiencias identificadas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3 &#8211; Desarrollo de la determinaci\u00f3n durante la auditor\u00eda<\/h2>\n\n\n\n<p>El principal problema abordado en la auditor\u00eda fue el hecho de que en el anuncio p\u00fablico de licitaci\u00f3n del Programa BR-Legal se incluyeran tanto tramos de carretera gestionados por organismos estatales como segmentos concedidos al sector privado. Adem\u00e1s, la auditor\u00eda se dedic\u00f3 a examinar el alcance de los tramos de carretera no pavimentados o incluso no construidos.<\/p>\n\n\n\n<p>Y es que los participantes en el concurso p\u00fablico hab\u00edan presentado ofertas que abarcaban servicios para toda la extensi\u00f3n de las autov\u00edas mencionadas en la convocatoria, pero los ganadores despu\u00e9s se limitaban a ejecutar solo parcialmente los contratos, sin reducir proporcionalmente los importes. Durante la fiscalizaci\u00f3n, se verific\u00f3 que este tipo de hechos se daba en varios tramos del programa.<\/p>\n\n\n\n<p>En aquel momento, la metodolog\u00eda predominante utilizada por el TCU para elaborar sus determinaciones y recomendaciones ven\u00eda establecida en la Resoluci\u00f3n 265\/2014.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta norma ya intentaba asegurar que las determinaciones fueran claras, viables y relevantes para los organismos. Las determinaciones deb\u00edan ser emitidas con plazos bien definidos para la implementaci\u00f3n y comunicaci\u00f3n al TCU de las medidas adoptadas. O, en casos m\u00e1s complejos, para la presentaci\u00f3n de un plan de acci\u00f3n orientado a la soluci\u00f3n del problema, requiriendo la especificaci\u00f3n de las acciones a adoptar, de las partes responsables y de los plazos de implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n estipulaba que las determinaciones priorizaran aspectos relevantes para la subsanaci\u00f3n de las principales deficiencias constatadas en la auditor\u00eda y se basaran en hechos se\u00f1alados o an\u00e1lisis realizados. Las determinaciones ponen de relieve \u2018qu\u00e9\u2019 es lo que debe mejorarse o corregirse, sin prescribir \u2018c\u00f3mo\u2019 llevar a cabo tal tarea, y tienen que ir precedidas de una evaluaci\u00f3n de viabilidad con respecto a su implementaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>En este sentido, la Decisi\u00f3n 2.828\/2016-Plenario determin\u00f3 que el DNIT reevaluara todos los contratos en el \u00e1mbito del Programa BR-Legal para identificar y, en su caso, eliminar, todos los importes correspondientes a los servicios en autov\u00edas federales no implementados, todav\u00eda en construcci\u00f3n o fuera de su jurisdicci\u00f3n. El plazo concedido fue de 60 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta determinaci\u00f3n se ajust\u00f3 a los objetivos y necesidades del DNIT y del Programa BR-Legal, pues buscaba la eficiencia en el uso de los recursos p\u00fablicos, con inversiones en servicios efectivamente viables y bajo la jurisdicci\u00f3n del organismo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n es observable que la determinaci\u00f3n est\u00e1 enfocada a la reevaluaci\u00f3n de contratos con servicios no aplicables debido a la situaci\u00f3n de las autov\u00edas, que se fundamenta en hechos se\u00f1alados o an\u00e1lisis realizados en el informe de deliberaci\u00f3n, y que deja a discreci\u00f3n del organismo la forma de realizar las correcciones.<\/p>\n\n\n\n<p>No obstante, queda patente que no fue precedida de una adecuada evaluaci\u00f3n de la viabilidad de su implementaci\u00f3n, tal y como refleja el exiguo plazo de 60 d\u00edas concedido. Esto apunta a que no se tuvieron en cuenta las capacidades operativas del organismo ni los retos pr\u00e1cticos susceptibles de surgir durante el proceso de reevaluaci\u00f3n, tal y como se demostrar\u00e1 a continuaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4 &#8211; Monitoreo e implementaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p>La Orden Administrativa 27\/2009 describe el monitoreo de las determinaciones y recomendaciones, abarcando la planificaci\u00f3n, la ejecuci\u00f3n, la elaboraci\u00f3n de informes y el aseguramiento de la calidad. El principal m\u00e9todo de interacci\u00f3n del TCU con los organismos gubernamentales durante esta fase de monitoreo es a trav\u00e9s de diligencias, un proceso utilizado para requerir informaci\u00f3n o documentos necesarios para la revisi\u00f3n de los casos. Esto incluye el establecimiento de plazos para la presentaci\u00f3n de dicha informaci\u00f3n o documentos, algo indispensable para aclarar dudas, reunir evidencia y comprobar la ejecuci\u00f3n de las decisiones. El objetivo es determinar con precisi\u00f3n los hechos para proporcionar un fundamento s\u00f3lido a las resoluciones del TCU.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso monitoreado, el principal problema identificado fue la insuficiente evaluaci\u00f3n de la viabilidad de la implementaci\u00f3n de las determinaciones. Esta supervisi\u00f3n adoleci\u00f3 de falta de consideraci\u00f3n de las capacidades operativas del organismo y de los potenciales retos pr\u00e1cticos que pudieran plantearse durante la reevaluaci\u00f3n de los contratos.<\/p>\n\n\n\n<p>La determinaci\u00f3n original dispon\u00eda de un plazo de 60 d\u00edas para su implementaci\u00f3n. Sin embargo, no se dio por cumplida hasta 2019, es decir, casi tres a\u00f1os despu\u00e9s de la decisi\u00f3n inicial. La implementaci\u00f3n se top\u00f3 con varios obst\u00e1culos: escasez de personal cualificado y sobrecarga del equipo; excesiva burocracia, caracterizada por intrincados procedimientos administrativos y la necesidad de numerosos tr\u00e1mites de aprobaci\u00f3n; y cambios en los cargos directivos, factores que interrumpieron la continuidad de la informaci\u00f3n, cambiaron las prioridades y generaron confusi\u00f3n con respecto a las determinaciones iniciales.<\/p>\n\n\n\n<p>Para superar estos escollos, se prolong\u00f3 el plazo y se emitieron m\u00faltiples diligencias. Esto apunta a la necesidad de que el TCU reeval\u00fae sus procedimientos y potencie la comunicaci\u00f3n y la coordinaci\u00f3n con los organismos desde el momento de la emisi\u00f3n de las determinaciones hasta su monitoreo, a fin de garantizar una implementaci\u00f3n m\u00e1s eficaz y oportuna.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">5 &#8211; Impacto sobre el programa auditado<\/h2>\n\n\n\n<p>A pesar de los obst\u00e1culos y retrasos, la deliberaci\u00f3n del TCU benefici\u00f3 notablemente al Programa BR-Legal, conforme se destaca en la Decisi\u00f3n 2.232\/2019-Plenario. La intervenci\u00f3n dio lugar a mejoras ostensibles en la gesti\u00f3n y ejecuci\u00f3n del programa, fortaleciendo su eficiencia.<\/p>\n\n\n\n<p>Se logr\u00f3 una reducci\u00f3n de costes significativa gracias al ajuste de 57 de los 109 contratos, generando un ahorro de cerca de 458 millones de reales (unos 90 millones de d\u00f3lares estadounidenses al tipo de cambio de mayo de 2024). Este \u00e9xito subraya la importancia de asignar mejor los recursos, adecuando los gastos a las necesidades reales del programa.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, se puso al descubierto el potencial de ejecuci\u00f3n irregular de servicios, sacando a la luz deficiencias en el programa. Las medidas correctoras del TCU, que incluyeron el ajuste de los importes contractuales, demostraron su compromiso con la transparencia y la gesti\u00f3n responsable, y redujeron los riesgos para el erario p\u00fablico. Este enfoque no solo resolvi\u00f3 problemas inmediatos, sino que tambi\u00e9n sent\u00f3 un precedente para una gesti\u00f3n m\u00e1s eficaz de los fondos p\u00fablicos, asegurando la rendici\u00f3n de cuentas y minimizando posibles p\u00e9rdidas financieras.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">6 &#8211; Elaboraci\u00f3n participativa de las deliberaciones<\/h2>\n\n\n\n<p>A fin de mejorar la eficacia de las acciones de control y la calidad de las deliberaciones, el TCU revis\u00f3 su metodolog\u00eda por medio de la Resoluci\u00f3n 315\/2020. Mediante este ajuste se enfatiza la implicaci\u00f3n de las entidades auditadas en el proceso de deliberaci\u00f3n, ya que hace posible compartir con ellas los informes preliminares de auditor\u00eda que contengan borradores de determinaciones o recomendaciones y recabar su <em>feedback<\/em> sobre las repercusiones pr\u00e1cticas de la implementaci\u00f3n y posibles alternativas dentro de un plazo razonable.<\/p>\n\n\n\n<p>Dicha resoluci\u00f3n obliga tambi\u00e9n a incorporar las respuestas de las entidades auditadas a los borradores finales de las deliberaciones. Si los auditados identifican impactos adversos o sugieren soluciones m\u00e1s eficaces, el TCU queda emplazado a justificar el mantenimiento de las propuestas iniciales. Este proceso garantiza un enfoque inclusivo, en el que se tienen en cuenta las aportaciones de las entidades auditadas a las deliberaciones del TCU, en aras de una toma de decisiones m\u00e1s informada y eficaz que contemple los aspectos pr\u00e1cticos y las posibles mejoras sugeridas por los auditados.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">7 &#8211; Lecciones aprendidas y mejores pr\u00e1cticas<\/h2>\n\n\n\n<p>El estudio de caso hace patente la importancia de evaluar adecuadamente la viabilidad de la implementaci\u00f3n de las deliberaciones. Pasar por alto las capacidades operativas de un organismo puede traducirse en plazos poco realistas y retrasos sustanciales. Resulta crucial que las EFS analicen la capacidad de un organismo auditado para poner en pr\u00e1ctica las recomendaciones dentro de los plazos fijados, tomando en consideraci\u00f3n los desaf\u00edos potenciales.<\/p>\n\n\n\n<p>Para mitigar esta problem\u00e1tica, el TCU afin\u00f3 su comunicaci\u00f3n con los organismos auditados, promoviendo un di\u00e1logo constructivo y permitiendo la presentaci\u00f3n de comentarios y propuestas alternativas durante el proceso de auditor\u00eda. Poner \u00e9nfasis en la transparencia y la justificaci\u00f3n de las decisiones es clave para generar confianza y fomentar la colaboraci\u00f3n entre entidades. Otras EFS podr\u00edan adoptar este enfoque, implicando a los organismos auditados en el proceso de deliberaci\u00f3n y alentando a mantener un di\u00e1logo continuo con vistas a mejorar la efectividad de la auditor\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p>A pesar de los retos encontrados, la auditor\u00eda y el monitoreo tuvieron un impacto positivo notable en el programa auditado, lo que condujo a considerables mejoras en su gesti\u00f3n y ejecuci\u00f3n. La reevaluaci\u00f3n y renegociaci\u00f3n de los contratos redund\u00f3 en un importante ahorro de costes, poniendo de manifiesto la eficacia de las auditor\u00edas y el monitoreo de las EFS de cara a promover la eficiencia en la asignaci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos y velar por su uso adecuado.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"680\" src=\"https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-1024x680.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-29708\" srcset=\"https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-1024x680.png 1024w, https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-300x199.png 300w, https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-768x510.png 768w, https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-1320x876.png 1320w, https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-193x128.png 193w, https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-310x206.png 310w, https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-467x310.png 467w, https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1-426x282.png 426w, https:\/\/intosaijournal.org\/wp-content\/uploads\/2024\/09\/Implementation-of-Deliberations-Case-Study-of-Audit-at-the-Transport-Infrastructure-Agency-Images-1.png 1326w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Los autores, Walisson Alan Correia de Almeida (izquierda) y Luiz Fernando Ururahy de Souza (derecha). Fuente: Los autores, SAI Brasil<\/figcaption><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Brasil, conocida como Tribunal de Contas da Uni\u00e3o (TCU), tiene encomendada la misi\u00f3n de ejercer la fiscalizaci\u00f3n contable, financiera, presupuestaria, operacional y patrimonial de las entidades federales para velar por la legalidad, la legitimidad y la econom\u00eda. 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